Virales

Newsletter

Puerto Rico busca una solución a su crisis en el Congreso de EE.UU.

Por: Scott Myers - Ene 13, 2016, 11:29 am
Las aseguradoras iniciaron una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico por reasignar partidas destinadas al pago de bonos de baja calidad emitidos por agencias estatales. (Wikimedia)
Las aseguradoras iniciaron una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico por reasignar partidas destinadas al pago de bonos de baja calidad emitidos por agencias estatales. (Wikimedia)

EnglishUna comisión de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos trató este martes las dificultades fiscales que atraviesa Puerto Rico, por primera vez desde que el territorio estadounidense declaró la cesación de pagos de sus obligaciones, a comienzos de mes. La audiencia se celebró tras el pedido del presidente de la cámara baja, Paul Ryan, para que el Congreso encuentre una “solución responsable” a los problemas monetarios de la isla, antes del 31 de marzo.

Los acreedores de la deuda de casi US$70.000 millones que mantiene Puerto Rico —más que la de cualquier estado de Estados Unidos, excepto Nueva York y California— posaron sus ojos sobre Washington, donde comenzó a desarrollarse el debate.

La audiencia del martes sirvió principalmente para introducir a los congresistas en los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico del estado asociado, y no versó sobre otros temas que hacen delicada a la situación de la isla. Lisa Donahue, oficial de reestructuración de la proveedora de electricidad más importante de Puerto Rico ofreció su testimonio en la audiencia, e indicó que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) no iba a poder afrontar el próximo vencimiento por US$1.130 millones, programado para el 1 de julio.

Las fatídicas proyecciones de Donahue llegan luego de la cesación de pagos de este mes, por más de US$36 millones sobre bonos emitidos por agencias estatales, situación que llevó a las aseguradoras que garantizan esos bonos a responder por los incumplimientos. El default abarca dependencias encargadas de la infraestructura, como la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura.

Mediante una orden ejecutiva, el pasado 30 de noviembre el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reasignó partidas originalmente destinadas al pago de estos bonos de baja calidad, con el objetivo de poder cubrir los pagos por los servicios de la deuda a los tenedores de bonos de Obligaciones Generales. El mandatario señaló que estos bonos tienen la máxima prioridad de pago, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico.

En respuesta, las aseguradoras de los bonos presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, con el argumento de que las maniobra del Gobierno, de reasignar partidas, era ilegal, pues la entidad contaba con los fondos suficientes para cancelar todas sus obligaciones.

“Una precondición clave es que los ingresos sólo pueden ser reasignados si no hay otros ingresos o dinero disponible para pagar los bonos de Obligaciones Generales. Para el año fiscal de 2016 el estado asociado calcula unos US$9.000 millones en recursos disponibles, los cuales exceden ampliamente a los servicios de deuda pública de aproximadamente US$1.850 millones”, afirmó en un comunicado de prensa Ambac Finanacial Group Inc., quien junto con Assured Guaranty Ltd. presentaron la demanda contra el Gobierno.

Mientras el tribunal delibera sobre si las acciones de García Padilla fueron o no contra la ley, la reasignación de partidas, le otorgó al Gobierno puertorriqueño un respiro antes de tener que afrontar el próximo vencimiento importante, en julio, por un monto de US$2.000 millones. Durante este tiempo, Padilla espera que él y sus funcionarios puedan influir sobre el Congreso para que lleve adelante una amplia gama de soluciones legislativas, entre las que se destaca la posibilidad de declarar la quiebra bajo las protecciones del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrotas, una alternativa a la que no puede acceder la isla en este momento.

El pasado viernes, 8 de enero, el gobernador Padilla abordó el asunto de la demanda de las aseguradoras: “Esta acción provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que [Puerto Rico] cumpla con sus pagos, a pesar de que no contamos con un andamiaje legal para resolver esta inminente crisis de litigación. Los acreedores de Puerto Rico pronto van a enfrentarse a un procedimiento en el que no cuentan con un estado de Derecho donde sus reclamaciones se atiendan de manera organizada”, dijo.

“Lamentablemente, el Congreso —que responde a los cabilderos de Wall Street— ha ignorado la crisis de Puerto Rico y, en cambio, ha preferido que los 3,5 millones de ciudadanos americanos de la isla y sus acreedores entren en un caos”, agregó el mandatario de la isla.

Mientras que el Gobierno de Padilla, y la mayoría de los Demócratas, se inclinan por la bancarrota como herramienta preferida para sanear la situación actual, los acreedores ven con buenos ojos la instalación de una “junta federal de control” para supervisar los gastos y reducir el déficit presupuestario. Por su parte, los congresistas Republicanos, en general, se oponen a respaldar la declaración de bancarrota.
[adrotate group=”8″]
Se espera que la comisión legislativa escuche los argumentos a favor de una junta federal de control en la audiencia programada para el 26 de enero, según un vocero del Partido Demócrata.

La audiencia del martes arrojó luz sobre los problemas de Puerto Rico en cuanto a sus sistema eléctrico, que Donahue afirma que es ineficiente y costoso. Se han tomado medidas para reducir los costos, aunque no alcanzan para resolver el déficit fiscal.

A finales de diciembre, la proveedora de electricidad alcanzó un acuerdo con sus acreedores y las aseguradoras para reestructurar la deuda de US$8.200 millones. El acuerdo está sujeto a ciertas contingencias, entre las que se incluye la aprobación del trato por parte del Congreso puertorriqueño, que probablemente lo hará a fines de este mes.

Sin embargo, la controvertida reasignación de partidas que llevó a cabo el Gobierno podría implicar mayores dificultades para la isla, dado que Assured Guaranty, Ltd. es parte tanto del acuerdo con la AEE, y además es uno de los que impulsa la demanda contra el Gobierno.

En una declaración del pasado jueves, el presidente y CEO, Dominic Frederico, explicó sus preocupaciones: “Estas acciones contrastan con el acuerdo consensuado que nosotros y otros acreedores recientemente alcanzamos con el proveedor de energía eléctrica puertorriqueño”.

Traducido por Adam Dubove.