En numerosos discursos, el presidente Evo Morales —al puro estilo mesiánico— se jacta de brindar derechos humanos a los bolivianos. Morales discursea con frecuencia acerca de otorgarle a los bolivianos el derecho al agua, a la alimentación, a la energía eléctrica, a educarse, a vivir bien y así podríamos seguir con una lista de supuestos “derechos” prometidos a los bolivianos.
Lo que Morales no comprende es que muchos de los “derechos” que ofrece no son tales; la educación, el agua, la salud, la energía eléctrica e incluso los bonos que ofrece a los ancianos y embarazadas son más bien bienes económicos.
Morales hace creer a los ciudadanos que todos estos malinterpretados derechos son regalados mágicamente desde el Estado. Sin embargo, los “derechos” —o mejor dicho, bienes económicos— que utiliza el presidente para ganar votos, son nada más y nada menos resultado del esfuerzo acumulado de millones de bolivianos que trabajan día a día para pagar sus impuestos. El Estado no puede dar ni crear derechos, simplemente asegurar su respeto.
Mientras los bolivianos están distraídos con los discursos y “derechos” que regala el presidente, verdaderos derechos humanos respaldados por la Carta Internacional de Derechos Humanos como el derecho a la libertad, a la vida, a la integridad física, al debido proceso y la justicia son violados diariamente en Bolivia.
Según el Reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia de la Fundación Nueva Democracia, 147 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Bolivia sólo en los primeros cuatro meses de 2014.
En detalle, las violaciones abarcan: 16 casos de suspensión o destitución de autoridades democráticamente elegidas por motivaciones políticas; 96 casos de persecución judicial por motivaciones políticas; 35 casos de discriminación a ciudadanos por motivos estrictamente políticos; y 55 personas privadas de la libertad, por diversos períodos, algunas de las cuales, continúan aún en dicha situación.
El caso más dramático es, sin lugar a dudas, el del dirigente cívico de Villamontes, en Tarija, Felipe Moza, quien se encuentra preso en calidad de detenido preventivo desde hace más de cinco años. Además, 42 personas han sufrido lesiones físicas como consecuencia de diversos hechos violentos, de los cuales la mayoría se produjeron en enfrentamientos entre policías y ciudadanos. Por estos hechos fallecieron seis personas durante el primer cuatrimestre del año, entre las que se cuenta la muerte de una niña de apenas siete años de edad como resultado directo de la acción de los organismos de seguridad del Estado.
Por otro lado, el informe de la Fundación Nueva Democracia destaca que las estadísticas en Bolivia omiten que 93 de cada 100 hechos de violencia en el hogar son contra mujeres. La cifra ubica a Bolivia como el país con el nivel más alto de violencia física contra mujeres, de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres. Según el estudio, un 53% de las mujeres bolivianas denunciaron malos tratos, seguido por Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%).
En octubre de 2013, la Fundación Nueva Democracia denunció en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el país existe un “secuestro del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”. Según estadísticas publicadas por la CIDH, hasta el 2013 se habían registrado 87 denuncias, la mayoría pendientes de estudio, contra Bolivia por vulneración de derechos por parte del Gobierno boliviano.
Paradójicamente el presidente Morales hizo un pedido de apoyo internacional para que se defiendan los derechos humanos en Palestina y organiza una marcha en Bolivia para repudiar los ataques de Israel. Mientras que en Bolivia las violaciones a los derechos humanos son el calvario de miles de ciudadanos día tras día.
Editado por Adam Dubove.