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La Secretaría General de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela ordenó a todos los directores regionales del organismo despedir a todos los funcionarios de ese cuerpo de seguridad que «se presten para la guerra económica contra los venezolanos», según informaron a los uniformados a través de una comunicación oficial enviada el pasado lunes 25 de abril de 2016.
En el texto, firmado por el mayor César Augusto Marcano, secretario General de la PNB, se especifica que es una orden directa del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Después de la perorata del saludos oficialista que suele acompañar a todos los comunicados oficiales de los organismos públicos venezolanos, la circular dice: «hay que sacar a todos esos funcionarios corruptos y bandidos que creen que ganándose de esa forma un dinero, van a beneficiarse, y por el contrario, le están haciendo un daño a las comunidades, al pueblo y al país».
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La comunicación fue emitida a propósito de la difusión de un video publicado a través de las redes sociales, en los cuales se identifica a funcionarios de ese organismo de seguridad supuestamente «bachaqueando» un lote de papel sanitario en una autopista de Caracas y las constantes denuncias de la ciudadanía de que los policías y militares si tienen acceso a productos de la canasta básica, cuando el venezolano común debe hacer largas filas durante días enteros para poder comprar con restricción los pocos artículos que le permiten.
«No se trata de un simple proceso de cambiarlos, ¡fuera! una depuración a fondo, real y concreta», dice la circular que emitieron a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
En Venezuela, las autoridades atribuyen la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad a una supuesta guerra económica, cuando la realidad es la falta de productividad y la limitación que los empresarios locales tienen para adquirir las divisas necesarias para la importación de materia prima y productos terminados.
Con la emisión de esta circular oficial, la directiva de la PNB venezolana reconoce que las autoridades, lejos de ayudar a solucionar el problema de la escasez en el país, son parte del conflicto y que se valen de su investidura para obtener recursos por canales irregulares.
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