EnglishLo que inició a principios de año como “La Salida” —una serie de protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro—, convocada por el líder opositor venezolano Leopoldo López, dejó un saldo de cientos de jóvenes privados de libertad, incluido el propio López, 43 muertos y cientos de heridos.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, en el país latinoamericano fueron detenidos al menos 3.370 personas durante las manifestaciones ocurridas este año.
Para el abogado Nizar El Fakih, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello —organización no gubernamentales relacionada con la defensa de los procesados— en lo que va de 2014 no sólo se ha establecido una cifra récord de protestas, sino también de casos de represión por parte del Estado venezolano.
La decisión de la Justicia venezolana de dictar el sobreseimiento de más de 200 causas de manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales, son para el abogado la demostración de que estos jóvenes “nunca debieron ser detenidos” y que la fiscalía no encontró prueba alguna que los incrimine por ninguno de los delitos imputados ante el tribunal.
No obstante, aún quedan decenas de jóvenes privados de libertad, razón por la cual el abogado Nizar El Fakih retoma el tema para el PanAm Post.
¿Cuál es el balance de los manifestantes con procesos penales abiertos?
Actualmente, hay 1.800 personas con procesos penales abiertos, de las cuales más de 70 están privadas de libertad. El resto está siendo juzgado en libertad con medidas cautelares como la presentación periódica ante un tribunal, prohibición de salida del país, no poder asistir a manifestaciones, entre otras. Estas personas viven con la amenaza de que se les dicte privativa de libertad a la culminación del proceso penal.
Desde que empezaron las protestas el pasado cuatro de febrero las organizaciones no gubernamentales han contabilizado más de 3.300 detenciones de manifestantes.
De acuerdo al registro del Ministerio Público, para el 14 de junio había 3. 306 personas detenidas y presentadas en tribunales.
¿Cuáles son los delitos que se les imputan a los detenidos?
Instigación pública, que es incidir en otros para que cometan delitos, obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir, o agavillamiento. Por estos crímenes, en general, se han sentenciado de tres a 10 años de prisión a las personas juzgadas como culpables.
Los detenidos no son informados sobre los centros a los cuales serán trasladados, ni qué delitos se les imputa, ni se les permite realizar una llamada.
Sin embargo, según el Código Penal Venezolano, el delito de la obstaculización de la vía pública implica que tenga como fin el generar un siniestro o cometer un delito, no por un tema de protesta. Este último derecho está garantizado en nuestra Constitución.
Por otro lado, el delito de asociación para delinquir está articulado en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que tiene por fin castigar a los grandes cárteles de las drogas, contrabandistas o quienes se agrupan para cometer actos terroristas. Pero este delito se le ha aplicado a estudiantes y jóvenes manifestantes que estaban ejerciendo su derecho.
¿Cuáles irregularidades se han presentado en los procesos de detención?
En primer lugar, violaciones a la libertad personal. Los jóvenes son detenidos sin una orden judicial. De acuerdo a las leyes venezolanas, todo funcionario público necesita una orden para hacer una detención, a menos que el acusado sea sorprendido en flagrancia.
También han ocurrido violaciones al debido proceso y al derecho a la protesta. Los detenidos no son informados sobre los centros a los cuales serán trasladados, ni qué delitos se les imputa, ni se les permite realizar una llamada.
Tenemos casos de personas que han sido encerradas en un cuarto con bombas lacrimógenas, un caso de herido de perdigones en los testículos, golpizas, entre otros.
Ante estas circunstancias la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad propicia para que ocurran violaciones a los derechos humanos.
Tenemos casos de personas que han sido encerradas en un cuarto con bombas lacrimógenas, un caso de herido de perdigones en los testículos, golpizas, entre otros.
Hasta los momentos, 87 denuncias de violaciones a los derechos humanos están siendo investigadas por el Ministerio Público. La mayoría de estas están ligadas a tratos crueles, y dos a casos de torturas —para obtener confesión. Todos apuntan a funcionarios públicos como los perpretadores.
¿Existe algún precedente de esta situación en la historia venezolana reciente?
No existe en los últimos 15 años ningún precedente, ni nada que se asemeje al récord actual de represión estatal.
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social compara los hechos recientes con lo ocurrido en el estallido social del Caracazo en 1989.
De acuerdo al informe titulado Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos, realizado por varias ONGs venezolanas, se han registrado más de 6.000 protestas en lo que va de 2014, en las que hubo 43 civiles muertos, 204 ataques en zonas residenciales, 51 ataques a universidades y 400 violaciones a la libertad de expresión, este último según datos de la ONG venezolana Espacio Público.
¿Cuál ha sido el papel de las ONGs ante los hechos de violencia y represión ocurridos en Venezuela?
En un país en el que la data oficial no es revelada oportunamente, la labor de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica es fundamental, no sólo para proteger a las víctimas, sino para asistir al Estado al informar oportunamente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después de los escenarios de protestas, y aplicar justicia.
Venezuela cumplió siete meses de protestas opositoras con reclamos diversos como la detención de estudiantes, delincuencia desbordada, conflictos sindicales, inflación de más del 60% y escasez de productos básicos.
Balance de manifestantes detenidos en Venezuela