El Gobierno de Uruguay anunció que iniciará gestiones diplomáticas para lograr que Venezuela le pague más de 30 millones de dólares de una deuda por cobrar desde 2015; sin embargo se trata de una misión casi imposible.
Cifras de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela hasta 2019 revelaron que el régimen de Maduro mantiene una deuda internacional estimada en 141 000 millones de dólares, con una nación prácticamente hipotecada; por lo que pagar deudas es cada vez más imposible.
La tiranía no cuenta con dinero suficiente; los ingresos del país van en caída libre gracias a la baja producción petrolera, y las reservas de oro cada vez son menores debido a que el régimen de Maduro las usa para pagar a sus principales aliados como Rusia, Turquía, China o Irán.
Sin embargo, el actual ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que intentará la vía de la negociación para encontrar una solución para lograr el pago millonario que Venezuela tiene, sobre todo con el sector privado.
“Las expectativas son realistas, yo no diría que son bajas ni que son altas, hay que ser realista y estamos en una situación difícil”, dijo por su parte Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo de Uruguay.
Y es que durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, se impulsó un acuerdo en 2015, para la venta de 265 toneladas de alimentos uruguayos por un valor de 300 millones de dólares. Varias empresas y cooperativas privadas de Uruguay intentaron hacer negocios y ahora no pueden cobrar.
La cooperativa de trabajadores Funsa, por ejemplo, que fabricaba neumáticos y guantes de goma, reclama el pago de casi 4 millones de dólares por parte de Venezuela, y la cooperativa Conaprole, la empresa láctea más grande del país, aún espera cobrar más de 30 millones de dólares.
Un artículo del diario Exterior reveló que por «solidaridad política» el Gobierno de Tabaré le vendió al régimen de Venezuela leche en polvo; el último pago fue de apenas ocho millones de dólares y fue realizado en enero de 2019.
El entonces canciller uruguayo compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados en el Parlamento para informar acerca de la deuda que el país caribeño mantiene con empresas uruguayas. Nin Novoa, intentó «lavarle la cara» al régimen de Maduro por su impago y señaló que Venezuela «no tiene plata» y tampoco tiene como enviarla por las sanciones internacionales.
“Si la tuvieran, no tienen como mandarla” y “están totalmente bloqueados”, dijo el entonces canciller.
Las deudas que mantiene la dictadura con Uruguay tienen larga data y no han sido saldadas; mientras Maduro sigue enviando petróleo a sus países aliados como Cuba, Rusia o China.
Los empresarios aseguran que a la hora de hacer los acuerdos comerciales con el país suramericano fue el mismo Gobierno uruguayo el que les garantizaba que el «negocio tenía respaldo de las autoridades».
Tanto la importación de lácteos uruguayos desde Venezuela, como otros negocios bilaterales, dejan grandes dudas sobre la legalidad de los mismos; pues existen indicios de sobreprecios, y pagos indebidos a empresas presuntamente relacionadas con el partido de Tabaré Vázquez.
En 2017, diputados de la oposición uruguaya presentaron una denuncia penal para que la justicia civil de Uruguay investigue los negocios que realizó el Gobierno de José Mujica con Venezuela entre 2010 y 2015. Los denunciantes consideraron que Mujica asignó fondos públicos de manera arbitraria a empresas sin viabilidad que a la fecha no han sido devueltos.
De acuerdo con los diputados, se prestaron USD $43 millones a cinco empresas autogestionadas por sus trabajadores, a pesar de que los informes técnicos eran negativos por falta de consistencia de los proyectos. Algunas de esas empresas eran cercanas al Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza mayoritaria del Frente Amplio liderada por el expresidente Mujica.
A esto se suma el desfalco millonario en importación de leche en Venezuela. Las investigaciones revelaron que el país suramericano importó leche en polvo de Uruguay a USD $3.740 la tonelada (Conaprole), mientras que el precio promedio del mercado internacional era de alrededor de USD $1.500. Se habría tratado de una compra con sobreprecios entre el Gobierno de Mujica y el chavismo.
El diputado nacionalista Jaime Trobo dudó del procedimiento por el cual se contrató a la empresa privada Aire Fresco, cuyos titulares pertenecen al MPP (Movimiento de Participación Popular), sector político liderado por el mandatario uruguayo.
Aire Fresco cobraba comisiones del 2 % de cada negocio que se concretaba de alimentos con Venezuela desde 2011 hasta 2015, algo que fue negado por el Frente Amplio, según la oposición de Uruguay.
Pago de deuda con petróleo
En julio de 2015 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y Nicolás Maduro firmaron un acuerdo para el canje de 235 000 toneladas de alimentos a cambio de USD $300 millones.
En el acuerdo se incluía un pago por adelantado de una quinta parte de una deuda que la petrolera estatal uruguaya Ancap tenía por la compra de crudo con Pdvsa. Venezuela, sin embargo, incurrió en demoras y aún debe pagar parte de su deuda por esa transacción.
En septiembre de 2016 Venezuela acreditó el pago de USD $27 millones a cuenta de los USD$ 66 millones que adeudaba esa nación a Conaprole, informó la Presidencia en su web el 9 de septiembre de 2018.