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Bolivia: El pecado monetario del Decreto Supremo 21060

Por: Contribuyente - Dic 22, 2014, 6:00 am
El presidente de Bolivia Víctor Paz Estenssoro firmó el Decreto Supremo. (Wikimedia)
Para frenar la hiperinflación, Víctor Paz Estenssoro firmó el Decreto Supremo 21060 durante su cuarto Gobierno en 1985. (Wikimedia)

Por Mauricio Ríos García

Ante la caída de más del 40% de los precios del petróleo en los últimos dos meses, no ha habido Gobierno alrededor del globo que se haya mantenido escéptico sobre sus efectos inmediatos, sobre todo cuando recuerda el inicio de la crisis asiática o la del rublo de fines de los años 90, con índices de volatilidad de mercado incluso superiores.

La excepción, claro, es el Gobierno de Bolivia, que está enviando la señal equivocada al público y estableciendo la estrategia exactamente inversa sobre la manera en la cual se debe administrar una crisis agravada por el contexto internacional.

En 2005, el economista Jeffrey Sachs contaba que la hiperinflación en Bolivia había sido controlada solo cuando, luego de su rebrote en diciembre de 1985, el Banco Central decidió subastar al público sus dólares en reserva.

En 1986, cuando la economía salía de la depresión, habiendo depurado sus desenfrenos, la dolarización de la economía alcanzaba el 90% y las tasas de interés el 20%; pero en vez de terminar de dolarizar la economía, el Decreto Supremo 21060 no estableció garantía alguna para que aquel infame episodio no se repitiera en el país, al haber mantenido la prerrogativa de los Gobiernos de autofinanciarse administrando el valor de la moneda de la misma forma en que hoy se administra cualquier empresa estatal.

El tipo de cambio fijo de los últimos años ha sido tal vez el único acierto ante el exceso de oferta monetaria externa, pero las limitaciones de esta estrategia de competitividad de largo plazo fueron establecidas por los motivos equivocados de control de la inflación y de preservación de populismo de corto plazo, cuando en realidad se suele implementar en el marco de una economía con un aparato productivo exportador no tradicional, dinámico y competitivo.

En efecto, a diferencia de 1986, hoy la cifra del 90% responde al nivel de nacionalización monetaria de la economía, así como las tasas de interés real apenas alcanzan el 1%. Sin embargo, los efectos de una desdolarización gradual durante 10 años no son los mismos que los de una desdolarización inmediata y absoluta como la de la Unidad Democrática y Popular (UDP): mientras la segunda generó una inflación desorbitada en los artículos contemplados arbitrariamente en el Índice de Precios al Consumidor, la primera lo hace en sectores como el de la construcción, aunque en general y con ingenuidad se la prefiera considerar como un milagro inédito de crecimiento sostenible.

Al menos desde 2008 la monetización de deuda de la FED estadounidense —como en Bolivia hasta 1985— provocaron el incremento de los precios del petróleo, y su exportación ha significado ingentes cantidades de dinero para Gobiernos petróleo-dependientes; estos iniciaron carreras de gasto entre los distintos niveles de administración pública, que a su vez incrementaron sus atribuciones y competencias sobre la economía e hipertrofiaron el aparato público en desmedro del sector privado generador de valor de mercado. Es una estructura diametralmente opuesta a la establecida por el 21060.

La desaceleración del crecimiento desde hace más de un año es pues la ilustración más palmaria hasta el momento de la necesidad de un reajuste, pero el espacio y tiempo para lograrlo sin sobresaltos ha terminado con el desplome del petróleo, del que la economía fue incrementando su dependencia hasta un 90%.

Pero parecen tenerlo todo calculado para compensar el desplome de los ingresos y tratar de sostener esta estructura sin reajustes. Se ha dicho que políticas como las del doble aguinaldo se mantendrán en la medida que el Producto Interno Bruto crezca por encima del 4,5%, pero ¿qué sucede si es el exceso de oferta monetaria el que en realidad impide mayor crecimiento?

Asimismo, se ha dicho que el país cuenta con un colchón financiero contra la crisis del petróleo, de unos US$40 mil millones. ¿Cómo estiman la cifra? ¿$15 mil millones en reservas internacionales, US$15 mil millones en depósitos del sector financiero y otros US$10 mil millones en aportes de jubilación? ¿No está suficientemente claro lo que pretenden?

Esto no es todo. Si bien lo lógico para asumir el desafío de la caída del petróleo no es más gasto y endeudamiento como se programa para 2015, sino la reversión de todo el proceso anteriormente mencionado para atraer ingentes cantidades de capital extranjero privado, la confiscación de riqueza a la ciudadanía siempre puede ser más rápida y silenciosa: con la nacionalización inadvertida de una moneda cuyo valor es fácilmente manipulable, la trampa está servida.

Ojalá las cosas no fueran como decía Mark Twain, que “es [bastante] más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada”.

Mauricio Ríos García es presidente de Crusoe Research y analista internacional de SchiffOro.com

Artículo publicado anteriormente en América Economía.