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¿Qué es peor que unas elecciones corruptas en Guatemala?

Por: Steve Hecht y David Landau - Sep 2, 2015, 3:36 pm
US Ambassador Todd Robinson (left) and Secretary of State Counselor Thomas Shannon flank and give their support to the UN Impunity Commission, the CICIG. (US Embassy Guatemala)
El embajador de Estados Unidos, Todd Robinson (izq.), y el consejero del secretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon (der.) ofrecen su apoyo al comisionado, Iván Velásquez (centro) de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

EnglishEl Congreso de Guatemala votó anoche para retirar la inmunidad judicial al presidente Otto Pérez Molina, acusado de estar implicado en una red de sobornos. Su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya está en la cárcel, donde se encuentra a la espera de un juicio por cargos similares.

Tal como ahora están las cosas, el presidente Pérez estará sujeto a los procesos judiciales que enfrentaría cualquier ciudadano de a pie. En el momento en que sea arrestado, será suspendido de su cargo, aunque no removido.

Si usted ha estado siguiendo la crisis —lo que es bastante fácil, ya que la prensa internacional se ha ocupado de ella— es muy probable que haya pensado: ¡Oh, otro gran escándalo de corrupción en América Latina!

Pero no cuenten con sus medios de comunicación habituales para que le brinden una perspectiva fundamental: que este episodio se ha convertido en el capítulo más reciente en un melodrama llamado Cooptando el sentimiento popular. La novela consiste en que puede escalar hasta lo más alto en Guatemala, aunque no le agrade realmente a nadie, si tiene como guardaespaldas a Estados Unidos, a las Naciones Unidas y al Parlamento Europeo.

Durante un año o más, los grupos radicales en Guatemala han estado tratando de sacar provecho de la corrupción gubernamental como pretexto para la sustituirla por una corrupción propia mucho mayor: la destrucción del frágil marco constitucional de Guatemala. Y han estado dirigiéndose hacia ese objetivo con la complicidad activa de los Estados Unidos y las Naciones Unidas.

En abril de 2015, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es el organismo de la ONU en Guatemala, denunció públicamente la existencia de un fraude en el cual los funcionarios de Aduanas eran sobornados para evitar el pago de impuestos a la importación. En mayo, la vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunció a su cargo.

Este esquema de fraude fiscal ha existido durante décadas. Funcionó, por ejemplo, durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993), cuando Otto Pérez Molina era el jefe de la Inteligencia Militar. La Cicig ha estado trabajando en Guatemala desde hace ocho años, y es curioso que el grupo de la ONU haya esperado hasta este año para plantear la cuestión. Las reglas, sin embargo, dictan que la Cicig es la parte que hace las preguntas, no la que las responde.

El mismo día en que Baldetti renunció, el Departamento de Estado en Washington ya tenía preparada una declaración —como si alguien de ahí hubiera sabido lo que se venía. La declaración expresa públicamente su apoyo al presidente Pérez Molina, reafirma que Guatemala continúa siendo “un socio fuerte para Estados Unidos y un líder regional,” e invita al país a continuar “trabajando estrechamente” con la Cicig.

Diez semanas después, el 21 de agosto, la Cicig y el Ministerio de Justicia presentaron cargos criminales contra el presidente, mientras ese mismo día Baldetti fue arrestada. Pase lo que pase con el presidente, para mediados de enero dejará la presidencia. Este 6 de septiembre comienza un nuevo ciclo electoral para elegir a su sucesor; incluso si gozara de una mejor imagen, no hubiese podido aspirar a una reelección, ya que está prohibida por la Constitución.

Pese a que las acusaciones contra el presidente y la vicepresidenta no han sido probadas, parece que para la mayoría de los guatemaltecos ellos ya son culpables. Lo más destacado es que ciertos grupos políticos han afirmado que el país es demasiado corrupto como para que se celebren elecciones justas. Estos grupos están solicitando la postergación de las elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente para crear, supuestamente, una mejor estructura.

Del mundo de los activistas, Manfredo Marroquín, presidente de la ONG Acción Ciudadana, afirmó: “sin una importante reforma política las elecciones serán para elegir al próximo grupo de ladrones”. De acuerdo con el diario británico The Guardian, “los manifestantes ahora exigen que se suspenda el voto. ‘Bajo estas condiciones, no queremos elecciones’, ha sido uno de los cánticos esgrimidos por los manifestantes”.

Los defensores de esta propuesta no revelan quiénes serán los encargados de redactar la nueva Constitución, cuándo estará lista, y, más importante, quién gobernará durante el interregno. Probablemente los nuevos líderes surgirán de las filas de los grupos que ahora insisten en derogar la Constitución.

