En Panamá, la sociedad está dividida en relación con la orden de detención emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas telefónicas. Las reacciones sobre la decisión emitida la noche del lunes 21 de noviembre no se hicieron esperar, tanto a favor como en contra; y ahora, la expectativa se centra en cuál será el procedicimento para hacerlo comparecer ante el juzgado de la causa.
La defensa del expresidente se centra en este momento en denunciar ante la justicia internacional los supuestos vicios que existen en el proceso, según lo explicó a PanAm Post el abogado Leonardo Paul, integrante del equipo de defensa de Martinelli. El expresidente se encuentra en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, desde enero de 2015.
“La defensa respeta la decisión del pleno de la Corte Suprema, pero es una decisión lamentable, apartada del derecho; incluso, respetando la majestad de los jueces, es un exabrupto que se ordene la detención de una persona a la que ni siquiera se le han imputado los delitos que supuestamente cometió”, señaló el jurista.
Según Paul, la decisión de la CSJ de Panamá viola el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que “toda persona debe ser oída, con las debida garantía y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Es por ello que advirtió que aunque ejercerán todos los recursos legales que consagra la legislación panameña, acudirán a los organismos internacionales a solicitar respaldo para su defendido.
El jurista explicó que el artículo 489 del Código de de Procedimiento Penal de Panamá viola la Constitución política, por lo que esa norma no debe ser aplicada en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, por lo tanto, consideran que la decisión del pleno de la CSJ está viciada.
“Al señor Martinelli no se le ha imputado nada, entonces cómo pretenden que él asista a una acusación. No se puede seguir diciendo que no es necesaria la imputación y que él fue convocado para la acusación, porque hasta ahora nadie ha dicho cuáles son los hechos que demuestran el delito que supuestamente cometió, ni han mostrado los elementos que acreditan la comisión del hecho punible”, comentó el abogado Leonardo Paul.
En relación con la reacción del exmandatario centroamericano, el abogado destacó que este martes, muy temprano, Martinelli había hecho llegar un mensaje al periodista panameño Álvaro Alvarado, donde reitera que se trata de una persecución política por parte del presidente Juan Carlos Varela, y que irá a Panamá cuando haya un cambio político.
En exclusiva, Ricardo Martinelli me da la primera reacción luego de la decisión de la Corte Suprema. pic.twitter.com/5X1bqSbP8N
— Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) December 22, 2015
La semana pasada el juez de Garantías del Segundo Tribunal de Panamá, Jerónimo Mejía, declaró al expresidente Ricardo Martinelli en desobediencia por no presentarse en la audiencia de acusación que se celebró el pasado 11 de diciembre. Ese mismo día el magistrado Harry Díaz, quien hace las veces de fiscal de garantías en el caso, solicitó ante el pleno de la CSJ que emitiera una orden de captura contra el exmandatario panameño.
[adrotate group=”7″]Díaz concedió una entrevista al canal de noticias panameño TVN, en la cual explica en qué se fundamenta la decisión del pleno de solicitar la medida de privación preventiva que emitió contra Ricardo Martinelli. El magistrado explicó que ahora el juez Jerónimo Mejía debe recibir la notificación oficial de parte del pleno de la CSJ sobre la medida de detención para que proceda a la notificación y ejecución del fallo, a través de la emisión de una alerta roja a través de Interpol.
El magistrado sugirió al expresidente panameño que se evite el mal rato de ser detenido y esposado, y que mejor se presente voluntariamente ante la justicia de su país.
Carlos Lee, presidente de la ONG Alianza Ciudadana Projusticia, destacó que es necesaria la comparecencia del exmandatario para que se desarrolle el proceso en su contra, por lo que aseguró que todo se ha dado dentro de los lapsos establecidos en la legislación panameña.
“Ahora está en manos del juez de Garantías proceder con la orden que dio el pleno. Existen dos mecanismos con Estados Unidos para lograr que se procure la detención del señor Martinelli, mediante el convenio de asistencia legal. Sólo queda esperar que las instituciones hagan su trabajo”, explicó Lee a PanAm Post.
Este es apenas uno de los casos de corrupción por los que es investigado Martinelli, quien se desempeñó como presidente de Panamá desde 2010 hasta 2014, cuando fue electo Juan Carlos Varela como el nuevo mandatario de la nación centroamericana.