Virales

Newsletter

Chile: Los falsos argumentos para el puente de Chiloé

Por: Contribuyente - Ene 28, 2015, 4:18 pm

Por Andrés Barrientos y Javier Silva

Durante 2013, el Estado de Chile decidió la construcción de un puente en la zona sur del territorio que unirá a la Isla de Chiloé con el continente. La Isla Grande de Chiloé se encuentra a 1.100 km al sur de Santiago, la capital de Chile, y cuenta con una población aproximada de 190.000 habitantes.

El puente tendrá una extensión de 2.75 kilómetros, convirtiéndose en el más largo de Sudamérica, el costo de la inversión es de US$740 millones, financiado en su totalidad con fondos públicos. Hace una semana llegó la plataforma multipropósito para continuar y profundizar los estudios en la zona del canal de Chacao para iniciar la construcción del puente.

Durante décadas los habitantes del Archipiélago de Chiloé han señalado que el progreso y desarrollo del país sucede a kilómetros de distancia. No es novedad que los individuos en estos territorios muchas veces expresen que las políticas públicas del resto del país no los benefician.

Lada a (Ashley Basil)
Chiloé está conectado a la cultura occidental desde el minuto en el cual el primer europeo pisó la isla en el siglo XVI. (Ashley Basil)

Para algunos, la aprobación del proyecto de construcción del puente sobre el Canal de Chacao es una compensación por una supuesta deuda histórica que tendría el Estado de Chile con los habitantes de la Provincia; para otros, la construcción del puente implica que los tomadores de decisiones no consideran la opinión de las personas que viven en Chiloé y que, además, su existencia conllevaría la pérdida de identidad cultural que se ha cultivado por siglos en esta parte del sur del mundo.

El debate se polariza en dos visiones extremas que no dejan ver en perspectiva y de un modo más moderado lo que implica un puente para Chiloé.

En primer lugar, creer que el Estado de Chile tiene una “deuda histórica” con estos territorios y que por tanto un puente de casi US$1.000 millones vendría a saldar esa deuda, es un pensamiento reduccionista. Creer eso, sería entonces creer que los individuos, como por ejemplo los habitantes del extremo norte del país, a 3.000 km de distancia, tienen el deber de financiar vía impuestos una mega construcción que no utilizarán y que probablemente en sus vidas la ocupen un par de veces.

Las políticas públicas no deben ser diseñadas e implementadas como especies de pago por “deudas históricas”: puede que se termine errando en el proceso de toma de decisiones, distorsionando las prioridades. No olvidemos que el rol del Estado es dejar hacer a los individuos y velar por no coartarlos. Financiar con los recursos extraídos a todo el país para construir una obra que usará solo una pequeña parte de su población, no es pagar ninguna deuda, por el contrario, es poner más peso en las ya pesadas mochilas de los individuos que pagan impuestos, no permitiendo, además, una efectiva descentralización de las ideas y soluciones.

El segundo argumento como corolario del anterior, es que un puente permitiría ver por fin a Chiloé conectado con el mundo. Pero eso implica no comprender que Chiloé está conectado a la cultura occidental desde el minuto en cual el primer europeo pisó la isla en el siglo XVI durante la colonización española. Si se analiza en perspectiva gran parte de los componentes de la vida cotidiana en Chiloé pertenece a la cultura occidental y por ende el puente será una añadidura a la conexión con el continente.

En la vereda contraria, se dice que un puente hará perder el carácter de isla a Chiloé, que su cultura se verá amenazada, y que el Estado debe velar por proteger dicha cultura. Los argumentos del párrafo anterior son útiles para descartar esta línea que se opone al puente, dado que la llamada “cultura de Chiloé” corresponde a un sincretismo que ha ido cambiando con el tiempo e incorporando nuevos elementos a través de los años.

Mientras los llamados opositores al proyecto parecen desear que el Archipiélago sea una postal de mediados del siglo pasado; éstos suelen realizar tabula rasa respecto a la ausencia de los beneficios de la modernidad en aquella época, recordemos que los niños caminaban a pies descalzos sufriendo enfermedades ya erradicadas como la polio, se utilizaban lanchas a vela para cruzar el canal de Chacao, la radio solo llegaba a la ciudad más cercana al continente de la Isla, Ancud, entre otras carencias.

La ceguera ideológica a veces no permite que sean capaces de entender que Chiloé está en una sociedad abierta, por tanto lo bueno y lo malo del resto del mundo podrá encontrarse en Chiloé y viceversa.

Para unos, el Estado debe hacerse cargo de una necesidad que ha estado por años; para los otros, el Estado debe proteger la cultura de Chiloé y a su vez, velar por otras necesidades que tienen los individuos de la isla.

Ninguna de las posturas que más resuenan en el ambiente público son capaces de instalar a la persona, al emprendedor o a las familias en el centro, quienes son verdaderamente los que financiarán la monumental obra. Son ellos, los que a veces no se percatan de cómo el Estado les retiene parte del fruto de su trabajo bajo la ambición de que un presidente o presidenta pase a la historia como el gestor de una mega obra, similar a como sucedía en la civilización egipcia hace miles de años.

La aprobación de la propuesta económica del Puente Chacao y su puesta en marcha representa una decisión correcta en el fondo pero probablemente errada en la forma.

A pesar que la construcción del puente sobre el canal evidentemente es una solución necesaria para los problemas de conectividad que tenemos como provincia-archipiélago, empero el modo de financiamiento presenta ciertas interrogantes que quedarán en la historia de las obras públicas de Chile.

Una inversión de tamaña envergadura con cargo al erario nacional no se condice con los principios de una sociedad de libertades. En ello la orientación de la política pública debe mirar hacia el incentivo para la solución, no necesariamente en el financiamiento total, porque este se torna injusto mediante el manejo —extracción— de los recursos económicos de todos los chilenos.

Si bien el proyecto se encuentra en marcha con la adjudicación de la construcción e inspección por consorcios de clase mundial, es importante señalar que el Estado chileno siempre tendrá muchísimas opciones para dejar hacer a los particulares. Por ejemplo, no se profundizó en la liberalización del cruce en el Canal, se desestimó subsidiar el proyecto así como también una respectiva concesión futura, aún se encuentra pendiente el tema de la mantención.

Para retomar la senda del desarrollo y el progreso se debe evitar un Estado paternalista, el cual tiene por esencia asfixiar a los individuos en todos los aspectos de la vida y además termina distorsionando las prioridades locales.

Andrés Barrientos y Javier Silva son directores de Ciudadano Austral, el think tank más austral del mundo ubicado en la zona sur de Chile cuya misión es permear el clima de opinión pública con los principios de la sociedad libre y responsable. Los valores que lo inspiran son: Libertad individual, dignidad humana, mercados libres, autonomía de las organizaciones, regionalización y descentralización.

Desde octubre de 2014 Ciudadano Austral es contraparte de Atlas Economic Research Foundation.