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Colombia, poner fin a la guerra contra las drogas garantizará nuestra vida

Por: Contribuyente - Feb 20, 2015, 2:51 pm

EnglishPor Julio César Mejía

El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, ha sido noticia en las últimas semanas por la realización de la Marcha por la Vida que se llevará a cabo el próximo 08 de marzo. Esta pretende unir a diferentes sectores políticos para promover el mensaje de que “la vida es sagrada”. La suspicacia con la que algunos sectores ven la movilización ha aumentado debido a una controversia desatada por la existencia de contratos de Corpovisionarios, fundación que Mockus preside, con el Gobierno nacional.

En Facebook, Mockus hace una activa promoción de la marcha del 8 de marzo. (Facebook)
En Facebook, Mockus hace una activa promoción de la marcha del 8 de marzo. (Facebook)

Dejando a un lado la polémica, lo realmente importante es detenerse en el mensaje que se envía a través de este tipo de iniciativas. El exalcalde, defiende la tesis sobre unas supuestas raíces culturales de la violencia homicida en Colombia. Así, considera que esta es difusa, impulsiva y que puede aparecer en cualquier momento y lugar pues, en últimas, la violencia forma parte de la naturaleza del colombiano.

Ante este diagnóstico, Mockus ha insistido en que la pedagogía es una labor de la administración pública o en otras palabras, que es función del Estado culturizar a la ciudadanía.

Esta forma de entender la violencia ha sido tan influyente que el Gobierno nacional inició en el 2014 un programa con las Naciones Unidas para promover la “cultura de la paz”. Sin embargo, que en un país mundialmente reputado por el tamaño de sus estructuras criminales y la precariedad de sus instituciones para perseguir, investigar y juzgar el delito, se piense que la violencia homicida se puede resolver con marchas o colgando avisos de “respira paz”, parafraseando a Axel káiser, no puede causar sino perplejidad.

En este sentido, se debe señalar que los trabajos de investigación realizados, entre otros, por Camilo Echandía de la Universidad Externado de Colombia, o Fabio Sánchez de la Universidad de Los Andes, han encontrado que la violencia homicida, lejos de tratarse de un fenómeno difuso y disperso, se encuentra fuertemente concentrada en ciertos puntos del territorio nacional. Además que está asociada mayoritariamente a la dinámica de las estructuras criminales que se disputan territorios estratégicos para la producción y transporte de cocaína o para la depredación de otros recursos naturales. Dicho de otro modo, la evidencia indica que el fenómeno de la violencia en Colombia es instrumental antes que impulsivo y por tanto, sirve a fines mayoritariamente criminales.

Tal como lo explicó Milton Friedman en su famosa entrevista con Randy Paige, el riesgo asociado a la producción y comercialización de drogas aumenta el precio de las mismas y hace del narcotráfico un negocio verdaderamente rentable.

Mientras tanto, las políticas gubernamentales se encargan de sacar del mercado a los pequeños productores de droga, permitiendo que estructuras criminales de mayor tamaño, y con organizaciones más sofisticadas se apoderen de él. En sus palabras “desde un punto de vista puramente económico, el papel del Gobierno es proteger al cartel de las drogas. Esta es la realidad, literalmente”.

Al ser ilegal la producción, tráfico y comercialización de drogas, imposibilita que los conflictos generados en las operaciones propias del negocio sean resueltos por la justicia civil, a la cual ningún traficante acudiría en caso de, por ejemplo, sufrir el robo de diez kilos de cocaína por parte de su proveedor. De esta forma, al excluir a toda una industria de la posibilidad de solucionar los problemas por la vía legal, se crea el incentivo perverso para que se acuda a la intimidación y al cobro de cuentas de manera violenta.

Por su parte, la ineficiencia del sistema judicial colombiano agrava la situación. De acuerdo con el World Justice Project, Colombia ocupa el puesto 79 entre 99 países en efectividad del sistema penal. Según esta misma organización, en este país un homicida tiene menos de 5% de probabilidad de ser condenado. Dicho de otra manera, la justicia penal colombiana no ofrece los desincentivos suficientes para disuadir al criminal, que al percibir un 95% de probabilidad de quedar en libertad, ve en el homicidio una salida plausible.

En definitiva el discurso de la “cultura de la violencia colombiana” induce al error. Por una parte, pasa por alto que existen individuos a los que efectivamente se les puede culpar por los delitos, mientras transfiere la responsabilidad de los crímenes al grupo abstracto e indefinido de “los colombianos”. Por otra parte —bajo el discurso de Mockus— le endilga al Estado la labor de culturizar a las personas mientras pasa por alto las funciones para las que sí fue creado: proveer Justicia y seguridad.

Con esto no se quiere decir que la cultura no tenga una incidencia en la violencia homicida. Pero enfocarse, como lo hace el exalcalde Mockus, en este factor, hace que se ignore la profundidad de un problema estructural, como lo es el desacertado diseño de las instituciones formales y los incentivos perversos generados por la guerra contra las drogas.

Por esto antes de esperar que el Estado asuma el compromiso de “culturizar” a las personas, habría que preguntarse: ¿Es en realidad una buena idea asumir que los políticos y burócratas que han sido incapaces de proveer justicia y seguridad, ahora sean los encargados de proveer cultura? La respuesta parece obvia.

En efecto, si realmente se pretende defender la vida como algo sagrado, es mejor no hacerlo con lemas políticamente correctos y rentables, sino atacando lo que realmente atenta contra ella, es decir, exigiendo una justicia verdaderamente eficiente y con un lema que realmente cambie la historia del continente: ¡Finalicen la guerra contra las drogas ya!

Julio César Mejía es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con maestría en Asuntos Internacionales. Ha sido Asesor de Relaciones del Comandante del Ejército Nacional de Colombia y Coordinador Local para Estudiantes Por la Libertad. Actualmente es Director General del Centro para la Libre Iniciativa en Colombia. Síguelo en @JulioMej49.