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Batalla por tribunales de Guatemala pone en juego a la democracia

Por: Contribuyente - Oct 15, 2014, 2:53 pm

Por Luis Eduardo Barrueto

Guatemala's recently elected Appeals Court judge, Claudia Escobar Mejía, resigned her port and denounced corrupt election practices that favor the ruling party.
La recientemente electa juez de la Corte de Apelaciones de Guatemala, Claudia Escobar Mejía, renunció a su cargo y denunció prácticas electorales corruptas que favorecen al partido gobernante. (Diario Digital)

EnglishClaudia Escobar Mejía, una juez elegida recientemente para las Cortes de Apelaciones en Guatemala, sacudió al país el domingo 5 de octubre al renunciar a su cargo y denunciar públicamente irregularidades en el proceso de elección de magistrados que favoreció al partido en el poder, el Partido Patriota (PP). Lo que salió a la luz como un compromiso inusualmente corrupto —incluso para los estándares locales— no hubiera capturado la atención nacional si no fuera por su denuncia tan clara y contundente.

Su valiente acto ha agitado la opinión pública y desencadenó una acción legal que ahora está a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional, órgano del que depende el futuro de la democracia en Guatemala.

Hace unos años, la Comisión de Postulación reformó el proceso electoral mediante la introducción de una propuesta que intenta hacer la elección más transparente y fomentar la inclusión de grupos supuestamente apolíticos, incluyendo abogados practicantes y universidades.

Cualquier persona con los requisitos oficiales puede postularse para un puesto de juez. La Comisión de Postulación, compuesta por 34 miembros, luego selecciona 26 semifinalistas, de los cuales el Congreso escoge los 13 jueces que tendrán un asiento en la Corte Suprema, así como otros nombramientos menores. Estos magistrados se convierten efectivamente en los líderes del sistema judicial por un período de cinco años. Sin estar sujetos a un sistema eficaz de control y equilibrio, ellos son, de hecho, los hombres al volante de un país cuya democracia formal existe sólo desde 1985.

Varios medios de comunicación y periodistas sacaron a la luz un acuerdo inusual entre el oficialista PP y el principal partido de oposición, Libertad Democrática Renovada (LIDER), para influir en el resultado de la elección mediante recomendaciones a los miembros de la Comisión de Postulación.

Anteriormente antagonistas, los líderes del partido PP improvisaron una alianza con LIDER debido a la ruptura prematura de un pacto previo de tres partidos que había demostrado ser útil en la elección de representantes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en marzo de 2014. La coalición se desintegró después de que esos mismos representantes suspendieran al PP y a su líder, la actual vicepresidente Roxanna Baldetti, por seis meses.

Baldetti respondió en dos frentes: en primer lugar, presentó un recurso legal ante el Tribunal de Apelaciones en el que Escobar era una juez designada. Sin embargo, la denuncia que la juez Escobar presentó ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano técnico patrocinado por la ONU, detalla cómo el congresista Gudy Rivera del PP la presionó para que fallara a favor de Baldetti a cambio de su reelección como magistrada.

En segundo lugar, y sobre todo, Baldetti se apresuró a buscar un nuevo pacto para garantizar que la elección de magistrados sería favorable a su partido. Ella entonces hizo una extraña propuesta a su antiguo enemigo político, el fundador de LIDER y candidato presidencial Manuel Baldizón. LIDER consiguió la posibilidad de elegir a cuatro de los 13 magistrados, logrando así el poder de veto para bloquear cualquier juicio interpuesto en su contra en los próximos cinco años.

En suma, la vicepresidente vendió el sistema de justicia a cambio de una mayoría simple (los nueve puestos restantes en la corte). Independientemente del resultado de las próximas elecciones de 2015, en el que PP y LIDER son los principales contendientes, estos extraños compañeros se cubrieron con el manto de la impunidad.

Ninguno de los decanos de abogados profesionales, ni los rectores de universidades que participan en la Comisión de Postulación, se pronunció acerca de nada de esto. Ellos fueron cómplices en su silencio. Se necesitó de la valiente voz de la juez Escobar para movilizar la opinión pública y envalentonar a los abogados en ejercicio a adoptar una postura por la justicia.

Ante su llamada, diferentes jueces y magistrados discutieron las perspectivas para anular el proceso electoral realizado por la Comisión de Postulación. El 3 de octubre, el grupo de la sociedad civil Acción Ciudadana presentó a la corte el primer recurso legal en contra de la elección.

El 7 de octubre, otros siguieron sus pasos. Sus argumentos, presentados en la Corte Constitucional (CC), se basa en la falta de cumplimiento de los principales requisitos para optar al cargo por parte de los magistrados electos, según lo especificado por la Ley de Carrera Judicial. Presuntamente fueron elegidos a pesar de la falta de los requisitos debido a la conveniencia que esto conlleva para el oficialismo y los principales partidos de oposición.

Otro dispositivo legal fue presentado por el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), que abogó por la derogación de la elección basándose en la violación de la división de poderes. Más de 60 jueces mostraron públicamente su apoyo a la repetición de las elecciones.

Teniendo en cuenta este nivel de escrutinio público, la CC tiene que resolver esto con la justicia en la mente. Una decisión provisional apunta en esta dirección, pero los intereses políticos no van a ceder con tanta facilidad. Existe un precedente esperanzador: la CC bloqueó un proceso electoral corrupto para Fiscal General de manera similar hace cinco años, y la declaración pública de Escobar Mejía ha galvanizado a la opinión pública en internet y en varias manifestaciones frente a la sede de la CC en Ciudad de Guatemala.

Dado que el actual cuerpo de magistrados elegidos favorecerá a los principales candidatos para la siguiente elección, lo que está en juego es el sistema jurídico del país. Puede hundirse aún más en los profundos mares de la impunidad.

En cualquier caso, será necesario disponer de una discusión más amplia que la creación de las Comisiones de Postulación no resolvió: sin magistrados elegidos de forma independiente, la justicia peligra en la mano de políticos de cuarta categoría.

Luis Eduardo Barrueto es periodista en Guatemala. Él estudia el programa de maestría de Erasmus Mundus en periodismo, medios de comunicación y globalización en Londres, Reino Unido. Síguelo en @lebarrueto.

Traducido por Rebeca Morla.

Editado por Elisa Vásquez y Daniel Duarte.