Chavismo se prepara para perpetrar otro fraude electoral en Venezuela

El chavista Tribunal Supremo de Justicia exigió a la Asamblea Nacional que entregue el listado de candidatos preseleccionados para el Consejo Nacional Electoral

Acudir a cualquier comicio en Venezuela, sería formar parte de otro fraude electoral. (EFE)

Aunque constitucionalmente en Venezuela correspondería acudir a elecciones parlamentarias este 2020, no existen las condiciones ni garantías democráticas para unos comicios libres; entre tanto el chavismo se prepara para sufragar.

Nicolás Maduro aseguró en mayo que este año sí se celebrarían las elecciones, y para ello está planificando establecer nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). La idea del chavismo sería buscar que esta vez la comunidad internacional sí reconozca los comicios y acabar así con el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó.

Pero las «nuevas» autoridades del CNE postuladas por el chavismo estarían seriamente cuestionadas; por lo que acudir a cualquier comicio en Venezuela, sería formar parte de otro fraude electoral.

“La dictadura pretende organizar un proceso fraudulento electoral parlamentario, con autoridades electorales controladas por la dictadura y la colaboración de supuestos ‘adversarios’ elegidos y fabricados por el régimen”, advirtió la oposición venezolana.

“Cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo democrático”, acotó Juan Guaidó.

«Existe un proceso parlamentario en desarrollo para nombrar las nuevas autoridades del CNE», recordó Guaidó al referirse al denominado Comité de Postulaciones, en el que también hay diputados chavistas.

En marzo, cuando se instaló dicho comité, sin transparencia y con irregularidades, este recibió el aval de Maduro, como parte de un acuerdo político con la oposición venezolana.

Este miércoles 10 de junio, el chavista Tribunal Supremo de Justicia exigió a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que entregue el listado de candidatos preseleccionados para el Consejo Nacional Electoral.

La decisión fue rechazada por el abogado José Ignacio Hernández, nombrado procurador especial por Juan Guaidó, quien afirmó que la Sala Constitucional, a la que consideró «ilegítima”, “no tiene autoridad para hacer exhorto alguno”.

“Con este tipo de fraudes no se va a rescatar la integridad electoral en Venezuela”, dijo Hernández en su cuenta de Twitter.

Pareciera con la sentencia que el chavismo está apurado por tener autoridades electorales y acudir a elecciones, una vez más sin garantías.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Electoral en Venezuela, «el Comité de Postulaciones Electorales está integrado por veintiún miembros, de los cuales once son diputados designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de los presentes, y diez serán postulados por los otros sectores de la sociedad».

Falta de transparencia

La situación se ha tornado polémica en Venezuela porque además de que ya fueron elegidos los diputados que forman parte del Comité, ahora se designaron a los diez miembros que representan a sectores de la sociedad. Ninguno de estos diez miembros debería de tener militancia partidista; sin embargo, esto no se está cumpliendo.

Según el diputado Stalin González cuya militancia opositora está en duda, y forma parte de la Comisión Preliminar Electoral, «los candidatos escogidos [de la sociedad civil] cumplen con las consideraciones establecidas en la ley, entre las cuales destacó: tener conocimiento en materia electoral; no tener condena judicial; ni ejercer cargo público ni pertenecer a ninguna organización política; tener más de 10 años de graduado y ser mayor de 30 años de edad».

Pero González mintió. El portal de noticias El Pitazo recoge una a una la síntesis curricular de los supuestos «miembros de la sociedad civil». Varios tienen afiliación política y partidista. Tanto con el chavismo como con la oposición.

Eduardo Castañeda, por ejemplo, fue miembro del partido de izquierda Causa R; Alexis Corredor es miembro de la ilegítima y chavista Asamblea Nacional Constituyente; Bussy Galeano fue candidata a diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); Mercedes Gutiérrez también es chavista y miembro de la Constituyente, al igual que Petra Tovar del Psuv.

Por su parte, Guillermo Miquilena es militante de Acción Democrática, Luis Alberto Rodríguez y Luis Serrano de Primero Justicia, y Diana Rodríguez del partido Un Nuevo Tiempo.

El nombramiento de este comité preliminar fue votado con el fin de “garantizar” un proceso electoral libre que, según la oposición, deben ser nuevos comicios presidenciales; pero que, de acuerdo con el chavismo, tienen que ser elecciones parlamentarias como corresponde a finales de este año.

Muchas dudas quedan sobre la mesa tras esta selección que efectuó la Asamblea Nacional de Venezuela, pues ya que participan tres diputados del chavismo, pudiera inferirse que ahora sí reconocen al Parlamento de mayoría opositora.

