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Maduro coacciona a quienes no firmen contra decreto Obama

Por: Thabata Molina - @Thabatica - Abr 10, 2015, 7:30 am

EnglishEl Gobierno del presidente Nicolás Maduro radicaliza los mecanismos de coacción para presionar a los venezolanos a que firmen la solicitud con la que supuestamente exigirán la derogatoria del decreto emitido por el Gobierno de Estados Unidos, en el cual se califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para esa nación.

El pasado domingo 5 de abril fue detenido en el estado Amazonas, al sur del país, el sargento II de la Guardia Nacional Frank Manuel Muñoz, por negarse a acudir a su comando a firmar la solicitud promovida por el Gobierno venezolano. El día de los hechos, el militar estaba en su residencia. Fue llamado en reiteradas oportunidades por el comandante José Miguel Alaña para que se presentara en su despacho a firmar.

En vista de que el sargento Muñoz no se presentaba, una comisión se presentó en su vivienda para obligarlo a ir al comando. Esta situación originó una confrontación entre el militar y sus compañeros, que derivó en una orden de detención.

El martes, Muñoz fue presentado ante el Tribunal Militar Octavo de Control, en la ciudad de Puerto Ayacucho, donde fue imputado por la presunta comisión de los delitos de insubordinación y desobediencia militar, contemplados en el Código Orgánico de Justicia Militar, por lo que se ordenó que fuera recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, estado Miranda, al cual fue trasladado el pasado miércoles.

La meta que se ha propuesto el Gobierno, sin limitarse a la hora de aplicar mecanismos de presión para obtener su cometido y para satisfacer el nuevo capricho político de Maduro,  es que un tercio de la población del país plasme su firma en contra del presidente norteamericano Barack Obama, pero los mecanismos de coacción que ha utilizado el régimen venezolano constituyen una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al frente de la recolección de firmas está Jorge Rodríguez, uno de los presuntos respojnsables de la "lista Tascón" (Bachaconews)
Al frente de la recolección de firmas está Jorge Rodríguez, uno de los responsables de la “lista Tascón” (Bachaconews)

Esta misma semana trascendió que en operativos de la red de distribución de alimentos de Petróleos de Venezuela (Pdval), realizados en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, se les exigía a las personas que antes de comprar los alimentos estamparan sus firmas en las planillas que el régimen venezolano diseñó para ello. Personas afectadas por la situación hicieron llegar a PanAam Post fotografías de lo ocurrido en la jornada de venta de alimentos.

Este nuevo episodio de presiones ha logrado revivir en la sociedad venezolana lo sucedido en el año 2004, cuando el entonces diputado oficialista Luis Tascón utilizó la data de la ONG Súmate, para perseguir y estigmatizar a todos aquellos que, en pleno ejercicio de sus derechos democráticos, estamparon sus rúbricas para solicitar la activación del mecanismo del referendo, contemplado en artículo 72 de la Constitución de ese país, que otorga a la ciudadanía la posibilidad de revocar el poder de las personas que ocupen cargos de elección popular.

Se popularizó en la administración pública el uso de la “lista Tascón”, para identificar y despedir a aquellos empleados que no estaban de acuerdo con el gobierno de Hugo Chávez, pero además, se utilizaron esos datos para otorgar o negar,  con discrecionalidad, beneficios en la banca pública venezolana y en los distintos organismos del Estado.

Quizá el caso más conocido sobre el empleo de la “lista Tascón” es el de la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. En 2004 ella, junto a Magaly Chang y Thays Peñalver, fueron despedidas de sus cargos como empleadas públicas en el Consejo General de Fronteras,  por firmar para la activación del referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez.

Rocío San Miguel es la víctima más conocida de la "lista Tascón" (Correo del Orinoco)
Rocío San Miguel es la víctima más conocida de la “lista Tascón” (Correo del Orinoco)

Once años después, la abogada espera que la justicia penal internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sancione al Estado venezolano por haberlas despedido de sus puestos de trabajo, por ejercer un derecho.

“Detrás de este nuevo accionar del Gobierno de Nicolás Maduro, está nuevamente Jorge Rodríguez, quien fue el cerebro de la lista Tascón. La recolección de firmas para solicitar la derogatoria del decreto de Obama revive para el país un episodio muy doloroso y perverso, para presionar y perseguir a los funcionarios”, expresó Rocío San Miguel.

Fue precisamente el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, quien anunció que supuestamente firmaron 10.408.083 venezolanos. Las firmas fueron  sometidas a un proceso de auditoría en el Consejo Nacional Electoral y certificadas por la presidenta del organismo Tibisay Lucena.

