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Nuevo parlamento venezolano debe investigar la corrupción del chavismo

Por: Thabata Molina - @Thabatica - Dic 8, 2015, 4:50 pm
La nueva Asamblea Nacional de Venezuela se instalará el próximo 5 de enero de 2016. (SienteAmérica)
La nueva Asamblea Nacional de Venezuela se instalará el próximo 5 de enero de 2016. (SienteAmérica)

EnglishLa victoria obtenida por la coalición opositora venezolana en las elecciones parlamentarias del pasado domingo 6 de diciembre abre la posibilidad de que, finalmente, se investigue qué hay detrás de varios escándalos de corrupción que han sido ventilados durante la era del chavismo, y que jamás fueron debatidos en el seno del Poder Legislativo, controlado por el oficialismo durante los últimos quince años.

Al obtener una mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional, con 112 diputados electos, la bancada opositora tiene potestad para la aprobación o derogación de Leyes Orgánicas, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la posibilidad de activar una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa no parece ser la vía a tomar, al menos no en este momento.

Lo más importante para los nuevos diputados de la bancada opositora será ordenar las ideas y priorizar aquellos escándalos que involucran a funcionarios, y en los que se habla del desfalco del erario venezolano, como por ejemplo, los US$25 mil millones que se robaron a través de las empresas de maletín y asignaciones del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) que denunció el exministro de Planificación y connotado “chavista” Jorge Giordani.

[adrotate group=”7″]Después de 13 años con control de cambio en Venezuela, han sido varios los episodios de denuncias relacionados con hechos de corrupción cometidos a través del desvío de dólares, a través de los distintos entes, como la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), creados por el Gobierno para restringir el acceso a las divisas a los venezolanos de a pie, mientras que militares y civiles vinculados vinculados con el oficialismo han sido señalados de estafar al país mediante la asignación de millonarias sumas de dinero para la importación de recursos que jamás han llegado a Venezuela.

Sería oportuno que la Asamblea Nacional aclare una duda al país, relacionada con la verdad sobre el acta de nacimiento del presidente Nicolás Maduro y su supuesto origen colombiano, al menos para que quede claro el tema y se acabe la duda.

La nueva directiva de la Asamblea Nacional debería escoger una comitiva que viaje a Estados Unidos a investigar todo lo relacionado con las acusaciones contra Diosdado Cabello y sus supuestos vínculos con carteles del narcotráfico, así como la detención de Franqui Flores y Efraín Campos Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela y ahora diputada del parlamento, Cilia Flores, para corroborar la filiación con la familia presidencial y el alcance de sus vínculos con el narcotráfico.

La era del chavismo pasará a la historia como la época de mayor bonanza petrolera de Venezuela, pero también como la etapa más oscura en el manejo de los fondos públicos de la estatal Petróleos de Venezuela. Es por ello que una de las tareas pendientes del nuevo parlamento será solicitar que se aclare al país todo lo relacionado con el desfalco de Pdvsa mediante el desvío de fondos durante la gestión de Rafael Ramírez, pues hasta Estados Unidos ha anunciado que se inició una investigación por estos hechos.

Esta compañía se convirtió en el saco sin fondo del Gobierno venezolano, que se dedicó a extraer recursos sin control, en la época que el petróleo venezolano se cotizaba a precios muy altos en el mercado mundial. La tribuna del Parlamento sería un escenario ideal para que Venezuela conozca el trasfondo de estos hechos.

Otra de las tantas cuentas pendientes del Gobierno chavista, que sin duda alguna debe ser investigada lo más pronto posible por el recién electo parlamento venezolano, es la pérdida de recursos del Estado por la importación de alimentos por parte de la filial de Petróleos de Venezuela, Pdval, que posteriormente fueron hallados en estado de descomposición en varios estados del país.

Este escándalo data de 2010 y según los datos preliminares, en total se perdieron más de 170.000 toneladas de alimentos que habían sido importados para los venezolanos y en el actual parlamento jamás conocieron los resultados de las investigaciones que supuestamente se realizarían. Por este caso sólo permanecen detenidos tres de los directivos del organismo.

No estaría demás que en la agenda parlamentaria se incluyera la premisa de aclararle al país todo lo relacionado con la enfermedad y muerte del expresidente Hugo Chávez, ocurrida supuestamente el 5 de marzo de 2013, después de tres meses de haberse ido a Cuba a seguir con el tratamiento contra el cáncer.

Chávez fue trasladado a Venezuela el 18 de febrero y según el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, con una franca mejoría de su salud, pero que culminó con su muerte apenas 15 días después.

En julio de 2014 desde Argentina se denunció la presunta vinculación de María Gabriela Chávez, hija del expresidente Hugo Chávez, en un escándalo de corrupción en la importación de arroz y maíz blanco, como parte del convenio agroalimentario entre Argentina y Venezuela, con sobreprecio de hasta 80%, según denunció en aquel momento el diario Clarín.  Después que esta información fue publicada, dos diputados venezolanos de la bancada de la oposición solicitaron a la AN que se iniciara una investigación, que jamás se hizo. Este podría ser el momento de la oposición para comenzar a pedir celeridad en esas indagaciones.

La libertad de expresión en Venezuela ha sido uno de los derechos más vulnerados por e Gobierno chavista y la más reciente estocada parece haber sido la compra compulsiva de medios de comunicación para solidificar la hegemonía comunicacional. En una investigación hecha recientemente por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), titulada “Propietarios de la Censura”, se determinó que en cinco años fueron comprados 25 medios de comunicación por supuestos empresarios vinculados con los poderes estatales, y que todas estas transacciones fueron hechas bajo una total opacidad, es por ello que la victoria de la oposición dentro de la nueva Asamblea Nacional podría servir también para que se esclarezca de qué manera fueron adquiridos estos medios y se le ponga freno a la censura.

De todos modos, no será sino hasta de enero de 2016 que comience a trabajar el nuevo parlamento, y de aquí hasta allá seguramente surjan muchos más asuntos que requieran ser investigados y debatidos en esta nueva etapa del Poder Legislativo venezolano.

Thabata Molina Thabata Molina

Thabata Molina es una periodista venezolana especialista en temas de seguridad, violencia y conflictos penitenciarios con 12 años de experiencia en periódicos venezolanos, entre ellos El Nacional y El Universal. Oriunda de Caracas, actualmente reside en Panamá. Síguela @Thabatica.