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El Gobierno interino de Juan Guaidó suma una nueva victoria contra el régimen de Nicolás Maduro. En esta oportunidad logró despojar al Banco Central de Venezuela (BCV) de una cantidad de dinero no especificada.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, anunció que aprobó un acuerdo que autoriza la transferencia del saldo en dólares americanos de una cuenta bancaria del Citibank perteneciente al BCV, a otra cuenta bancaria del banco de la Reserva Federal de Nueva York.
De acuerdo con medios locales, el monto asciende a 342 millones de dólares y provienen de operaciones relacionadas con las reservas de oro venezolano.
Ante esta situación, el organismo financiero controlado por el chavismo emitió una especie de queja contra el Gobierno de Estados Unidos y diputados opositores: «El BCV rechaza y repudia la medida unilateral impuesta por el Gobierno de los EE. UU., en colusión con un grupo de diputados” venezolanos, dice un comunicado.
A juicio del chavista BCV, se trata de una “ilícita orden emanada de la Secretaría del Tesoro estadounidense” con la que se está “consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano». Dijo además que «ejercerá todas las acciones a las que hubiere lugar contra el Gobierno de Trump».
No es la primera vez que el Gobierno interino de Venezuela recupera activos del Estado venezolano con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que el año pasado Guaidó tomó control de la petrolera estatal Citgo, el mayor activo del país suramericano en el exterior.
Fondo para la Liberación de Venezuela
Tras aprobarse la transferencia bancaria que el BCV critica, la oposición venezolana también aprobó parte del presupuesto especial enmarcado en «la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital».
De acuerdo con el Parlamento venezolano, el reglamento regula el uso del dinero que ha sido recuperado. En ese sentido, se acordó un presupuesto de 80 millones de dólares que servirían para la atención de proyectos dentro de dicha normativa.
De los 80 millones, 5 millones serían destinados a la «seguridad y defensa de la democracia»; 35 millones para «gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria»; otros 5 millones para el «fortalecimiento de las comunicaciones» y 8 millones para el «fortalecimiento de las relaciones internacionales». Asimismo, 14 millones de dólares para el proyecto de defensa y fortalecimiento del Poder Legislativo, casi 2 millones para el funcionamiento de la Contraloría y el Poder Judicial y 9 millones «para los costos de implementación del presupuesto especial».
