EnglishEl Estado venezolano se entiende como una república descentralizada política y administrativamente, o así reza en la Constitución Bolivariana del país petrolero.
Pero según la junta directiva de la Asociación de Alcaldes por Venezuela —organización creada este año y que agrupa a 76 alcaldes de oposición— el Gobierno nacional liderado por Nicolás Maduro pretende el fin de la descentralización en el país.
Las deudas que mantiene el Gobierno nacional con las administraciones locales, en cuyos presupuestos los gastos superan a los ingresos, amenaza la existencia de las alcaldías, principalmente las más pequeñas en el interior de Venezuela.
En este sentido, el alcalde del municipio de Sucre del Estado Miranda, Carlos Ocariz, reiteró que las 335 alcaldías de Venezuela se mantienen en situación de déficit presupuestario.
“Con una inflación proyectada de 70%, en un país donde el dinero cada vez vale menos, obviamente la situación financiera de las alcaldías está muy comprometida. Las alcaldías que se encuentran en peores situaciones son las pequeñas, que son casi 300. Esto es un problema que abarca todas las alcaldías del país y por eso queremos explicar en nombre de todos los alcaldes la situación a las autoridades del gobierno central”, aseguró el burgomaestre.
“En la alcaldía de Sucre, el Gobierno había asignado una partida de Bs. 334 millones (US$4.175.00o) y nos mandaron Bs. 27 millones (US$337.500). Son compromisos que el propio Gobierno asumió y que no ha respondido a lo anunciado. Tenemos un déficit de Bs. 304.000.000 que es muy difícil de cubrir. El problema a corto plazo es que no podemos asumir el aumento de salarios que decretó el Gobierno.”
Ocariz denunció que “a mediano y largo plazo tenemos el problema de que muchas Alcaldías tendrían que cerrar por un déficit. La diferencia con el Gobierno central es que éste se puede financiar y las alcaldías no. […] Todo esto hace que las alcaldías se asfixien al punto de la quiebra del poder municipal”.
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El alcalde de Sucre también solicitó al Gobierno central sincerar el precio del barril de petróleo en el presupuesto nacional —calculado a US$60 por barril para 2014, cuando en realidad se cotiza a US$105— con el fin de garantizar una mejor y más equitativa distribución de los recursos, y créditos adicionales, para todas las alcaldías y gobernaciones.
“Por ejemplo, del crédito adicional que aprobaron la semana pasada, no todas las gobernaciones ni todas las alcaldías recibieron lo mismo. No sabemos por qué hay gobernaciones que reciben más que otras en función a discrecionalidades políticas de la Asamblea Nacional […] Estamos pidiendo que se respete la Constitución y pidiendo lo que nos corresponde para nuestros vecinos”, agregó Ocariz.
El escenario de la localidad de Sucre se repite de manera más dramática en el municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, ubicado en la región central de Venezuela.
“Quieren ahorcar al municipio, hacer que desaparezca. De los Bs. 5.587.705 (casi US$70.000) solicitados para pagar el incremento de 30% de sueldo decretado por el Ejecutivo, apenas se nos ha entregado Bs. 943.420 (casi US$12.000). Además, somos el único municipio que no ha recibido el dinero del Fondo de Compensación Interterritorial destinado a financiar inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones”, explicó para PanAm Post el alcalde Delson Guarate.
Guarate agregó que desde el municipio Mario Briceño Iragorry continuará la lucha por las reivindicaciones de los vecinos que representa y que llevará su denuncia hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde solicitarán amparo constitucional.
No descartó la huelga de hambre como medida de presión. “No desmayaremos ante esta política de desgaste hacia líderes de la oposición. Nuestro único pecado fue ganar en los comicios al candidato del partido oficial (PSUV). No podemos permitir que nos dividan en ciudadanos de primera y de segunda. El diálogo es la única vía para salir de la crisis”.
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Mientras, los venezolanos se ven sumidos en las diatribas del aparato burocrático criollo que no va en sintonía de sus intereses ciudadanos.
Como lo explicó para PanAm Post el presidente para la Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, una asociación para el fortalecimiento de la sociedad civil y de las instituciones democráticas, William Requejo, después de la eliminación vía decreto de las Juntas Parroquiales, que dieron paso a los llamados Consejos Comunales, las alcaldías se convirtieron en el primer contacto de los ciudadanos con sus autoridades.
“Son instituciones que deben ser conservadas y por supuesto mejoradas, pero nunca eliminadas. Fueron muchos años de lucha por conseguir la descentralización de Venezuela. Solo los ciudadanos podemos revocar a los alcaldes”, afirmó Requejo, quien preside una asociación con presencia en 14 Estados de Venezuela.
En los próximos días, la Asociación de Alcaldes de Venezuela solicitará reunirse con las autoridades nacionales correspondientes para plantear la gravedad de la situación presupuestaria en los gobiernos locales.