Sin refinerías operativas y con Pdvsa en ruinas, Maduro busca «privatización»

La estatal petrolera venezolana acaba de cerrar las únicas dos refinerías que se mantenían operativas

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La estatal petrolera «se hunde» entre las deudas sin pagar a los tenedores de bonos, contratistas y suplidores. (Pdvsa)

Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, acaba de cerrar las únicas dos refinerías que se mantenían operativas, una situación que pone en «jaque mate» a la industria del crudo en el país suramericano y en medio de ilícitas negociaciones del chavismo para intentar privatizar la empresa.

Un informe técnico de S&P Global Platts informó que el cierre de las dos refinerías se debe a múltiples fallas y a la falta de crudo para procesar; se trata del mayor complejo de refinación del país que hoy se mantiene completamente inoperativo.

«La refinería Amuay de 645 000 barriles por día se cerró por completo el lunes, con sus cinco destiladores fuera de servicio, y la refinería Cardon de 310 000 se cerró el sábado por trabajos de mantenimiento en el destilador número 1, que había estado operando a 50 000 barriles diarios»; señala el informe.

José Toro Hardy, quien hasta 1999 fue miembro del directorio de Pdvsa, un economista que junto a un equipo de especialistas logró posicionar a la empresa como la segunda mejor del mundo, denunció que la estatal petrolera «se hunde» entre las deudas sin pagar a los tenedores de bonos, contratistas y suplidores. Agregó que todo esto sucede mientras el default crece y las refinerías se detienen.

«Pdvsa la han destruido, de producir 3 millones y medio de barriles en 1998, hoy está en el orden de 640 mil barriles diarios, la producción va en caída libre», señaló a PanAm Post.

Toro Hardy hizo referencia a la posibilidad de que el régimen de Maduro esté buscando privatizar la empresa para activar sus operaciones; una acción que está fuera de la Constitución venezolana: «Sin seguridad jurídica y sin cumplir con los mecanismos y la normativa legal, dudo que hayan empresas serias dispuestas a invertir en el rescate de PDVSA. Saben que el día de mañana podrían perder sus inversiones. Distinto gallo cantaría bajo otras condiciones», sentenció.

Y es que ante una Pdvsa en ruinas y en su desespero por evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, la tiranía de Maduro busca diferentes métodos para obtener dinero en efectivo y reactivar de algún modo la industria petrolera; para ello estudia la posibilidad de «privatizar» la compañía a pesar de que se trata de una acción inconstitucional.

De acuerdo con una publicación de Bloomberg, Maduro ofrecería participación mayoritaria y control de Pdvsa a varias compañías extranjeras; entre ellas Rosneft (Rusia), Repsol S. A., (España) y Eni Spa (Italia).

Sin embargo, no se trataría de una «privatización» como tal, porque Rosneft por ejemplo, es una compañía estatal rusa, la cual además es la que está manejando más del 70 % de la comercialización del crudo venezolano ayudando al régimen a evadir las sanciones.

«La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el régimen y reestructurar parte de la deuda de Pdvsa a cambio de activos», publicó Bloomberg.

Sin embargo cualquier acción como esta estaría bloqueada por la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, que sería la encargada de aprobar y modificar las leyes; pero para ello el mismo Maduro cuenta con el chavismo en la ilegítima Constituyente y con un Parlamento paralelo presidido por Luis Parra con quienes buscará realizar dicha «jugada».

“Esta es una de las razones por las que Maduro buscó a Luis Parra: para facilitar la promulgación del cambio de ley requerido, aseguran personas familiarizadas con la situación”, continúa Bloomberg.

El pasado 5 de enero, el chavismo reconoció a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional tras un proceso ilegal que lo llevó a la autojuramentación. Las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar e inmediatamente desconocieron a la Junta Directiva ilegal de Parra.

Hasta ahora no existe información oficial al respecto; mientras que Jose Ignacio Hernandez, Procurador Especial del Gobierno de Juan Guaidó, calificó dicha acción como una posible «privatización de facto, signo del colapso del Estado».

«Todo contrato de exploración y producción, suscrito en violación a la Constitución y a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y en desconocimiento a las facultades de la Asamblea Nacional, es nulo e ineficaz, y no genera compromisos válidos», recordó.

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