Este tipo de propuestas sigue el juego de aquellos rechazan genuinamente el sistema y la corrupción. La gente quiere una reforma electoral; pero la temporada de elecciones no es un momento adecuado. Cualesquiera sean los problemas con las elecciones, no es una idea inteligente suspenderlas, porque es probable que, una vez suspendidas, no se celebren durante un largo tiempo.

Los oportunistas que buscan una reforma han manifestado lo que gran parte del público desea legítimamente; pero muchos de esos “reformistas” intentan engañarlo, y son al menos tan corruptos como los líderes que proponen reemplazar. El tiempo y lugar para cambiar las cosas es el próximo Congreso.

La idea de posponer las elecciones —o en otra palabras, cancelarlas— ha estado circulando durante el último año y un poco más. Los cargos por sobornos contra los jefes ejecutivos del país les han dado un pretexto más que conveniente. Para finales de la primavera (boreal) de este año, las amenazas contra las elecciones ya habían adquirido suficiente entidad como para que la Organización de Estados Americanos (OEA) se refiriese a ellas.

A mediados de junio, una sesión plenaria de la OEA adoptó una “resolución de apoyo al proceso electoral en Guatemala”. El 23 de agosto, dos días después de la imputación a Pérez y el arresto de Baldetti, la OEA emitió un comunicado de su secretario general, Luis Almagro, quien expresó “preocupación los últimos acontecimientos políticos en Guatemala, incluyendo llamados de distintos sectores de la sociedad para la postergación de las elecciones programadas para el 6 de septiembre”.

Según el comunicado, Almagro sostuvo que “es indispensable que las elecciones se celebren conforme al orden constitucional vigente [y] que los ciudadanos tengan el derecho inalienable de expresar su voluntad a través del voto, garantizándose de esa manera la continuidad del proceso democrático en Guatemala”. Finalizó con un llamado a “todos los sectores sociales y a las autoridades del país a respetar las leyes vigentes y la Constitución”.

A la luz de aquel llamado urgente, el comentario de la embajada de Estados Unidos, cinco días más tarde, fue, llanamente, insulso.

“El Gobierno de los Estados Unidos”, afirma el comunicado, “apoya el proceso constitucional de elecciones democráticas en Guatemala que ha sido convocado para el 6 de septiembre, y hacemos un llamado a todos los partidos políticos a realizar sus campañas electorales de una manera pacífica. Los Estados Unidos reconoce[n] el derecho de los guatemaltecos a reunirse pacíficamente, a expresar libremente sus puntos de vista y opiniones, y a tener elecciones libres, justas y transparentes. Instamos a los guatemaltecos a ejercer su derecho democrático de votar con responsabilidad”.

Estados Unidos, en vez de seguir el ejemplo de la OEA, decidió alinearse con la Cicig — que, por su parte, podía asumir los costos de manifestarse en contra de las elecciones, mientras que Estados Unidos no podía. El 16 de julio, la Cicig publicó una investigación llamada El financiamiento de la política en Guatemala. Decía esto, de acuerdo con un amigable resumen:

Un reciente informe detalla el amplio alcance de la infiltración que el crimen organizado y los distintos grupos de interés han tenido en la política guatemalteca. Los partidos políticos guatemaltecos obtienen cerca de la mitad de su financiación mediante la corrupción, incluyendo un 25 por ciento que proviene de las élites económicas y empresariales y otro 25 por ciento de organizaciones criminales (…) Esta situación es exacerbada por el alto costo de las campañas electorales en Guatemala, así como por una débil regulación en la financiación de las campañas, la falta de medios de comunicación independientes y una impunidad casi total en los casos de corrupción política.

Al presentar el informe, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, ofreció un convincente resumen de su argumento contra las elecciones. Guatemala, dijo, “es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia”.

El informe de la Cicig sobre el dinero en la política es en verdad un documento potente. El problema es que se trata de un misil teledirigido en la dirección equivocada. Analistas de la Cicig están en lo correcto al identificar los problemas que afectan a la sociedad; son sus soluciones las que causan daño. Han dicho la verdad, pero en miras a llevar adelante una agenda destructiva.

En el campo de las acciones sin ninguna consecuencia, la Cicig puede hablar con mucha autoridad. Es una poderosa organización que reparte críticas mientras permanece exenta de ellas. La Cicig ejerce el poder estatal en Guatemala, sin rendir cuentas a los ciudadanos de este país o de cualquier otro. Para invocar esa palabra tan cargada, la Cicig funciona bajo un manto casi perfecto de impunidad.

Sus acciones, además, rara vez están libres de intereses partidarios. Cinco años atrás, la Cicig recurrió a su peso político para expulsar a un fiscal general cuya reputación fue mancillada por meras especulaciones lanzadas desde la agencia de la ONU. La Cicig luego instaló a una fiscal general que estableció un régimen basado en estadísticas infladas — un régimen judicial en el cual el acto de la acusación era su propia justificación. Hasta que las acusaciones contra Pérez y Baldetti sean probadas, debe recordarse que sus acusadores, la Cicig, son defensores de las acusaciones por las acusaciones mismas.

