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El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, negó que haya sido iniciativa suya, pero la tarde del jueves fueron introducidos ante la Corte de Constitucionalidad de ese país dos amparos en favor del mandatario, que buscan frenar el curso de un posible antejuicio que lo despojaría de su inmunidad.
Estas acciones legales serían para al menos dilatar la solicitud que el miércoles hizo la Corte Suprema del país centroamericano en la que pidió al Congreso retirar la inmunidad al Presidente para darle curso a un proceso en su contra, por su presunta vinculación en casos de corrupción.
Los medio guatemaltecos señalaron que el primer recurso de amparo fue interpuesto por el abogado Edgar José Elías, a nombre de Pérez Molina.
La agencia EFE informó que tuvo acceso al documento, en el que según el funcionario señala: “Comparezco respetuosamente ante este Tribunal con el objeto de interponer amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia”.
Sin embargo, En horas de la noche del jueves Jorge Ortega, vocero de la Presidencia, aseguró que el primer mandatario de ese país no había accionado ningún recurso legal para frenar el fallo de la CSJ.
“El Presidente no ha pedido auxilio de ningún tipo”, dijo el funcionario a los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad advirtió que el documento introducido en favor de Pérez Molina, por el abogado Elías, no estaba firmado por el mandatario, por lo que fue devuelto.
La CC otorgó al jurista un lapso para que Pérez Molina pueda firmar el documento, porque de lo contrario esa acción no será admitida por la Corte, según lo que explicó la funcionaria.
Porras además indicó que la Corte Suprema de Justicia contaba con 12 horas para enviar un informe con los alegatos del fallo en el que solicitaron al Congreso dar curso a la solicitud de antejuicio, para poder retirar la inmunidad al Presidente.
El segundo amparo interpuesto en favor del Presidente guatemalteco fue llevado a la CC, por iniciativa de la abogada Karen Fisher, quien también declaró que su intención es frenar el fallo de la CSJ contra Pérez Molina.
Según la abogada, el trámite es inconstitucional, y dijo que no ha seguido los pasos legales para procesar la denuncia, que fue presentada formalmente por el diputado opositor Amílcar Pop, que impulsó ante el Ministerio Público la solicitud de abrir una averiguación contra el Presidente, por sus supuestos vínculos con el escándalo de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
De todas maneras, será este viernes que el Congreso de Guatemala haga el sorteo donde se escogerán a los cinco diputados que constituirán la comisión encargada de decidir si es prudente o no retirar la inmunidad al Presidente, para que entonces comience el proceso de investigación penal en su contra.
Por el caso del escándalo de corrupción en el Seguro Social, está preso Juan de Dios Rodríguez, quien fuera secretario privado de Pérez Molina en 2013 y que posteriormente llegó a ser presidente del organismo gubernamental.
Las investigaciones previas señalaron que Rodríguez y otras personas estarían implicadas en la asignación de contratos fraudulentos a empresas privadas, por más de 15 millones de dólares, para la atención de pacientes con enfermedades renales.
El jueves Pérez Molina se dirigió al país y aseguró que no tiene ninguna intención de renunciar a su cargo como presidente de Guatemala. Su período termina en enero de 2016. El funcionario dijo además que supuestamente no tiene ninguna responsabilidad en los casos de corrupción en los que se le menciona.
Siguen las protestas
El jueves otro grupo de gutemaltecos salió a la calle y se apostó frente al Congreso de ese país, para apoyar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de despojar al Pérez Molina de su inmunidad.
Guatemala tiene más de dos meses enfrentando una crisis política, en la que sus ciudadanos se han centrado en salir a solicitar la renuncia de su Presidente, por todas las informaciones que lo relacionan con supuestos hechos de corrupción.
El pasado 8 de mayo presentó la renuncia Roxana Baldetti, quien hasta ese día se desempeñó como vicepresidenta del país centroamericano.
Badetti también es investigada por su supuesta vinculación con un fraude tributario en el que está implicado su ex secretario privado.
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