English Version
EnglishAmazonas es uno de esos estados de Venezuela que casi nadie conoce, más allá de saber que es el segundo más grande del país, o que comparte la frontera con Colombia por el oeste y con Brasil por el este; pero, recientemente, las alarmas de las autoridades se encendieron después que un informe militar admitiera la existencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explotando minas de oro y coltán en ese territorio, para generar ingresos.
Esta región cuenta con una población de apenas 178.670 habitantes, en una extensión territorial de 177.617 kilómetros cuadrados, en una zona absolutamente selvática, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela.
El texto elaborado por la Guardia Nacional y fechado en enero de 2015, a través de un Resumen de Información de Inteligencia (REIN), señala que “el comando tiene conocimiento de la presencia de columnas guerrilleras entre los sectores de San Fernando de Atabapo y Santa Bárbara del Orinoco”, en labores de explotación de oro y coltán.
De hecho, el gobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, reconoció la existencia del problema y declaró al PanAm Post que la situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en la Asamblea Nacional, pero que nadie se ha interesado por solucionarlo.
“A lo largo del río Atabapo se han llegado a contar hasta 24 balsas que están lavando la arena del fondo del río con mercurio para extraer oro, y eso ha contaminado los peces, ha desviado el curso del río. Realmente las autoridades venezolanas han hecho caso omiso, a excepción de una comisión de Colombia que en algún momento se presentó y quemó algunas balsas”.
“Esto ha seguido de una manera descarada, pero es que además no son solamente las minas de oro del cerro La Neblina o la naciente del río Orinoco, sino que en la actualidad, se están explotando las minas del municipio Manapiare que es más allá del Yapacana. Esas minas quienes las vienen explotando están vinculados a la guerrilla colombiana y a los mineros colombianos”, expresó Guarulla a través de una llamada telefónica.
En tierra de nadie
En los anexos del informe militar se hace referencia a episodios de enfrentamientos con guerrilleros colombianos en los que resultaron heridos efectivos militares, pero además, advierten que las comisiones castrenses apostadas en la zona han recibido llamadas extorsivas por parte de comandantes de las FARC.
El coltán es un mineral estratégico que se ha vuelto muy preciado en las últimas décadas, porque se utiliza para hacer piezas claves para el funcionamiento de productos electrónicos y teléfonos inteligentes. Su composición química es una mezcla de Columbio y Tantalio (de allí procede su nombre) y lo que lo hace tan valioso es que compañías internacionales lo buscan para elaborar condensadores.
Según el mandatario del estado Amazonas, los altos niveles de corrupción y la crisis institucional que vive Venezuela han hecho que situaciones como estas pasen desapercibidas por la ciudadanía, más allá de quienes viven en la región.
“El gran negocio en este momento en el estado Amazonas es el contrabando de combustible o de productos comestibles; la Guardia Nacional está distraída con estos temas y no con lo que tiene que ver con la minería o la soberanía de nuestro estado”, dijo Guarulla.
Las autoridades colombianas si han reportado el combate de estos irregulares en la zona fronteriza de Amazonas con Colombia. De hecho, en noviembre de 2014 fue aprehendido Juan José Rivera Suárez, señalado de ser pieza clave de las FARC, a quien se le incautó un cargamento de coltán y uranio, que se presumía había sido extraído de Venezuela.
Operaciones y reportes
El 29 de septiembre de 2014 los efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de Amazonas recibieron un radiograma en el que se informaba sobre una llamada que había recibido el Teniente Coronel Carlos Ramón Noguera Romero, comandante del Destacamento Aéreo 9 de la GNB, de parte de un hombre que se identificó como el “comandante Chaca”, de las FARC, para pedir “el pago de una cuota atrasada, para que no hubieran inconvenientes”, según revela el informe.
El último incidente armado reportado por las autoridades, tiene fecha del 19 de septiembre de 2014, cuando un helicóptero Bell 412EP fue atacado por un grupo de aproximadamente 50 personas que fueron detectadas en las inmediaciones de la mina Moya. En el intercambio de disparos, los militares lograron herir a uno de los irregulares.
