El 26 de abril de 1968 un joven llamado Paul Robert Cohen fue arrestado por usar una chaqueta que decía “Al diablo el reclutamiento” (Fuck the Draft, en inglés) en los tribunales de Los Ángeles. De acuerdo con Cohen, la chaqueta expresaba sus sentimientos sobre la guerra de Vietnam y la conscripción que hacía el Gobierno de Estados Unidos.
Cohen fue acusado de “perturbar la paz o tranquilidad de un vecindario o persona de forma maliciosa e intencional con una conducta ofensiva” según el Código Penal de California, y fue sentenciado a 30 días de cárcel. El incidente llevó a uno de los fallos más importantes de la jurisprudiencia estadounidense en cuanto a libertad de expresión.
La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la pena en 1971, y decidió que la expresión de Cohen estaba protegida por la Primera Enmienda. Acerca de los usos del lenguaje obsceno, el juez John Marshall Harlan escribió una frase que se haría famosa: “La vulgaridad de un hombre es la lírica del otro”.
Los asuntos políticos a menudo conducen a la pasión, y la pasión a veces causa vulgaridad, pero eso es parte de lo que se espera en una sociedad democrática y libre. “Muchas veces, la consecuencia inmediata de esta libertad suele parecer sólo tumulto, discordia, e incluso declaraciones ofensivas”, observó Harlan. “Estos son, a decir verdad, efectos secundarios necesarios de los valores perdurables que nos permiten alcanzar el proceso de debate abierto. Que el aire pueda, por momentos, parecer lleno de cacofonías verbales es, en este sentido, no un signo de debilidad, sino de fuerza”.
Pero la debilidad quedó en evidencia esta semana en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá, cuando los administradores de la universidad acordaron sancionar a los estudiantes que usaron camisas con la frase “Al diablo el Espacio Seguro“, en una fiesta fuera del campus universitario. Los estudiantes alegaron que con el uso de las camisas querían oponerse a las políticas que prohíben decir groserías y beber en el campus.
Al parecer, los diseñadores no estaban al tanto (o quizás estaban desinformados) de que en Carleton, “Espacio Seguro” hace referencia a los esfuerzos de los Servicios de Equidad para “reducir el impacto de la homofobia y del heterosexismo en el campus”.
Independientemente, la intención de esos estudiantes era expresar su oposición hacia las políticas a las cuales son sujetos —un derecho que es, dentro y fuera del campus, la forma de expresión más sagrada y protegida en Canadá.
El funcionamiento adecuado de la universidad exige del intercambio libre de ideas. Silenciar al disenso envía un mensaje a los actuales y futuros estudiantes de Carleton: debes callarte o serás amonestado. Castigar a estos estudiantes que pagan sus matrículas porque expresaron una opinión sobre la universidad a la cual asisten (¡mientras estaban fuera del campus!) es análoga a la sentencia de California que decía que Cohen estaba perturbando al público por opinar pacíficamente sobre la política de reclutamiento de su propio Gobierno.
Lo que es peor, estos estudiantes fueron acosados e intimidados a disculparse por usar las camisas, y realizar un servicio comunitario durante todo el año para reparar el “espacio mancillado” de Carleton después de tales comentarios “inseguros”.
A la luz de esto, y considerando la cantidad de dólares, provenientes de los impuestos, que tienen las universidades a su disposición para pelear largo y tendido en una corte, entiendo de dónde vino la posición de estos estudiantes.
Pero Canadá necesita más Paul Robert Cohens.
Michael Kennedy es el coordinador de comunicaciones y desarrollo del Centro Judicial para las Libertades Constitucionales (JCCF.ca). Es coautor del Índice de Libertad en el Campus, un reporte anual que mide el estado de libertad de expresión en las universidades públicas de Canadá. (La edición 2014 será lanzada a finales de este mes) Síguelo en @MichaelMKennedy.