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Venezuela: Víctimas de la violencia política claman por Justicia

Por: Thabata Molina - @Thabatica - Feb 11, 2015, 1:45 pm

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La primera víctima de la ola de protestas en Venezuela, ocurridas a partir del 12 de febrero de 2014, fue un chavista. Juan Montoya encabezó la lista de las 40 personas que fueron asesinadas en medio de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Su cadáver cayó entre las esquinas de Tracabordo y Monroy, en la parroquia Candelaria de Caracas, con un tiro en la región nasal que lo mató de inmediato. Él no había ido a protestar sino a enfrentar a las personas que acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República, convocadas por uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López.

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“Mi hermano tenía tres radios. Uno de esos era de Casa Presidencial, y cuando él estaba en La Pastora — al oeste de Caracas— y recibió una llamada donde le decían que los estudiantes estaban armados en Candelaria. Cuando llegó al lugar, vio que era mentira, y de inmediato lo mataron”, recordó Jonny Montoya, hermano de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, el homicida de “Juancho” resultó ser uno de sus propios compañeros de labores dentro del Secretariado Revolucionario, Hermes Barradas; y según el hermano, serían tres los posibles móviles del hecho.

“Mis hipótesis son: el Gobierno quería darse un autogolpe, matando a uno de los suyos para desatar el caos; la segunda, es que Barradas quería el poder que tenía Juancho, y la tercera era que supuestamente a él le habían dado un dinero que no repartió”, comentó Montoya. Al final, nada tuvo que ver la oposición venezolana con esta muerte.

A pocos metros de aquel primer caído, en plena esquina de Tracabordo, cayó Bassil Alejandro Dacosta, la segunda víctima. Él sí había ido a protestar, y en medio de un tiroteo, recibió un tiro en la cabeza que le provocó la muerte unos minutos más tarde en el Hospital José María Vargas.

Con estos dos asesinatos se inició el período de protestas que arrojó un saldo de más de 800 personas heridas y 3.000 detenidos por distintos cuerpos de seguridad del Estado, invisibilizados por un Gobierno que en su discurso atribuye la responsabilidad de dichos hechos a Leopoldo López, dejando de lado las agresiones de los funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y los grupos armados a favor del régimen en contra de los manifestantes.

primo Bassil
Momentos en los que un primo de Bassil Dacosta es informado sobre el homicidio de su pariente. (Thabata Molina)

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público, 21 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad fueron aprehendidos por hechos irregulares relacionados con las manifestaciones, y otros siete están prófugos de la justicia. Entre los detenidos hay un grupo de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y dos escoltas del entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, señalados de haber disparado el 12F contra los manifestantes, y de matar a Dacosta.

De las 40 víctimas, por lo menos siete murieron a consecuencia de los ataques perpetrados por la Guardia Nacional. Quizá el caso más emblemático fue el de Geraldine Moreno, la joven que recibió una carga de perdigones de escopeta en el rostro, en medio de una protesta en el Estado Carabobo, en el centro del país. Por su muerte fueron acusados cuatro militares.

Una sentencia preescrita

En varios de sus discursos televisados, el presidente Nicolás Maduro ha hecho referencia a Leopoldo López como el autor intelectual de 43 homicidios, entre ellos algunos cuyas causas de muerte podrían no estar relacionadas a las protestas. Le llama “el monstruo de Ramo Verde”, lo cual ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por la defensa del líder opositor.

“La noche del 12 de febrero, la Fiscalía solicitaba la detención de López por homicidio calificado en perjuicio de Bassil Dacosta y Juan Montoya, pero el día de la primera audiencia, celebrada el 18 de febrero, se desestimó ese delito, por lo que desde entonces no hay ninguna acusación vinculada a delitos contra las personas. Esa calumnia que levanta el presidente tiene implicaciones políticas”, explicó Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder del partido político Voluntad Popular.

Según el jurista, en los predios del Palacio de Justicia venezolano, se habla de que existe una sentencia preredactada para Leopoldo López, en la que se le sentenciará por la comisión de los delitos de asociación para delinquir, intimidación pública y daños e incendio, en calidad de autor intelectual. La pena podría ser de hasta 12 años de prisión.