Por otro lado, puede deducirse que el régimen estaría participando en dicho Comité de Postulaciones para lograr la participación de la oposición en las elecciones parlamentarias; es decir, estarían buscando legitimar los comicios legislativos que de acuerdo con la Constitución deberían llevarse a cabo en diciembre de este año; pero que bajo las condiciones electorales actuales solo se convertirían en un robo más de elecciones por parte de la tiranía de Maduro.

Dualidad de cargos

Hay que recordar además que la incorporación de los diputados chavistas a la Asamblea Nacional es un acto ilegítimo, pues cuentan con una dualidad de cargos, ya que también hacen vida en la ilegítima Constituyente de Maduro.

“Es un fraude a los electores venezolanos porque ahora hay unos señores militantes del PSUV que pretenden decir que son diputados a la Asamblea Nacional y a la vez, pasan de hemiciclo, levantan la mano en la Constituyente, allanan la inmunidad de por ejemplo Juan Pablo Guanipa y están ejerciendo dos cargos”, dijo el constitucionalista José Vicente Haro en referencia a la participación del chavismo en el Parlamento legítimo.

Haro recalcó que los rectores del CNE no pueden tener vínculos políticos porque de esta forma se quebranta la Constitución y la ley, por ello, se deben postular a tres de ellos de la sociedad civil. “El CNE debe tener autonomía, de lo contrario no vamos a salir de la inconstitucionalidad”, reiteró.

Según la Carta Magna, el Poder Ciudadano, conformado por la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, podrá proponer nombres para el CNE. Y pese a que este está en manos del régimen, en teoría presentará la postulación de tres rectores para que sean aprobados por el Parlamento opositor.

Ni cambiando a los rectores habrá garantías electorales

Mientras el régimen de Maduro mantenga el control de la mayoría de los poderes públicos y la Fuerza Armada junto a los grupos criminales que amparan a la Revolución Bolivariana, no están dadas las garantías electorales para que en el país suramericano se lleven a cabo comicios libres que demuestren la voluntad de la mayoría.

La tiranía controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha logrado anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por medio de sentencias dicho poder judicial se ha encargado de robarse elecciones tal y como lo hizo en las últimas regionales, cuando le arrebató la gobernación del estado Bolívar y Zulia a la oposición.

El régimen también controla el Poder Ciudadano conformado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; todos ellos juegan hoy sus cartas a favor de la dictadura.

Lo mismo sucede con el Poder Electoral que no solo depende de los rectores, sino de un sistema viciado de manera electrónica, que ha logrado robarse comicios alterando las actas, las cifras y hasta permitiendo el ejercicio del voto por parte de personas con doble identidad o cedulación.

En los últimos años, con ayuda del CNE, Maduro ha logrado la victoria en comicios impidiendo el registro de nuevos electores, modificando el registro de votantes, reubicando a última hora los centros de votación, eliminando el uso de la tinta indeleble y el captahuellas, violando la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permitiendo el ventajismo por parte del oficialismo. A esto se suma la desmotivación de los electores y la posterior manipulación de las cifras.

Roberto Abdul, presidente del comité directivo de la asociación civil Súmate, ONG con experiencia tecnológica y logística en cobertura de eventos electorales, le dijo al PanAm Post que para que las elecciones sean transparentes es necesario el cambio de las autoridades electorales que durante años han trabajado a favor del régimen chavista. Además, recordó que es fundamental depurar el Registro Electoral Permanente (REP) y habilitar a las organizaciones políticas que fueron anuladas por el CNE. 

Para depurar el REP se tendrían que eliminar a miles de venezolanos que aparecen con doble identidad y que han podido ejercer su voto más de una vez. Además, tampoco se puede permitir que el régimen reubique a los votantes de manera abrupta. Asimismo, se deberá tomar en cuenta a todos los venezolanos que han salido del país que actualmente son más de cinco millones y que tienen derecho a votar desde el exterior.

Se debería tener como objetivo la desarticulación de los grupos armados que respaldan al chavismo, como los colectivos; las guerrillas colombianas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que operan desde Venezuela; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entre otros, que con actos de amedrentamiento y persecución les impiden a los electores efectuar libremente su derecho al voto.

Lo anterior indica que para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación de las autoridades del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder; implementar una fuerza de choque contra los grupos armados que custodian a la dictadura; candidatos con una hoja de vida intachable y una veeduría internacional imparcial que garantice que todo el proceso electoral sea transparente.

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