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Buitres o demonios, ¿quién viola los derechos humanos en Argentina?

Por: Contribuyente - Sep 30, 2014, 4:30 pm

Por Germán Felipe Vega

Cuando uno piensa en violaciones a los derechos humanos, usualmente trae a la mente imágenes de crímenes atroces en tiempos de guerra, en amplias censuras a la libertad de expresión, o bien la marginalización de las minorías ante un criterio arbitrario.

Sin embargo, este 23 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió, con amplia mayoría, una petición del Gobierno Argentino para “condenar” las acciones de aquellos fondos de inversión que “atentan” contra la estabilidad económica (en una especie de “terrorismo financiero”) y por lo tanto impiden la debida tutela de los derechos humanos.

¿Qué tiene que ver un fondo de inversión con los derechos humanos? Aparentemente todo, y a la vez nada.

La resolución se basa en la lucha (eterna) de Argentina con la reestructuración de su deuda soberana. Tras múltiples ceses de pago en las últimas décadas sobre sus obligaciones, Argentina tiene la credibilidad financiera de Pinocho: sus indicadores económicos delatan su incapacidad para administrar el erario público, mientras que los mercados financieros recortan cada vez más sus líneas de crédito.

Con calificaciones de riesgo por los suelos, negociar con deuda soberana Argentina es un riesgo. Tras el default de pagos en 2002, Argentina se vio inmersa en una extensa renegociación de sus obligaciones. Para 2010, el 93% de los tenedores de deuda había aceptado un redescuento del 70% del valor de sus títulos: por cada US$100 de deuda argentina, el Gobierno de este país accedió a devolver 30.

Sin embargo, el 7% de los inversionistas restantes, decidieron darle la espalda al plan de reestructuración y demandar al país por la totalidad de los US$4 mil millones en sus manos.

Estos inversionistas se han llegado a conocer como “fondos buitres”: entidades financieras que compran deuda de países en problemas financieros a un muy bajo precio para luego tomar acciones legales y exigir la restitución total de la misma.

El caso de Argentina es ejemplar, ya que ha sido el fondo de cobertura NML Capital Limited el que ha liderado la lucha legal. Tras años de conseguir resoluciones favorables, NML Capital logró congelar US$105 millones en activos de reserva del Estado argentino en Estados Unidos, incautar el avión presidencial, y más recientemente, obligar al atraque en Ghana de un acorazado de la Naval Argentina por 10 semanas.

Ante estos eventos, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha acusado a estos “fondos buitre” de paralizar y entorpecer el flujo de caja de su país, haciendo a su Gobierno incapaz de ejecutar su política pública por la falta de fondos.

El discurso ante la ONU de la delegación Argentina se valió de esto: los fondos de inversión han ganado batallas legales que los obligan a efectuar enormes amortizaciones sobre su deuda, lo cual reduce la capacidad del Estado argentino para velar por la reducción de la pobreza, dar acceso a la población a servicios básicos, mejorar la educación, y proveer una tutela general de los derechos humanos. Con 33 votos a favor, la propuesta de Argentina fue acogida con éxito, y ahora se buscará crear un organismo legal multilateral que dicte las normas en la reestructuración de deudas.

Sin embargo, a pesar de la “mala fama” que tienen a nivel mundial las instituciones financieras, es muy fácil culpar a terceros por los desastres propios. La resolución adoptada en la ONU envía, por desgracia, un claro mensaje a los países con altos niveles de endeudamiento: en caso de que no puedan pagar, no hay problema, hacerle frente a sus obligaciones legales no es importante. Los incentivos están colocados, y estos apuntan a fomentar una cultura de irresponsabilidad en el manejo de la deuda estatal en pos de “los derechos humanos”.

Argentina no llegó al cese de pagos por un acuerdo tácito entre entidades financieras, sino por un pobre manejo de las finanzas del Estado junto con un mediocre desempeño de su economía.

La defensa sostenida de los derechos humanos se empieza con una Hacienda responsable —utilizar la enfermedad de la segunda para no proteger la primera es como ir enfermo al trabajo sin decirle al jefe para trabajar menos y ganar lo mismo. Si se acusan a los “fondos buitre” de violentar indirectamente los derechos humanos, ¿por qué no acusamos a los gobernantes irresponsables, a esos “otros demonios”, de lo mismo?

German Felipe Vega es Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica y Tesorero del Instituto Amagi.

Artículo publicado originalmente en Instituto Amagi.