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EnglishEl pasado viernes, el gobierno argentino anunció un nuevo acuerdo de precios que comenzó a regir en el día de hoy, en el Área Metropolitana de Buenos Aires – es decir, la Capital del país y el área que la circunda. El acuerdo, negociados con empresarios y dueños de cadenas de supermercados durante un mes, fija el precio de 194 productos de distintos tipos en diez cadenas de supermercados y 65 empresas proveedoras.
Esta política surge en un contexto de inflación creciente y caída de las reservas del Banco Central. Se estima que en 2013, la inflación superó el 27%, y se convirtió en uno de los problemas que más preocupó a los argentinos durante el pasado año, debilitando además la imagen presidencial.
Durante el mes de enero, se espera que el acuerdo se extienda a otros comercios y a otras regiones en el interior del país. Por el momento, la zona donde se aplica este arreglo, el Árez Metropolitana, es una pequeña porción del país, que sin embargo concentra casi el 35% de la población nacional.
Distintas concepciones sobre la inflación
Desde que el gobierno intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) — el órgano encargado de medir la inflación — en el año 2007, las cifras oficiales sobre el costo de vida difieren ampliamente de aquellas publicadas por consultoras privadas. La brecha fue tal, que en el año 2011, el entonces Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dispuso multar a aquellas consultoras privadas que difundieran cifras sobre la inflación distintas a las del gobierno. La excusa fue que estas consultoras no presentaban estudios con el debido rigor científico.
A pesar de que el gobierno ya superó esa etapa de negar la existencia del problema y castigar su difusión, las culpas y excusas sobre la causa de la ascendente inflación son muy distintas a aquellas presentadas por los economistas y la oposición.
El discurso del gobierno se encuentra fundamentalmente enfocado a culpar a los “formadores de precios”, es decir, a todas las empresas que intervienen en la cadena productiva. Éstos, según el nuevo Secretario de Comercio Augusto Costa, “buscan apropiarse de algo que no les toca”, aumentando los precios a tal punto que éstos no reflejan los costos, sino ganancias desmedidas.
Según declaró Costa en una entrevista al diario argentino Página/12, el aumento de los precios sería el resultado del crecimiento económico, que a su vez fue permitido por la intervención estatal de la última década. Esta economía, sin embargo, se encontraría concentrada en pocas empresas que logran así constituirse como formadores de precios. Una concentración que el Secretario considera “natural y propia del capitalismo”.
En este sentido, el gobierno solo debe reforzar sus controles para mejorar los mecanismos de redistribución de riqueza que no permitan que continúe dicha concentración de capital.
Mientras tanto, la oposición presenta un criterio más unificado para la resolución del problema, aunque en materia política se encuentre dividida. El diputado nacional Martín Lousteau (UNEN), declaró en una entrevista en TN que el acuerdo de precios no busca reducir la inflación sino moderar un aumento. “Para moderar la inflación tenemos que hablar del enorme malgasto que produce el Gobierno”, sostuvo el economista, “y cómo lo está financiando. Si no tocamos esos dos temas, no vamos a resolver la inflación”.
Lousteau no es el único que considera que la financiación del gasto público es un tema fundamental para entender el problema inflacionario. El economista Roberto Cachanosky sostiene que la necesidad de caja del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lleva a emitir billetes descontroladamente para seguir redistribuyendo la riqueza. Así, llegamos a una emisión monetaria sin control — la cual, según el nuevo Presidente del Banco Central, solo en el año 2013 fue del 25% — que sigue alimentando el ciclo inflacionario, y que no puede detenerse solo con una política de control de precios.
El control ciudadano de los precios
En la misma entrevista, el Secretario de Comercio Costa asegura que “la lógica empresarial maximizadora de beneficios pone ciertos límites a la justicia redistributiva. Estamos apuntando a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no les toca”.
Pero Costa sostiene que, para que la decisión funcione correctamente, requiere de un “conocimiento profundo” por parte de la ciudadanía de los precios de referencia. “El consumidor también tendrá que moverse, informarse, conocer. La gente va a tener que empezar a cuidar los precios junto al Gobierno”, declaró en conferencia de prensa.
Por este motivo, se puso en marcha el sitio Precios cuidados, el cual presenta los productos afectados por el acuerdo de precios, los comercios adheridos a la iniciativa y el valor. De esta forma, la ciudadanía puede saber cuándo una cadena de supermercados está violando el acuerdo realizado con el gobierno.
Además de esto, el sitio ofrece además un formulario de contacto donde el consumidor puede denunciar estas violaciones.
La idea no es nueva: en mayo de 2013, la Presidenta ya había anunciado el comienzo de la campaña “Mirar para cuidar“, en la cual militantes controlaron los precios de más de 500 productos que en ese momento se encontraban congelados por resolución de la Secretaría de Comercio Interior.
En ese momento, Fernández había declarado que “no vamos a dejar esto [el acuerdo de precios] a la buena voluntad de los empresarios o de la Secretaría de Comercio (…) Vamos a utilizar la fuerza de los movimientos políticos y sociales para desplegarlos en el territorio con la campaña ‘Mirar para Cuidar’.”
Efectos esperados del acuerdo
El gobierno espera que el acuerdo posea un efecto económico desde el punto de vista del consumidor. Para Costa, cuando los consumidores conozcan los precios del acuerdo, no validarán con su compra otros precios, y eventualmente este comportamiento bajará los precios de forma general.
“La canasta de referencia permite brindar señales a los consumidores para que puedan tomar decisiones informados”, señala Costa. Asegura además que no es un “congelamiento de precios” porque los mismos serán ajustados de acuerdo a las estructuras de costos y sus cambios. Con esta revisión, el gobierno pretende solamente evitar “que las empresas trasladen aumentos de costos desproporcionados” a los precios.
Axel Kaiser, Director Ejecutivo de Fundación para el Progreso de Chile, se muestra escéptico frente a estos resultados. Opina que es una decisión que solo empeorará la situación económica de Argentina.
“Los precios transmiten información sobre los recursos disponibles y su demanda. Cuando suben, están enviando un indicador sobre la necesidad de incrementar la producción de determinado bien o servicio. En el caso de Argentina, los precios tuvieron tales alzas como resultado de la emisión masiva por parte del gobierno. Congelar los precios por debajo de los niveles que determina el mercado llevará únicamente a la escasez de los bienes, y obligará a la población a recurrir al mercado negro.”
