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La Conferencia Episcopal de Argentina informó que el Vaticano está ordenando los documentos relacionados con la dictadura argentina de la década de los 70, para desclasificarlos y hacerlos públicos, a propósito del anuncio que hizo Estados Unidos sobre el mismo tema, como parte de la próxima visita del presidente Barack Obama.
La decisión de la Santa Sede se hace pública a pocos días de cumplirse 40 años del último golpe de Estado que hubo en Argentina y en el marco de la visita que harán las los familiares de las víctimas desaparecidas al Papa Francisco el próximo miércoles, en una audiencia general que se celebrará en Roma.
Según el diario local La Nación, la agencia de noticias Telám conversó con el segretario General de la Conferencia Episcopal de Argentina, Carlos Malfa, quien confirmó que el Vaticano se encuentra «ordenando» los archivos para hacerlos públicos, pero que se llevará tiempo. «Ordenarlos lleva su tiempo porque implica la lectura y clasificación de los documentos. Algunos estaban más ordenados y otros necesitan más atención», señaló el sacerdote después de haberse reunido con el Papa Francisco en la Santa Sede.
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Malfa indicó que se trataba de cartas que se enviaban y recibían para solicitar que se indagara sobre el paradero de las personas que eran detenidas o desaparecidas, y algunos recortes de periódicos de la época.
El próximo miércoles el Papa recibirá en audiencia a Marie-Noelle Erize Tisseau, hermana de Marie-Anne, desaparecida en San Juan el 15 de octubre de 1976; Víctor Carvajal, hermano del dirigente comunista Alberto Carvajal, asesinado el 18 de agosto de 1977 en la misma provincia; y Genevieve Jeanningros, sobrina de la monja francesa Leonie Duquet, desaparecida el 10 de diciembre de 1976 en Buenos Aires.
El anuncio del Vaticano se conoce unos días después que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la descalsificación de sus archivos militares y de inteligencia sobre la última dictadura militar de Argentina, ocurrida desde 1970 a 1983. Se dice que durante esta época, los organismos de derechos humanos señalaron que habían sido asesinadas por lo menos 30.000 personas.
Fuente: La Nación, El Comercio
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