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Chile debe ponerse al día con el siglo XXI en cuanto al aborto

Por: Contribuyente - Feb 20, 2015, 2:26 pm

EnglishEl 31 de enero, la presidente de Chile Michelle Bachelet introdujo un proyecto de ley para derogar una normativa de la era de Pinochet  así despenalizar el llamado aborto terapéutico. De aprobarse, las mujeres chilenas podrán interrumpir el embarazo en casos de violación sexual, invialibilidad del feto, o si llegar a término representa un riesgo para la madre.

Si bien Chile es un país culturalmente conservador con profundo arraigo del catolicismo que muchas veces entra en conflicto con nociones modernas de igualdad y derechos, esto debe ser aplaudido como un necesario primer paso.

La despenalización total es necesaria. Las mujeres han estado por demasiado tiempo bajo el yugo del Estado, amenazadas con la cárcel por querer tomar decisiones que no competen a nadie más que a ellas.

Chilean President Bachelet proposes to decriminalize therapeutica abortions.
La presidente de Chile Michelle Bachelet busca despenalizar el aborto terapéutico. (Wikimedia)

Chile es uno de los cinco países latinoamericanos que todavía tienen una prohibición completa sobre el aborto (los otros son El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana). Tal es así que muchas mujeres y hasta niñas en América deben completar el embarazo hasta dar a luz o arriesgar sus vidas recurriendo a abortos clandestinos, ya sea automedicándose con drogas como misoprostol u otros métodos peligrosos.

La propuesta de Bachelet no sería una novedad. El aborto en Chile era legal en algunos casos desde 1931 hasta los últimos días de la dictadura de Pinochet en 1989, cuando su ley 18.826 lo criminalizó para cualquier circunstancia, por lo que una legalización del aborto terapéutico no implicaría la creación de nuevos derechos, sino la rehabilitación de las libertades cercenadas hace relativamente poco tiempo. Hoy en día, una mujer que busque un aborto en Chile se enfrenta entre tres y cinco años tras las rejas, y los doctores que la ayuden pueden recibir penas de hasta 10 años.

Tenemos un derecho natural sobre nuestro cuerpo

Más allá de lo que concierne a la salud pública, como el riesgo de muerte o problemas de salud de por vida, hay un punto filosófico que debe ser considerado. Cuando el Estado encarcela a una mujer por realizar un procedimiento médico, se socava su derecho a la autopropiedad. Lo que una mujer hace con su cuerpo es un derecho que le pertenece a ella únicamente.

Así como para otras cuestiones, me inspiro en la filosofía de John Locke expuesto en su Segundo tratado sobre el Gobierno. Locke se imaginó un estado de naturaleza donde no existiera Gobierno, y los individuos disfrutaran de derechos naturales así como de límites o normas naturales que mantuvieran el orden social.

El derecho más importante para Locke en su experimento mental era el derecho a la autoposesión, que debe ser protegido se viva en una sociedad sin o con Estado. Esto es lo que Locke denominó el “derecho natural“, el cual no obstante no da al individuo una carta blanca para hacer lo que sea con tal de preservar su vida. Siendo el hombre un animal racional, la utilización de la serena razón es una condición necesaria para tomar decisiones éticas y morales. Esto garantiza que las reacciones de una persona a cualquier situación sean proporcionales.

Junto con nuestra racionalidad, somos libres por naturaleza y por ello tenemos propiedad absoluta sobre nosotros mismos. Es ilegítimo el arrebato por la fuerza de nuestros poderes.

La prohibición del aborto violó garantías constitucionales

La Constitución Política de la República de Chile fue ratificada en octubre de 1980 durante la dictadura pinochetista, y ha sido enmendada 12 veces entre 1989 y 2010. A pesar de su origen totalitario, la Constitución al menos da un destaque simbólico a los derechos fundamentales y prohíbe que el Estado los viole.

El artículo 5 establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y el artículo 19 garantiza “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.

Sin embargo, la criminalización del aborto en 1989 violó estas garantías constitucionales. Aparentemente las mujeres dejaron de ser “personas” cuyas vidas y honras merecerían ser defendidas.

No es asunto del Estado si una mujer desea interrumpir su embarazo a no, especialmente cuando el decreto que criminalizó su libertad se aprobó sin su consentimiento (ni el de nadie más que el de Pinochet).

El arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Ricardo Ezzati, recientemente pidió que todos los creyentes se manifestaran en contra de la propuesta de Bachelet para “defender la vida y la dignidad de la vida”.

Ezzati no dio ninguna definición clara de “diginidad de la vida”. Hay poca dignidad en obligar a una mujer a abandonar un tratamiento médico que podría salvar su vida, a que pase por la agonía de dar a luz a un feto que no tiene posibilidad de sobrevivir, de parir al hijo de su violador, o arriesgar su vida en un aborto clandestino.

Celebro que la presidente Bachelet se manifieste en contra de políticas machistas y retrógradas que cercenan derechos humanos básicos, pero queda mucho por hacer sobre el tema.

El Estado no tiene cabida en los derechos reproductivos de las mujeres, sus decisiones médicas y su vida espiritual. Si sus acciones tienen consecuencias espirituales, entonces es un asunto entre ella y la divinidad de su elección.

Sorprende la intromisión del Estado y la Iglesia en asuntos que solo conciernen a las mujeres. ¿Qué tanto les asusta de otorgarle la libertad de elegir a las mujeres?

Editado por Laurie Blair y Fergus Hodgson.

Traducido por Daniel Duarte.