Hace más de un año que Ricardo Martinelli dejó la presidencia de Panamá y los escándalos por hechos de corrupción no dejan de surgir. En esta oportunidad, la Contraloría de ese país centroamericano determinó que un grupo de funcionarios intentó desaparecer los rastros sobre la compra de alimentos mediante el Programa de Ayuda Nacional, que fueron utilizados para la obtención de votos.
Según reportaron los principales periódicos en Panamá, el organismo determinó, a través de una auditoría forense que realizó, que el desfalco al Estado fue de por lo menos US$100 millones en contratos. Estas bolsas de alimentos supuestamente habrían sido utilizadas por los candidatos de Cambio Democrático (CD) durante la campaña electoral para el proceso que se celebró el pasado 4 de mayo de 2014.
En total, las autoridades cuentan con cinco auditorías relacionadas el fraude con el PAN (Programa de Ayuda Nacional) y el mal uso de sus recursos, entre ellos, la compra de comida deshidratada, la adquisición de equipos para interceptar llamadas telefónicas, la adquisición de morrales escolares y la contratación y alquiler de helicópteros.
Los informes más reciente señalan que fue mediante la declaración del ex jefe de los almacenes del PAN, Edwin Serracín, que se supo que una semana después de las elecciones de 2014 un vehículo sin identificación se llevó las actas de entrega de las bolsas de alimento.
La investigación por este caso la lleva a cabo la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo y se determinó que además de desaparecer parte de las actas, en otras se determinó que fueron autorizadas con firmas falsas o alteradas.
Uno de los testimonio recabados por las autoridades fue precisamente el de un funcionario identificado como Jean Carlos Asprilla, quien trabajaba como almacenista del PAN. Esta persona habría testificado que su firma no era la que aparecía en los documentos donde se autorizaba la entrega de mercancía del organismo de ayuda social.
Las autoridades determinaron, después de practicar una experticia técnica, que en efecto, la firma que aparecía en los documentos que lograron recuperar no era la de Asprilla, según reportó la Contraloría de Panamá.
Se dice que detrás de todo este fraude de la supuesta compra de alimentos para el PAN, fueron tres los comerciantes beneficiados. El primero de ellos habría sido supuestamente Roberto Carretero, quien de acuerdo con las investigaciones, obtuvo por los menos US$3,5 millones por la venta de alimentos a la institución.
Otro de los mencionados en el escándalo es Juan Carlos Marciaga, quien habría supuestamente obtenido ganancias por más de US$6,8 millones, mientras que también se habla de que Caneto Araúz se lucró con US$6,7 millones.
Las autoridades lograron incautarle tanto a Araúz, como a Marciaga US$2 millones, respectivamente, mientras que en el caso de Carretero solo le pudieron confiscar US$1 millón.
La Contraloría determinó que no solo fue a través de la venta de alimentos que estos comerciantes obtuvieron sus ganancias tras la fachada del PAN, sino que además, Marciaga era el principal proveedor del programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda, mientras que en el caso de la indagación contra Araúz, se dice que ganó millones mediante la venta de morrales escolares y que Carrero vendió al Gobierno juguetes y bicicletas.
Suspensión de una de las causas
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Panamá suspendió temporalmente la investigación que se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli, precisamente por la compra de alimentos deshidratados con recursos del Programa de Ayuda Nacional, después que el fiscal del caso presentara una advertencia de inconstitucionalidad.
Habrá que esperar que la CSJ decida sobre la solicitud planteada por el magistrado Oydén Ortega, quien también solicitó a las autoridades más tiempo para investigar a Martinelli sobre esta misma causa.
Fue el magistrado Jerónimo Mejías quien ordenó la suspensión del proceso hasta que el pleno de la CSJ decida si admite o no la advertencia.
No fue sino hasta el 4 de mayo que el Tribunal Electoral levantó el fuero al ex presidente Martinelli, a quien se le investiga por su presunta responsabilidad en al menos cinco escándalos por hechos de corrupción, ocurridos durante su gestión.