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Los escándalos en las cárceles venezolanas no son un tema nuevo en el ámbito internacional. Se han vuelto cada vez más famosas por los acontecimientos y la falta de autoridad reinante en estos recintos, donde los reclusos están armados y llevan una vida de reyes con anuencia del Ministerio de Servicio Penitenciario.
El 3 de febrero comenzó a circular un video en Instagram en el cual la compañía Portal de DJ’S Oficial promociona la presentación de un DJ venezolano conocido como DJ Lenen en Disco Tokio, la popular discoteca de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, al centro del país.
En las breves imágenes se aprecia a un grupo de reclusos bailando música electrónica alrededor de una pista de baile, al ritmo de los pasos de otra persona disfrazada como el popular personaje de videojuegos Mario Bros.
PanAm Post se comunicó vía telefónica con el DJ, quien explicó que por una fiesta, toda la noche, cobra Bs. 20.000, incluyendo los equipos (US$20 al cambio no oficial).
Justamente en esa misma cárcel el martes 10 de febrero ocurrió una situación confusa entre efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomaron el recinto hasta con tanquetas y helicópteros, y los reclusos que dispararon contra los oficiales.
Sin embargo, nadie aportó información oficial sobre lo ocurrido. Lo único que trascendió fue que supuestamente hubo un conflicto entre un líder de los grupos delictivos que operan dentro de la cárcel y los funcionarios de la GNB, porque al recluso conocido como «El Niño Guerrero«, que tiene el control del penal, le impidieron ingresar un lote de materiales de construcción.
El abogado y criminólogo Luis Izquiel expresó al PanAm Post que el video es «una evidencia más del descontrol que hay en las cárceles venezolanas. El Estado no tiene dominio sobre estos centros, que al final se han convertido en paraísos para delincuentes, donde tienen piscinas, discotecas, mangas de coleo, conciertos, armas, droga, mujeres y alcohol. Evidentemente eso no facilita la rehabilitación, que es el fin de la cárcel, pero eso no ocurre en Venezuela».
El experto advirtió que esas irregularidades dentro de las cárceles del país suramericano no son nuevas, pero que cada vez con más frecuencia aparecen pruebas de que ocurren con el consentimiento tanto de la ministra Iris Varela, como de los funcionarios de la GNB.
Precisamente esta ministra y otros funcionarios responsables del control de los centros de reclusión fueron citados ante la comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional para que explicaran una serie de eventos irregulares ocurridos en los últimos días.
Sin embargo, la funcionaria no acudió a la primera citación hecha por el parlamento, que desde el pasado 5 de enero es controlado por una mayoría opositora al régimen de Nicolás Maduro.
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Específicamente, los parlamentarios esperaban que Varela pudiera explicar al país por qué los reclusos de la cárcel de San Antonio, en Nueva Esparta, al noreste de Venezuela, tienen armas de guerra.
La citación se hizo a raíz de otros videos y fotografías que circularon en las redes sociales, donde se veía a los presos en los techos del penal disparando al aire como medida de protesta porque no les llevaron el cadáver de «El Conejo», otro exrecluso, que durante muchos años estuvo preso en ese centro de reclusión y que era allí el encargado de controlar las armas y la droga.
Teófilo Rodríguez Cazorla, mejor conocido como «El Conejo», fue asesinado el pasado 24 de enero, al salir de una discoteca en la localidad de Porlamar, en Nueva Esparta.
Estuvo preso hasta principios de 2015 y ya se había hecho famoso por convertir la prisión oriental en una suerte de resort, con piscina, tal como lo mostró un reportaje del New York Times, y por su popular fotografía con la ministra Varela, abrazados en su cama, dentro del penal.
«Todos esos privilegios que tienen los presos y las irregularidades que ocurren dentro de las cárceles venezolanas son financiados con delitos que se comenten desde las propias prisiones, como extorsiones, secuestros, robos de vehículos y sicariatos, además de las mismas extorsiones que cometen los líderes de estos grupos que operan dentro de las cárceles con otros presos a quienes les cobran hasta por un espacio para dormir», explicó Izquiel.
El jurista afirmó que todas estas irregularidades ocurren con conocimiento de la ministra Iris Varela y de la GNB, que es el organismo encargado de la custodia externa de las cárceles venezolanas.
Por su parte, la ministra siempre negado la realidad de lo que ocurre dentro de las prisiones, a pesar de que los conflictos siempre salen a la luz pública. En relación con lo ocurrido en la cárcel de San Antonio indicó que ordenaría la realización de una requisa para «recoger» todas las armas que exhibieron los reclusos.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún plan de desarme dentro de ese centro de reclusión.
«En algún momento Varela tendrá que comparecer, al igual que el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y el comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, para que expliquen a la Asamblea Nacional (AN) y al país por qué los presos tienen armas de guerra», sentenció Luis Izquiel.
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