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Control de precios en Ecuador esconde el aumento de aranceles

Por: Contribuyente - May 22, 2015, 8:28 pm
(Mauricio Torres)
El presidente Rafael Correa debería ser sincero con los ciudadanos y decir claramente que cree que los aranceles son fiscalmente necesarios, y no distraer la atención con una retórica que busca dividir (Mauricio Torres)

EnglishPor David Wolverton

Con la precipitada caída de los precios del petróleo que comenzó en la última mitad del 2014, muchos países productores de petróleos se están enfrentado a desafíos fiscales. Ecuador no es la excepción, tomando en cuenta que el 40% del ingreso público viene del petróleo, sin mencionar una parte importante de los ingresos por divisas.

En el primer semestre de 2015, el Gobierno del presidente Rafael Correa ha tomado medidas para confrontar los efectos del problema fiscal. Algunas de estas medidas, como reducir en un 4% el presupuesto del 2015, han sido necesarias (y algunos podrían decir que insuficientes). Otras, en cambio, son controvertidas y cargadas con matices de retórica populista que solo buscan hacer confrontar a las clases sociales entre si.

Tal es el caso, que el Gobierno de Correa aumentó los aranceles de importación en un 45% para unos 2.600 bienes que incluyen desde frutas frescas, vegetales, productos electrónicos y algunos insumos necesarios para la industria y la manufactura.

Hacia afuera, la agenda anunciada por Correa es la de mantener la liquidez y reducir el actual déficit creciente que el Gobierno ha generado producto de la caída del petróleo. Pero Correa sabía muy bien que el mensaje no iba a ser popular entre los ecuatorianos y por lo tanto ha decidido aprovechar la oportunidad para confrontar a las clases sociales mediante mensajes populistas que solo los pelucones (un término peyorativo que usa frecuentemente para describir a la clase media y alta) pagarán por estos altos aranceles, por ser ellos los culpables en generar una alta demanda de bienes de lujos.

Además, en un esfuerzo de apaciguar a los votantes, Correa prometió actuar estrictamente en contra de esas compañías que “se aprovechan” de la situación para “especular” y aumentar los precios. Como cualquier hombre de negocios sabe, los costos de reemplazar el inventario son una variable importante en la determinación del precio del mercado. Mientras los costos de nuevos inventarios aumentan, las empresas tendrán que tomar decisiones en la fijación de precios que tomen en cuenta los cambios esperados en la demanda del consumidor, variaciones en el flujo de caja, y el impacto resultante en el presupuesto y en el balance.

Quitarle la oportunidad a las empresas de actuar con fluidez como respuesta natural a estos cambios resulta en compañías forzadas a asumir mayores riesgos y costos, todo esto mientras el presidente compra tiempo antes de que la población sienta el impacto total de las nuevos aranceles. (Debido a plazos de tiempo de importación y aduanas, la mayoría de los productos importados después del 11 de marzo, les tomará unos 30 a 90 días llegar a los estantes de las tiendas). Esencialmente, el Gobierno querrá que el sector privado absorba el mayor impacto de sus decisiones políticas para mantenerse bien con el público en general.

Correa es un maestro en la psicología de masas, y entiende bien que si los efectos de estasmedidas ampliamente impopulares se pueden demorar por un tiempo, cualquier esfuerzo de formalizar una voz opositora se diluiría. Estaba claro desde el principio que su enfoque era el de hervir la rana lentamente, y no lanzarla directamente al auga hirviendo: permitir la aclimatación es la mejor manera de impedir reacciones viscerales.

Desde que el Gobierno presentó los nuevos aranceles en marzo del 2015, el ministro de Interior —quien es responsable de la Policía Nacional de Ecuador— ha destinado a miembros de la policía a hacer audiciones privadas a empresas para asegurarse de que no haya “especulación” en el mercado.

Bajo la amenaza de clausuras forzadas, multas y otras sanciones, a las empresas de las principales industrias se les ha prohibido alterar los precios a cualquier monto, a menos que posean facturas de compras posteriores al anuncio arancelarios del 11 de marzo, probando que sus inventarios estuvieron alcanzados por los nuevos aranceles y son los mismos productos que están a la venta en el lugar de la inspección.

Estas compañías reciben minutas formales de inspección y deben proporcionar recibos de ventas de antes y después del 11 de marzo para bienes importados específicos para comparar los precios con la factura de compras. Si hay algún cambio en el precio sin justificación, la compañía tendrá que atenerse a sanciones y la clausura de sus locales.

Es la creencia de este autor que el Gobierno ecuatoriano, y específicamente el presidente Correa, deberían hablar con claridad al pueblo de Ecuador. Él debería decir claramente que entiende que las medidas de aranceles de importación son una medida impopular pero necesaria al corto plazo para ayudar a reducir el déficit de cuenta corriente actual.

De esta manera,  debería permitirle a los negocios la libertad y oportunidad de actuar de acuerdo a los cambios de la realidad económica, en vez de forzarlos a asumir la carga de sus decisiones políticas. Asimismo, debe dejar de tratar de trazar una brecha entre las empresas, que son el motor de la creación de riqueza.

El puede hacer esto poniendo a todos los ciudadanos al mismo nivel en el campo de juego: empresas e individuos por igual. A ningún ciudadano, individuo o corporación, debería permitírsele tener ventajas o desventajas únicas en un intento de hacerle un favor a otras clases de individuos.

Traducido por Orlando Avendaño.