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El asesinato de Robert Serra fue una venganza. Reprochable, como cualquiera de los 25 mil homicidios que ocurrieron en Venezuela el año pasado. No hubo tal conspiración política, ni grupo paramilitar con ansias de desestabilizar o causar conmoción en la población venezolana. Esa verdad la saben muchos desde las primeras horas después que ocurrió el hecho, aquel 1 de octubre de 2014.
Era obvio que para matar al diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de su casa, alguien del entrono estaba implicado.
El joven parlamentario del chavismo jamás andaba solo. Ni siquiera para salir a almorzar, en los alrededores de la Asamblea Nacional, se desprendía de su equipo de escoltas.
El “incidente” con Eduwin José Torres Camacho, de apenas 21 años, no fue el primero que Serra tuvo con alguien de su equipo de seguridad. Este escolta se quiso vengar del parlamentario y se apoyó en un grupo delictivo para concretar su plan. No fue al revés. No hubo ningún grupo paramilitar, ni tampoco un crimen selectivo. El móvil fue la supuesta relación íntima que había entre ambos, y que el joven policía también quería terminar. Lo sabe la policía, la Fiscalía y también lo supo el chavismo.
Pero antes, en 2012 otro de sus guardaespaldas, identificado como Alexis Barreto, funcionario del Cicpc, apareció muerto en el parque nacional El Ávila. En una entrevista que hice a Irene Venezuela, madre del guardaespaldas, ella reconoció que su hijo y el parlamentario tenían una relación, y que Barreto no quería trabajar más con él.
La trama de este asesinato se esclareció desde el mismo momento en que el Ministerio Público analizó los teléfonos de Robert Serra y de Eduwin Torres. Ahí fue evidente que entre esos dos había un conflicto y se estableció que no tenía nada que ver con un crimen político.
Nadie tiene derecho a perder la vida y menos por su condición sexual. Ese no es el punto, ni justificación para que haya ocurrido el asesinato de Robert Serra. Pero ya basta de que a los venezolanos se les engañe con una historia sin sentido.
Pero el Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba llevar el tema más allá. Sacarle el máximo provecho y convertirlo en un show que apelara al sentimentalismo, como lo hacen con todos sus muertos «importantes».
La mentira se les cayó con la extradición, desde Colombia, de Leiver Padilla Mendoza, el pasado 31 de mayo. “El Colombia” es un delincuente común, de los tantos que han vivido en las estructuras de Misión Vivienda.
Fue precisamente Padilla quien escuchó en una oportunidad a Eduwin Torres discutiendo con Serra por teléfono, y allí el escolta le solicitó ayuda para concreta el plan de matar al parlamentario chavista.
El pago serían las armas y los dólares que el diputado tenía en su vivienda, que por cierto, las autoridades nunca explicaron por qué. Solo alguien de mucha confianza podía saber que Serra tenía esas cosas en su casa.
Para desmontar el show del Gobierno de Nicolás Maduro sobre el caso Serra, hay que hacer énfasis en algunos puntos importantes.
Lo más grave es la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. El hecho de que el presidente salga a dar detalles de lo que investiga el Ministerio Público, y adelante opiniones o señale a personas, con el alegato de que la víctima era un diputado, es un acto irresponsable, que se ha repetido en varios casos vinculados con la política venezolana.
El Gobierno de Nicolás Maduro juega con sus propios seguidores y pretende esconder la verdad al país.
El abogado penalista venezolano, Alberto Arteaga, explicó al PanAm Post que el fin del proceso penal es el establecimiento de la verdad. Pues bien, incorporar a Julio Vélez dentro de la trama del asesinato de Robert Serra dista mucho de perseguir la verdad.
Tan es así, que a Vélez terminaron imputándole delitos que nada tienen que ver con el homicidio del diputado, y nadie del Gobierno se preguntó por qué.
Vélez fue aprehendido en tiempo récord, en el centro-occidente de Venezuela. Llevado a Caracas e imputado por la presunta comisión de los delitos de uso de documento público falso, forjamiento de documento público, detentación y ocultamiento de arma de guerra y municiones. Un día antes, Maduro se dirigió al país y con foto en mano lo señaló de ser quién supuestamente pagó para que mataran a Serra. ¿Dónde está la imputación por homicidio en grado de determinador, Nicolás?
La mentira no la pudieron sostener y dejaron enfriar el tema. Típico del Gobierno Venezolano, porque total, en un par de días surgiría otro escándalo que opacaría el mito creado con el asesinato de Serra. Lo reflotarán para la campaña de las elecciones parlamentarias, porque una de las candidatas del chavismo, obviamente, es la madre del “mártir rojo”.
A “El Colombia” sí le imputaron homicidio calificado, robo agravado y asociación para delinquir. Los mismos delitos que le imputaron en octubre de 2014 a Eduwin Torres. A Padilla Mendoza lo mostraron desde el mismo momento en que descendió del avión que lo llevó a Venezuela, custodiado y sin esposas.
En cambio a Eduwin Torres a duras penas lo mostraron en un video, editado, con el rostro y la voz distorsionados, en el que supuestamente cuenta cómo fueron los hechos. Esa historia no era creíble.
“En este, como en tantos otros casos, se abusa del artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, cuando se aplica la asociación para delinquir, solo porque tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Pero ese artículo es claro y aplicable solo a personas que formen parte de un grupo de ‘delincuencia organizada’, no a cualquier banda de malandros de las que hay en Venezuela”, explicó Arteaga al PanAm Post.
El Gobierno dijo que “El Colombia” era paramilitar y que contrató a Torres para que lo ayudara a llegar a Serra. ¿Cómo explican entonces que los apartamentos de Misión Vivienda son asignados a miembros de grupos paramilitares? Porque Padilla vivía en los edificios de La Paz, conocidos con el nombre de una famosa cárcel de Venezuela (Rodeo I y Rodeo II) desde un año antes del crimen.
El escolta de Serra pasó de ser un simple aspirante a policía, que vivía en Antímano (otro populoso sector del oeste venezolano), a habitante de Misión Vivienda solo por cuidar al diputado chavista. Con el cargo llegaron esa y otras comodidades, pero justo después de su detención, los familiares denunciaron que los querían sacar de la vivienda.
El Gobierno de Nicolás Maduro juega con sus propios seguidores y pretende esconder la verdad al país.
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