En el texto se especifica que el tiroteo se inició aproximadamente a las 13:45 y que la situación fue controlada a las 14:50. Es decir, que los irregulares tuvieron fuego cruzado con los militares venezolanos por más de una hora.
En ese episodio los militares lograron detener a Baudilio Antonio Montoya Hernández, perteneciente al grupo irregular, quien resultó herido en la zona lumbar, durante el enfrentamiento con los militares. También fueron heridos los militares Sanderson Peña Álvarez y Josue Montiel Castro.
Posterior a este hecho fue que los militares comenzaron a recibir las llamadas extorsivas, específicamente desde el número de teléfono 0212-6501018 (el código de área es de la capital venezolana, Caracas), en el cual el supuesto comandante “Chaca”, exigía pagos para evitar nuevos enfrentamientos con las fuerzas militares.
Para las autoridades, hasta los momentos ha sido imposible identificar desde dónde se efectuó la llamada, pues el número reportado no aparece registrado en ninguna de las operadoras telefónicas que existen en Venezuela, por lo que presumen que fue hecha desde un teléfono satelital desde Colombia.
En uno de los reportes militares, referida a la “situación de los grupos contraventores”, se dice que las autoridades tuvieron conocimiento de que los habitantes de la comunidad indígena de “Laja Liza y Cupaben, del municipio Atures, observaron la presencia de extranjeros en la zona (…) y que esos extranjeros colaboran con la extracción ilegal de coltán”, dice el texto.
Según los documentos militares, está identificado un hombre, Richard Pérez, quien supuestamente sería el encargado de comprar el coltán extraído en las minas de Amazonas; se sabe también que los miembros de las FARC contratarían a venezolanos para trabajar en las minas, lo que les reporta dividendos económicos a las comunidades del área.
Los militares añaden que la extracción de los minerales en el área se realiza tanto en jornadas diurnas, como nocturnas y que todo lo extraído es trasladado a través de la red fluvial del Amazonas.
Mucho más que cinco comandantes
Anteriormente las autoridades militares venezolanas también señalaron que en el estado Apure, que limita al sur este con Amazonas, estaban instalados cinco comandantes de las FARC.
Los militares venezolanos reportan que estos grupos irregulares que practican la minería ilegal en Amazonas están muy bien equipados con vehículo, lanchas rápidas, organización logística, comida y equipos portátiles para sus actividades irregulares.
Para las labores de investigación y prevención de estas actividades ilegales, el Comando Regional Número 9 ha destinado a 261 militares encargados del patrullaje aéreo y fluvial en las zonas donde se encuentran los mayores yacimientos de coltán, principalmente en el cerro Pozón Babilla.
Sin embargo, es necesario advertir que la periodista venezolana Sebastiana Barráez ha denunciado la situación desde 2013, y ha advertido que en la región está confirmada la presencia de al menos siete campamentos de las FARC. En sus reportes, asegura que los militares venezolanos están completamente conscientes de la presencia de estos grupos irregulares y las actividades ilegales que realizan en la zona.
Desde 2010 de comenzaron a hacer las primeras denuncias al respecto en los medios venezolanos, a propósito de una investigación que realizó el diario El Nacional. Para aquella época, se decía que pagaban hasta 100 bolívares por cada kilo del mineral que era extraído. Sin embargo, en el reporte militar actualizado, a pesar de que no se especifica la tasa actual del valor del coltán, se advierte que es “muy costoso”.
Finalmente, el gobernador Guarulla indicó que la problemática del estado que gobierna podría empeorar a raíz de la eliminación del Ministerio de Ambiente venezolano, en septiembre de 2014, que era el organismo de procesar las reiteradas denuncias sobre las actividades de minería ilegal que ocurren al sur del país.
“Si con la existencia del ministerio fue imposible controlar la situación, ahora, que no hay quién se encargue, estamos indefensos frente a la violación de nuestra soberanía y la explotación de nuestros recursos naturales, sin que ninguna autoridad ponga freno”, expresó el gobernador.
