Durante los primeros meses de 2015 la situación de violencia e inseguridad en El Salvador ha obligado a las autoridades de ese país a tomar decisiones que coadyuven a la disminución de los índices de homicidio que se han registrado, a consecuencia de los enfrentamientos entre las maras y los cuerpos policiales.
La más reciente iniciativa fue proponer ante el Congreso la aprobación de un proyecto de ley que contempla el pago de un impuesto de 10% al uso de las telecomunicaciones y la adquisición de equipos, para crear un fondo que permita financiar los planes de seguridad.
“El Salvador necesita US$400 millones anuales para poder enfrentar con capacidad y efectividad la problemática de la seguridad. Con esta propuesta tal vez se pueda llegar a recaudar US$130 millones anuales, durante los próximos cinco años, que ayudarán en gran medida a la solución del problema. Es un dinero que no es despreciable y que será el complemento de lo que aporte el presupuesto nacional”, explicó el padre José María Tojeira, profesor de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador.
La propuesta fue presentada ante la Asamblea Nacional el pasado 17 de septiembre, bajo el nombre de “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, que establece una alícuota de 10% para los servicios de telefonía fija y celular y servicios de televisión por cable para los salvadoreños.
El presupuesto global aprobado por el parlamento de El Salvador es de $4.820 millones, por lo cual una erogación de $400 millones equivale a 8% de ese monto.
“Lo que es evidente es que el país necesita recaudar más fondos para sus planes, no solo de seguridad, sino de educación y de salud. Este impuesto quizá no sea el ideal, porque grava el consumo; se debería más bien apuntar hacia la vía de los impuestos progresivos que cobran más a los que más tienen. ¿Qué este sea el mejor? Pues no, pero se necesitan los fondos para actuar”, expresó el ex rector de la UCA a PanAm Post.
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La propuesta fue presentada por los ministros de Justicia y Seguridad, Benito Lara, y de Hacienda, Carlos Cáceres, quienes consignaron el anteproyecto para que sea incluido en la agenda legislativa. En total, de aprobarse el texto, los salvadoreños tendrán que pagar 23% más en su factura mensual de telefonía y TV cable, entre el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 10% de alícuota que propone el Ejecutivo, según reportaron los medios locales.
Recientemente las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de ese país emitieron un fallo en el que califican a partir de ahora como “grupos terroristas” a las maras, con la intención de aplicar políticas más efectivas para combatirlas, en especial a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, las más peligrosas del país centroamericano.
Solo durante el mes de agosto, en ese país ocurrieron 907 homicidios, y durante lo que ha transcurrido del 2015, la cifra total de asesinatos ya sobrepasó los 4.239 casos, lo que significa un incremento de 8,3% en comparación con 2014, cuando la cifra total durante todo el año fue de 3.912 homicidios.
Críticas
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, defendió la iniciativa presentada por los representantes del Ejecutivo y aseguró que no se trataba de un plan improvisado. “La inseguridad es un problema de largo plazo y se requiere el aporte de la población (…) es de justicia que todos aportemos a la seguridad, es la hora de actuar, que nos preguntemos: ¿de qué forma puedo contribuir?”, declaró el mandatario en rueda de prensa, según el reporte de los medios de comunicación.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad se han manifestado en contra del proyecto de ley, como por ejemplo, algunas fracciones de diputados de la Asamblea Nacional y la Iglesia católica.
“Quisiera que la discusión fuera pensando en el bien de toda la comunidad, principalmente de los más pobres, ese aspecto fiscal debe corregirse, no estoy en contra de los impuestos, pero deben ser justos”, declaró el pasado domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
Solo resta esperar que la plenaria de la Asamblea Nacional inicie la discusión del proyecto de Ley, para saber a partir de cuándo los salvadoreños tendrán que pagar la alícuota adicional por sus servicios de telecomunicaciones.