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El Estado como promotor y el Centro Cultural Néstor Kirchner

Por: Contribuyente - May 25, 2015, 12:28 pm
El espacio, inaugurado recientemente en Buenos Aires, ha sido criticado por su alto costo. (Centro Cultural Néstor Kirchner)
El espacio, inaugurado recientemente en Buenos Aires, ha sido criticado por su alto costo. (Centro Cultural Néstor Kirchner)

EnglishPor: Alejandro Sala

La inauguración por parte de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, del Centro Cultural Néstor Kirchner, fue severamente criticada por su costo –en particular, por analistas de los medios periodísticos independientes, aunque no por los opositores políticos. El diario La Nación afirma que “su costo, al día de hoy, casi triplica el presupuesto original: en seis años pasó de 926 a 2469 millones de pesos”, en tanto que Clarín sostiene que “… todavía resta terminar cerca de un 30 por ciento de la obra. Cálculos privados afirman que se tratará de una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos”.

Algunos críticos han planteado la habitual comparación entre el costo de la obra y los gastos que alternativamente se podrían haber efectuado con ese dinero. La Nación dice que “el costo del Centro Cultural Néstor Kirchner equivaldría a construir entre 123 y 224 escuelas”. Según todos estos análisis, podría deducirse que si el Centro Cultural hubiera resultado más económico, si se hubieran cumplido las pautas presupuestarias originales y si no hubiera déficit en gasto social, la realización de la obra no sería criticable.

Este abordaje del problema omite la consideración de fondo. Se trata de un enfoque crítico que, en su esencia, no sale del paradigma estatista que domina el ordenamiento social y los criterios intelectuales vigentes en Argentina y en Occidente en general. Para quienes critican la magnitud del gasto, la ineficiencia administrativa y la mala asignación de prioridades, no está contemplada la discusión acerca de si es o no legítimo que sea el Estado el que financie actividades culturales…

Este enfoque del problema supondría una crítica mucho más radical que las habituales. El problema no es que el Gobierno argentino haya ejecutado mal la obra, y que debió haberlo hecho mejor, sino, sencillamente, que no debió haberse involucrado en su realización. El punto que debería ser discutido –y que nadie aborda, los medios ni mucho menos los políticos− es que la finaciación de actividades culturales es una actividad que no le compete al Estado, sino que debe ser puramente solventada por particulares, ya sea por medio de iniciativas empresariales, aportes voluntarios a través de fundaciones o cualquiera combinación de ambos métodos.

¿Por qué debe ser así? ¿No es positivo que el Estado se encargue de incentivar el desarrollo de la cultura? La respuesta es, categóricamente, que no.

El rechazo al hecho de que el Estado se involucre en iniciativas culturales colisiona con el paradigma intelectual dominante. Parece absolutamente “razonable” que el Estado fomente la cultura y que lo haga sin “cobrarle entrada” al público para que los eventos que allí se desarrollen estén al alcance de todos. Esta argumentación es falaz, pero está tan arraigada que resulta sumamente difícil de contradecir. Por eso las críticas se concentran en los aspectos operativos, pero no en la discusión de fondo acerca de si es o no legítimo que el Estado se involucre en este tipo de iniciativas. Analicemos este aspecto del problema.

El hecho de que el Estado financie actividades culturales implica que dichos eventos serán financiados por medio de impuestos, es decir, recursos extraídos coactivamente a los ciudadanos y asignados a un uso seguramente diferente del que le hubieran destinado sus dueños originarios. Si las actividades culturales fueran tan relevantes para los ciudadanos, estos decidirían espontáneamente destinar recursos para llevarlas a cabo y para consumirlas.

Adicionalmente, el que el Estado se haga cargo de ellas demuestra que el interés de los individuos por tales actividades es inferior al costo que demanda su realización. Por ende, no se justifica llevarlas a cabo. Convendría destinar los mismos recursos a otros fines, que serían más valorados por los agentes económicos.

Por lo tanto, el problema no es que el actual Gobierno administre mal los fondos destinados a actividades culturales, que gaste demasiado o que podría destinar esos fondos a gasto social. La cuestión de fondo es que tal gasto cultural debería ser inmediatamente eliminado de las partidas presupuestarias, los impuestos proporcionalmente reducidos y los recursos dejados en manos de los ciudadanos para que ellos, individualmente, decidan a que fines asignarlos. Las críticas por el costo del Centro Cultural Kirchner son bienintencionadas, pero están mal enfocadas. Se quedan en la anécdota, cuando el problema es estructural, conceptual, ideológico.

Por supuesto, se trata de un abordaje consecuente con el paradigma estatista vigente. Lo que está equivocado es ese modelo, el cual debería ser sustituido por un sistema liberal basado en fundamentos individualistas. Pero esa es una larga historia que aun está por escribirse.

Alejandro Sala reside en Buenos Aires, es autodidacta, y escribió el libro El Espíritu del Mercado.