Mientras que la Cicig se ejercita sobre la corrupción en torno al financiamiento del proceso electoral, ha dejado sin investigar, y sin siquiera mencionar, los varios millones de dólares que han inundado a Guatemala, provenientes del exterior, para colaborar con las actividades de grupos radicales y milicias al estilo de guerrillas —actores que ahora intentan obtener mediante manipulaciones lo que no pudieron obtener durante cuatro décadas de insurgencia, o en las dos décadas de relativa competencia política pacífica que le siguieron.

En 2012, el profesor Miguel Castillo elaboró una investigación para ser presentada al presidente sobre seguridad, justicia y desarrollo energético. El informe contiene un diagrama que muestra extensas redes de organizaciones que promueven el conflicto y niegan la validez del Estado guatemalteco. Las redes incluyen financistas (azul), intermediarios (azul oscuro) y grupos de activistas ambientalistas, campesinos e indígenas (verde, rojo y marrón). Varios de estos grupos, incluyendo al violento CUC, entre otros que surgieron del conflicto armado, han reclamado que no se celebren elecciones.

Guatemala conflict: the network of violent and rogue organizations includes entities of primary financing (blue), of intermediaries (dark blue) and of action groups (green, red, and brown: environmentalists, farmers, and indigenous). (Miguel Castillo)
La red de organizaciones violentas y rebeldes incluyen a financistas, intermediarios, y grupos de acción. (Miguel Castillo)

Si uno le quita el velo de impunidad a la Cicig, probablemente encuentre que la agencia de la ONU simpatiza con los grupos de este diagrama, y con los otros que quieren postergar las elecciones.

Y así, a pesar de sus afirmaciones opuestas, están los Estados Unidos. El mismo día que la Cicig emitió su informe sobre el financiamiento de los partidos políticos, la embajada de Estados Unidos lo recibió con un aullido de alegría:

El informe deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población guatemalteca. Los guatemaltecos merecen algo mejor. Han sufrido bajo estas condiciones por demasiado tiempo. Como el Comisionado indica en sus conclusiones y recomendaciones, los guatemaltecos deben decidir qué hacer al respecto: seguir como hasta ahora o cambiar la dinámica (…) Nadie dijo que el cambio sería fácil, ni que se daría de la noche a la mañana. Los intereses que crearon este sistema corrupto trabajarán fuertemente para defenderlo. Pero eso no vencerá la determinación de los guatemaltecos que han llenado la Plaza de la Constitución semana tras semana. El Gobierno de los Estados Unidos apoya su llamado a la reforma y al cambio. Apoyamos un mejor futuro para Guatemala.

Es una lástima que el Departamento de Estado no haya podido dedicar semejante pasión a la Revolución Verde en Irán, cuyo movimiento cayó en el olvido con escasas palabras de Estados Unidos. Este mensaje a los manifestantes de Guatemala, por el otro lado, es un llamado a la insurrección —y cómo sienten con mayor intensidad ese llamado que la convocatoria a elecciones ordenadas.

Muchos guatemaltecos que han seguido estos asuntos están bien al tanto de que Estados Unidos, al menos por el momento, no tiene los intereses de la sociedad en mente. Por el otro lado, suponen que la Cicig, que plausiblemente afirma estar actuando contra la corrupción, es una amiga del orden constitucional.

Los guatemaltecos están impresionados con la Cicig, y con razón, porque la Cicig ha atacado los males que ellos odian. Pero mientras que su análisis es sólido, su agenda es engañosa. Y su lugar en la sociedad guatemalteca es el clásico ejemplo del poder mal utilizado.

Es tiempo de observar más a este participante — y a las suposiciones que dicen que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Una dura lección de la política es que el enemigo de mi enemigo también puede ser mi enemigo. En un caso como el del defectuoso sistema electoral de Guatemala, más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer, porque lo bueno por conocer reemplazará un sistema de malas elecciones con uno mucho más duro, que no deja lugar a ninguna elección.

Traducido por Adam Dubove y Belén Marty.

Steve Hecht y David Landau Steve Hecht y David Landau

Los autores de esta serie de seis entregas han trabajado juntos en asuntos políticos por 20 años. Steve Hecht (en la foto) es empresario con dos títulos de la Universidad de Columbia y ha vivido en Guatemala por más de cuatro décadas. David Landau, radicado en San Francisco, se inició en el periodismo como gerente editorial del Harvard Crimson. Es experto en Cuba y edita Pureplay Press. Síguelo en @shecht6.