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EnglishEn octubre del año 2011 se realizaron en Bolivia, por primera vez, elecciones de magistrados. Esta decisión del legislativo fue un golpe duro para la oposición boliviana, pues el pragmatismo con el que decidió actuar el oficialismo en ese entonces fue demasiado obvio. Preseleccionó –dejando de lado el principio de meritocracia–, a los jueces que creyó convenientes para manejar el sistema judicial del país, dando como única opción a los ciudadanos una elección, que sirvió más bien como una tarde de entretenimiento sin relevancia alguna, dado que los resultados de esta elección de jueces preseleccionados realmente al Gobierno no le importada.
Tanto así que la población boliviana intentó, con la única posibilidad que tenía (el voto nulo), de mostrar su descontento, el mismo que alcanzó un 57.67% frente a solo un 42.43% de apoyo ciudadano a los que serían a partir del 16 de octubre los dueños y señores del órgano judicial del Estado Plurinacional de Bolivia.
A la fecha, casi tres años y medio después de estas elecciones, se ha notado la inmensa ineficiencia del nuevo sistema judicial en detrimento del ciudadano boliviano. La costosa corrupción y la asquerosa extorsión del sistema judicial, son baches por los que deben pasar día a día los que desgraciadamente deben relacionarse con la justicia; y, por otro lado, son síntomas atroces de una justicia que padece de ignorancia, mediocridad, parcialidad y servidumbre al órgano Ejecutivo.
Está claro que el Gobierno boliviano no buscaba con sus jueces preseleccionados mejorar la justicia en Bolivia, yo por mi parte advierto que solo buscaba un apoyo –tal vez el más importante–, para llevar a cabo, mediante artimañas, sus planes de perpetuación en el poder.
Hoy día ya han cumplido el vil objetivo de oprimir y exiliar mediante el miedo a la oposición, de perseguir judicialmente a quienes con coraje planeaban obtener una migaja del poder y de enseñar cruelmente a los empresarios que en política no se deben meter.
Ha llegado la hora, según el presidente y el vicepresidente del Estado, de cambiar el sistema judicial y brindarles a los ciudadanos un sistema eficiente, transparente y que funcione a la perfección, puesto que según Evo Morales “hasta ahora no se ha cambiado nada y, más bien, de acuerdo a los datos que tenemos, ha empeorado la Justicia en Bolivia”.
De esta manera, el 6 de enero, Evo Morales comunicó al país que una de sus primeras acciones será una reforma judicial mediante un referéndum para el pueblo, para que el pueblo elija la manera en que debe actuar la justicia. Por otro lado, mencionó que hay que hacer una nueva reforma a la Constitución, la misma que fue ya prostituida en 2009.
Asimismo, no tardó en aparecer con sus opiniones el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien aseguró que “hay que modificar a la mayor parte del personal que se hizo cargo de los niveles de justicia, ese primer paso, restableciendo la meritocracia como elemento fundamental en la selección y en la elección de autoridades de la justicia”
Todo esto pareciera un noble intento de mejorar la justicia boliviana. Sin embargo, volvemos a encontrar un pragmatismo escondido en la próxima jugada judicial del Gobierno, y es que varios de los actuales magistrados se rebelaron frente al Gobierno, lo que ha devenido en juicios y violaciones a los derechos humanos en su contra. Claramente el Gobierno quiere sacarlos de ese cargo.
También es necesario para el advenimiento de un futuro mandato de Evo Morales, el cambio de la Constitución, un párrafo de la misma que, presumo, se cambiará en combinación con las nuevas reformas judiciales resultantes del referéndum que plantea Evo Morales.
De todas formas, dudo que la justicia cambie mucho, las reformas judiciales que contemple el referéndum serán planteadas y premeditadas por el Estado, al igual que –por segunda vez–, la nueva lista de candidatos preseleccionados para las magistraturas… ¡Ah! pero esta vez, con meritocracia –si es que de algo sirve en estas circunstancias.
Editado por Adam Dubove y Pedro García Otero.