“Hemos invocado el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal en tres oportunidades, que establece el principio de autonomía de los jueces, debido a la interferencia del presidente Nicolás Maduro en el proceso, al hacer señalamientos por los cuales no se está juzgando a López”, explicó el abogado defensor.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El discurso oficialista se ha enfocado en la presunta responsabilidad “intelectual” de la oposición venezolana, y en la violencia política desatada durante los casi 100 días de protestas ocurridas en Caracas, Táchira, Carabobo, Mérida, Zulia, Lara y Bolívar.

Incluyen entre las supuestas víctimas de la oposición a Robert Redman, un joven que acudió el 12 de febrero a protestar en la Fiscalía contra el Gobierno, cargó a Bassil Dacosta cuando resultó herido de bala, y esa misma noche fue asesinado en el municipio Chacao por un par de motorizados que dispararon a quienes manifestaban en la calle.

De las 40 personas que murieron, al menos 10 fueron atacadas en medio de tumultos y confrontaciones con los cuerpos de seguridad, y otras seis de manera accidental, cuando participaban de las protestas, como fue el caso de Franklin Romero, quien se electrocutó cuando intentaba derribar una valla publicitaria para usarla en una barricada en Táchira.

Pruebas de balística se hicieron en la esquina de Tracabordo y las esquinas adjuntas en Candelaria el día 13 de febrero. (Thabata Molina)
Pruebas de balística se hicieron en la esquina de Tracabordo y las esquinas adjuntas en Candelaria el día 13 de febrero. (Thabata Molina)

Lo que el oficialismo no admite y las autoridades desestiman fue la participación de grupos armados y colectivos seguidores del Gobierno, para la disolución de las manifestaciones. Esta irregularidad fue asumida por los voceros de estas organizaciones en octubre de 2014, después de la muerte del líder del un colectivo (5 de Marzo), José Odreman, en un presunto enfrentamiento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

De hecho, Richard Sánchez, hermano de Odreman, rechazó los señalamientos hechos por el exministro Rodríguez Torres, sobre los supuestos actos delictivos en los que estaría implicado, alegando que en la época de las “guarimbas”, el propio Gobierno los utilizó para atacar a los manifestantes opositores.

En la lista de las personas fallecidas en esos días de confrontaciones y violencia política también fallecieron siete funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana. Todos ellos mientras trataban de disolver las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Exigen Justicia en la OEA

Este martes 10 de febrero, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, y Jonny Montoya, hermano de Juancho Montoya, presentaron ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sus testimonios sobre la situación de violación de derechos humanos de Venezuela, a su juicio, impulsada por el régimen de Nicolás Maduro.

Insulza recibió a los familiares de las víctimas en la sede de la OEA, en Washington DC, donde relataron las formas en las que murieron sus parientes y dieron fe de la lentitud de las investigaciones para hallar a los culpables. Ambos casos permanecen impunes a pesar de que los responsables han sido identificados gracias a evidencias fotográficas y audiovisuales.

Por su parte, el representante de la organización manifestó su preocupación por la situación del país y reiteró la necesidad de liberar inmediatamente a Leopoldo López y al resto de los presos políticos, así como la obligación que tiene el Gobierno de Venezuela de garantizar Justicia en todas las causas.

Como Orozco y Montoya, los familiares de las víctimas aguardan por la Justicia venezolana a un año de los acontecimientos.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, salió al paso sobre los casos que permanecen impunes y explicó este 10 de febrero que hasta la fecha, de los 3.351 detenidos que hubo por las protestas, solo quedan 41 privados de libertad, de los cuales 27 son civiles y 14 son funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Ortega detalló que de las causas iniciadas por Fiscalía, en 1.436 casos se dictaron sobreseimientos; en 1.402 expedientes hubo acusaciones; se decretaron seis archivos fiscales (latentes) y todavía quedan 507 causas en investigación.

La periodista Laura Weffer lo calculó así: De las 43 personas que según el Gobierno murieron a causa de los cuatro meses de manifestaciones, apenas hay una investigación concluida, 30 casos se encuentran en etapa de averiguación; ocho en etapa intermedia y tres en etapa de juicio.

Editado por Elisa Vásquez y Pedro García.

Thabata Molina Thabata Molina

Thabata Molina es una periodista venezolana especialista en temas de seguridad, violencia y conflictos penitenciarios con 12 años de experiencia en periódicos venezolanos, entre ellos El Nacional y El Universal. Oriunda de Caracas, actualmente reside en Panamá. Síguela @Thabatica.