Por: Irving Cordero
Como si se tratara de un duelo por la dignidad, con el redoble de un tambor protestaron miles de campesinos y productores del país en la ciudad de Juigalpa, en contra de la concesión de la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua, otorgada por la familia gobernante a un inversionista chino.
Una movilización multitudinaria de campesinos que vitorearon “No al canal, no a la Dictadura, no a la destrucción del Lago, no a la Ley 840” florecieron desde la madrugada, en las equinas de la ciudad para denunciar ante el mundo que la concesión canalera representa el mayor acto de traición a la soberanía individual.
Esta marcha fue acompañada por organizaciones de los derechos humanos como la “Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos” (Anpdh), que ha dejado asentada una posición beligerante con respecto a la naturaleza violatoria de la concesión porque “otorga plenos poderes a la empresa que construirá el Canal, aún por encima de las facultades de las instituciones del Estado encargadas de la regulación o bien de la tutela jurídica de los derechos de la ciudadanía”.
Asimismo, el secretario Ejecutivo de dicha asociación, el doctor Álvaro Leiva Sánchez, enumeró la grave amenaza que representara dicha concesión entre las que destacó: afectación ambiental, destrucción de la principal fuente de agua de la región centroamericana y amenazas a la propiedad privada.
Cabe destacar que la pareja gobernante, con el mayor cinismo mercantilista de la historia de Nicaragua, ha otorgado privilegios a grandes empresarios nacionales y capitales extranjeros de dudosa procedencia logrando corromper el entorno empresarial.
Esta práctica recurrente del Gobierno les ha permitido amordazar a muchos empresarios y aumentar desmedidamente su fortuna a través del erario público y el tráfico de influencias en las diferentes instituciones del Estado, conduciendo a la generación de un monopolio político y económico. Con estas dos piezas han diseñado una estrategia basada en el chantaje, la amenaza o los cañonazos (sobornos), concentrando un poder absoluto, amparado en técnicas leguleyas que les han resultado eficientes, desmontando el sistema democrático y confiscando todas las libertades individuales.
Esto les ha motivado a aventurarse en un nuevo negocio donde se expropia la soberanía de todos los nicaragüenses, usurpándoles el presente y el futuro, mediante la promesa de un espejismo de “mejores mañanas” a una población que se debate entre la sobrevivencia y el hambre. Esta aventura filibustera inició en el año 2012, y sin mediar consenso, a través de una política de secretismo, crearon la ley 800 relacionada al régimen jurídico del Canal Interoceánico que contemplaba la representación de una autoridad que velaría por los “intereses públicos” mediante la participación del Estado con un 51% de los beneficios.
Posteriormente, esta ley fue anulada por la ley 840 que le concedió una naturaleza privada, por otorgar solamente 1% de los beneficios totales del proyecto al Estado de Nicaragua y una concesión que garantiza por 116 años derechos absolutos e ilimitados a favor de un inversionista privado para la explotación de nuestros recursos naturales.
Finalmente, dieron el tiro de gracia con la creación de un acuerdo marco de entendimiento entre un súper ministerio conocido en teoría como “La Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, pero supeditado en la práctica a las órdenes del gobierno de Ortega y a una empresa concesionaria conocida públicamente como HKND, dirigida por un supuesto inversionista de origen chino, llamado Wang Jing, quien en comunicaciones oficiales aparece representando con su firma dos razones sociales distintas relacionadas con el proyecto.
Es preocupante la flagrante violación de los derechos individuales, utilizando so pretexto de un atentado contra manifestantes oficialistas la militarización en las zonas donde se prevé la construcción del canal y la confiscación de las tierras.
La oscuridad con que fue diseñado el proceso, la falta de transparencia, la falta de un estudio de impacto ambiental del proyecto, la aparente corruptela en el proceso de gestión de la construcción del canal, deja evidenciadas las verdaderas intenciones de un Estado que juega a ser juez y parte en un proceso viciado de antemano.
Por tanto, es importante patentizar, a través de las marchas, que Nicaragua no es una nueva pieza de los intereses geopolíticos o familiares ni pertenece a un protectorado, que con cuentos chinos, pretende despojar a la población nicaragüense de su libertad, de su propiedad privada y de sus recursos naturales.
Darle acompañamiento a una población que vibra y sueña es un compromiso con la libertad, por consiguiente, haber acompañado de dos en dos, de diez en diez, de cien en cien, de mil en mil, a los campesinos del país y pobladores de Juigalpa en su exitosa y concurrida marcha número 47 contra el canal, ha sido una de las mejores demostraciones de resistencia cívica ante los abusos del poder.
Irving Cordero es un escritor y activista nicaragüense. Sígalo a través de su blog y de su cuenta Twitter, @irvincordero3.