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Inversiones chinas en Argentina: Sin libertad ni cálculo económico

Por: Contribuyente - Ene 29, 2015, 2:52 pm

EnglishPor Alejandro Sala

La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, viajará la primera semana de febrero a China para firmar acuerdos económicos. En sustancia, los tratados contendrán cláusulas por las cuales el país asiático facilitará oxígeno financiero a la nación sudamericana, a cambio de ventajas para la realización de diferentes emprendimientos, algunos económicos y otros supuestamente científicos, aunque legisladores opositores, como Alberto Assef o Julio Martinez, abrigan sospechas de que podrían estar encubriéndose objetivos militares.

El punto en discusión tiene que ver con el marco de las relaciones económicas internacionales. El hecho es que el Gobierno argentino le está concediendo a capitales chinos vinculados con el Gobierno de ese país privilegios que no le otorga a otros capitales. He allí la cuestión que requeriría una discusión: ¿es positivo para Argentina, en orden al progreso del país y el bienestar de su pueblo, la firma de este tipo de convenios?

Es imposible determinar si las inversiones que acordarán los Gobiernos chino y argentino tendrán un impacto positivo en la economía.
Es imposible determinar si las inversiones que acordarán los Gobiernos chino y argentino tendrán un impacto positivo en la economía. (Wikimedia)

Debemos partir del supuesto obvio de que las inversiones siempre son beneficiosas para el país que las recibe. Los capitales generan progreso material, fuentes de empleo, dinamización de la economía y muchos otros efectos colaterales adicionales que siempre son bienvenidos. Pero ¿cuál es el marco jurídico en el que es conveniente que los capitales se radiquen en un país determinado? ¿Por qué el Gobierno argentino elige privilegiar las inversiones chinas y soslaya otro tipo de emprendimientos? ¿Es positivo eso para el progreso y el bienestar argentinos?

Si las inversiones son siempre bienvenidas, a simple vista parecería que se trata de una iniciativa positiva. En efecto, los chinos ejecutarán ciertas obras de infraestructura por las cuales se realizarán aportes económicos de relevancia. La pregunta que surge, sin embargo, es: ¿se trata de las mejores decisiones económicas posibles?

Y aquí es donde las dudas aparecen. ¿Cómo sabemos que esas inversiones son las más convenientes? En verdad, no lo sabemos. ¿Por qué otras inversiones no podrían ser más beneficiosas que las acordadas entre Gobiernos? No tenemos esa información porque nadie la ha producido.

Para determinar si la inversión A es mejor o peor que la inversión B, es necesario evaluar y sopesar las ventajas y los perjuicios de una y otra. De ese análisis comparativo (“cálculo económico”, en la terminología de Ludwig von Mises) surgen las decisiones empresariales.

Entonces, la crítica que cabe hacerle a los acuerdos argentino-chinos radica en que están formalizados dentro de un encuadre jurídico que no deja lugar a la realización del cálculo económico que permita evaluar si constituyen el mejor empleo posible de los capitales disponibles.

Los acuerdos que la presidenta Cristina Kirchner firmará el mes próximo están basados en decisiones discrecionales, arbitrarias, voluntaristas. No son parte de un proceso de análisis donde diferentes alternativas, elaboradas por distintos actores empresariales, calcularon los costos y beneficios de cada una de ellas y, a su propio riesgo, decidieron radicar sus capitales en Argentina porque evaluaron que eso les resultará potencialmente rentable. Por lo tanto, no hay razones válidas para creer que las decisiones en relación a las inversiones acordadas son económicamente eficientes.

En economía, la eficiencia está vinculada con la rentabilidad y esta, a su vez, con la relación calidad-precio de los bienes ofrecidos a la venta a los consumidores en el mercado. Pues bien, ese análisis es el que el Gobierno Argentino —consecuente con sus habituales posiciones adversas a la vigencia de la economía de mercado— omite completamente. En consecuencia, asume compromisos —que implican obligaciones para el país en su conjunto, es decir, para los ciudadanos que lo poblamos— cuyos beneficios no están demostrados.

¿Cuál sería entonces el modo apropiado de incentivar la radicación de inversiones? Es sencillo: asumir el hecho de que cualquier inversión enmarcada dentro de marco legal vigente es positiva, abriendo el país a la llegada de todo tipo de capitales provenientes de cualquier lugar del mundo, sin preguntar su origen ni su nacionalidad (suponiendo que los capitales tuvieran filiación territorial, lo cual no es cierto). Y permitiendo que todo aquel que esté dispuesto a invertir a su riesgo en el territorio argentino tenga libre disposición de sus beneficios, de modo tal que pueda ofrecer sus servicios en términos de seguridad jurídica y previsibilidad normativa en competencia con todos aquellos que estén dispuestos a asumir un trance similar.

El Gobierno argentino, estrangulado financieramente como consecuencia de sus propios desaciertos, ha elegido el camino del privilegio, en lugar del derrotero de la libertad, para incentivar la radicación de capitales. Este no es el método apropiado, no es el que promueve el progreso y el bienestar. Para el Gobierno kirchnerista, esta es una forma de recibir unos pocos yuanes frescos que le permiten afrontar los costos del derroche que viene realizando desde hace 12 años. Para los ciudadanos argentinos, es una “hipoteca” que, esperemos, no resulte, con el transcurso del tiempo, demasiado onerosa ni desmedidamente comprometedora.

Alejandro Sala reside en Buenos Aires, es autodidacta, y escribió el libro El Espíritu del Mercado