El mandatario local de la capital era miembro del directorio del máximo ente electoral venezolano en la época en que se filtró la información sobre los firmantes que solicitaban la activación del referendo contra Hugo Chávez Frías.

“Existe un precedente de escarmiento. Esa es la amenaza más grande contra la sociedad venezolana en este momento. En la memoria colectiva del venezolano está todo lo que ocurrió con la ‘lista Tascón’, porque todos fuimos afectados o conocemos a alguien que lo fue. Ahora genera más miedo, sobre todo, porque estamos ante un Estado que maneja los controles distributivos y derechos sociales con los que se aspira, desde sacar una cédula, hasta comprar pañales. En 2004 significaba una represalia, pero ahora no firmar puede hasta significar la pérdida del acceso a comprar alimentos o la salud”, dijo la jurista.

La lista de las violaciones

Las represalias del Gobierno de Nicolás Maduro contra aquellas personas que se han negado a firmar la en contra del decreto Obama, constituyen, de por sí, una violación flagrante de la Constitución venezolana, que en el quinto parágrafo del artículo 89 consagra que “se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, credo o por cualquier otra condición”.

A pesar de ello, desde la misma semana que se anunció que se iniciaría la recolección de firmas se supo del  caso de un empleado de Carbonorca que fue despedido de su cargo, por negarse a estampar su rúbrica.

Con la aplicación de la “lista Tascón”, el Estado venezolano violó reiteradas veces el primer artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra la no discriminación por cualquier tipo de razón, entre las que se cuenta la de carácter político.

En el caso del decreto de Obama, la persecución contra los empleados públicos constituye la misma falta. Las sanciones laborales contra quienes se nieguen a firmar la solicitud también constituyen una violación al artículo 13 del texto legal, que consagra la libertad de pensamiento y de expresión.

En el caso de San Miguel y sus compañeras, será la justicia internacional la que pueda hacer justicia por lo sucedido con la aplicación de la “lista Tascón”, pues además de este acto, el Estado venezolano ha sido acusado también de violar el artículo 25 de la Convención, relacionado con la Protección Judicial, porque hasta los momentos, ninguna instancia penal venezolana sancionó lo ocurrido, a pesar de que se ejercieron todos los recursos que ofrece la legislación.

“Después de 11 años, seguimos esperando reparación y verdad. El solo camino ha generado daños irreparables, pero confiamos en que será la justicia internacional la que haga valer nuestros derechos. Lo importante es que episodios como el de la ‘lista Tascón’ no se repitan en la historia del país”, señaló la directora de Control Ciudadano.

Aparte de las amenazas, el Gobierno ha elaborado una masiva campaña en los medios, tanto públicos como privados y en las redes sociales, con la etiqueta #ObamaDerogaElDecretoYa, que usa la música de Imagine, de John Lennon, y que bombardea noche y día televisiones y radios del país. Se desconoce si pagaron derechos de autor a los herederos del ex-Beatle.

Presiones cómplices

En otras instituciones del Estado, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a través de una orden emanada directamente del comisario José Gregorio Sierralta, director del organismo, se les exigió a los funcionarios participar obligatoriamente en las jornadas de recolección.

De hecho, se designó un padrino para cada subdelegación y despacho de cada estado del país, para que supervisara que todos los funcionarios firmaran las planillas de solicitud; y se ordenó la realización de un acto, el pasado lunes 6 de abril, en el que los funcionarios debieron colocar toldos en las entradas de las comisarías, para recolectar firmas, en especial, con todas las personas que acudieran a las sedes policiales a formular alguna denuncia.

Lo mismo ocurrió en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde se obligó a los empleados de los distintos despachos a participar en un acto donde se les insistió en la obligatoriedad de firmar la solicitud que supuestamente el Gobierno hará llegar a las autoridades norteamericanas.

“Pasaron por cada una de las salas y oficinas dando el mismo discurso. Nos decían que cada quién sabía lo que podía pasar si no firmaba, porque aunque nadie lo dice abiertamente, muchos no estamos de acuerdo con el Gobierno, pero para mantener nuestros puestos de trabajo, solo evitamos emitir nuestras opiniones. Simplemente no nos podíamos negar a firmar”, relató una abogada, trabajadora del máximo organismo de justicia en Venezuela, quien prefirió que su nombre no fuera revelado en el texto.

Thabata Molina Thabata Molina

Thabata Molina es una periodista venezolana especialista en temas de seguridad, violencia y conflictos penitenciarios con 12 años de experiencia en periódicos venezolanos, entre ellos El Nacional y El Universal. Oriunda de Caracas, actualmente reside en Panamá. Síguela @Thabatica.