
A partir del colapso de la Unión Soviética, en la década de 1990, se fue estableciendo un mayor número de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la actual Rusia. Estas organizaciones de la sociedad civil juegan un papel crucial para la misma, y suelen estar integradas tanto por intelectuales como por activistas que hacen énfasis en el debate de ideas, cuestionamiento de los procesos políticos o defensa de causas particulares.
Empero, ¿qué sucede cuando el Gobierno las censura, multa a todo aquél que opine distinto, prohíbe el debate de ideas y adquiere el monopolio de las propuestas de políticas públicas?
Las políticas altamente restrictivas de presidentes como Dmitri Medvédev o el actual mandatario Vladimir Putin (ex agente de la KGB) han sido nocivas para el desarrollo independiente y la efectividad de estas instituciones civiles y otras tantas. La situación se ha puesto cada vez más oscura en las últimas décadas y tomar la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto de ONG que no comparta las ideas del Gobierno se ha convertido en un gran riesgo.
Tal es el caso de organizaciones defensoras de los derechos del votante, derechos de expresión, derechos civiles, etc. Estas organizaciones, con su aparición en Rusia a partir de 1990, lograron alcanzar su auge y tener una voz en el año 2000, momento a partir del cual el Gobierno ruso las lleva a su máximo declive tras arrestar a disidentes, fomentar el temor y alejar a los donantes privados. La realidad es que hoy sólo el 20% de las organizaciones registradas en Rusia están activas.
Hace algunos años, el Parlamento ruso decretó una ley que requería que las ONG que recibían fondos del exterior, realizaban actividades políticas o pensaban distinto al Gobierno, se registraran como “agentes extranjeros” en el Ministerio de Justicia. Resulta curioso el término, ya que en Rusia los “agentes extranjeros” (Иностранный агент) suelen ser vistos como los “espías”, siendo una clasificación bastante asociada al tiempo soviético.
Ante tal situación, las implicaciones para las ONG han sido fuertes, y nos encontramos hoy con un aumento en los pasos burocráticos para el registro de las organizaciones, restricciones para los extranjeros que participen de las mismas, un sometimiento a costosas auditorias y a los poderes de supervisión del Gobierno, quienes intervienen en los asuntos personales de dichas instituciones, llegando a la suspensión o la clausura.
Pareciera que Rusia ha estado buscando recuperar una buena parte de los anacrónicos hábitos de la era soviética
La cuestión reside en que si usted está en Rusia y busca llevar adelante una iniciativa privada para defender alguna causa que el Gobierno considere “no apta”, “sensible” o tenga financiamiento del exterior, y aun más, si tiene éxito en hacerla popular o capta la atención de los medios, entonces déjeme decirle una cosa: usted se encuentra en problemas.
Es por esto que una buena parte de la sociedad civil rusa no desea involucrarse en este tipo de asuntos, por lo tanto no es común ver alguna organización de la sociedad civil que no pertenezca directamente al Estado.
Sin embargo, aún subsisten algunas que continúan trabajando en un ambiente hostil por una sociedad libre, y entre ellas se encuentran REED, InLibery, el Institute for Economic Analysis, el Laboratorio de Políticas Anti-Corrupción (LAP), o lugares como el Sakharov Center, que ofrecen un espacio a los defensores de los derechos civiles.
El monopolio de las investigaciones y la vida intelectual en las políticas públicas en manos del Kremlin siempre ha sido evidente en la historia soviética. Sin embargo, aquel monopolio parece querer mantenerse inclusive varias décadas después de la caída de la cruenta Unión Soviética. La tendencia hacia la centralización del poder siempre ha sido evidente, sin embargo, pareciera ser que Rusia ha estado buscando recuperar una buena parte de los anacrónicos hábitos de la era soviética.
El autoritarismo hecho “ley”: las limitaciones a la libertad de expresión
Son infinitas las leyes, o sería más justo llamarlas tropelías, que silencian a las voces opositoras que tienen el objetivo de denunciar los abusos del régimen ruso. Anteriormente observamos la Ley de Agentes Extranjeros (referida a las ONG), empero cabe mencionar otras tantas que censuran la libertad de expresión en Rusia.
Tal es el ejemplo de la Ley Lugovoi, la cual bloquea el acceso a ciertas páginas web que no cuentan con la autorización del Gobierno. Por ende, si el aparato gubernamental considera que una web fomenta las protestas o pensamientos disidentes, puede ser dada de baja de inmediato. La Ley de Restricciones en Internet consiste en que los blogs o webs que superan las 3.000 visitas por día deberán estar registradas en la llamada “Agencia de Supervisión de los Medios de Comunicación”… ¿1984?
Resulta evidente que el legado comunista dejó su vacuna en la sociedad civil rusa
Otra ley autoritaria, y tan soviética como las anteriores, es la Ley de Traición y Seguridad Nacional, que tiene bases en multar a individuos y organizaciones por “facilitar información clasificada a las naciones extranjeras y actores internacionales”. Vemos también la existencia de una Ley de Manifestaciones, la cual proclama que todo aquel que organice protestas será multado (de U$200 a U$10.000) por “alterar el orden público e incumplir las normas”. Otra ley bastante similar es la Ley sobre la Difamación, por la cual, en el caso de realizar un comentario contra las autoridades gubernamentales, el ciudadano ruso será multado.
Este autoritarismo del Kremlin; la falta de transparencia; los servicios de inteligencia con su elevado poder; los derechos civiles, políticos y económicos avasallados por el Gobierno de Vladimir Putin; el creciente número de empresarios del Gobierno; los exilios, muertes o encarcelamientos de aquellos intelectuales o empresarios que opinan distinto; el colonialismo; el ultranacionalismo y las bases del Estado omnipotente de la era soviética, han llevado a hacer de Rusia una sociedad civil completamente controlada.
Tanto con Lenin como con Stalin a la cabeza, la historia soviética nos mostró la esencia de la acumulación de poder. El avance bolchevique, a partir de 1917, avasalló la totalidad de las libertades, incluyendo la de prensa: fueron innumerables los decretos que otorgaban al Gobierno revolucionario el derecho de sancionar publicaciones que negaran a las nuevas autoridades, tal como fueron incontables las leyes que establecían el monopolio estatal sobre la publicidad, cuestión que debilitó a la prensa opositora, además de la confiscación de imprentas y el cierre de periódicos. ¿Les es familiar?
En simples palabras: en pleno siglo XXI, expresar y transmitir ideas a una audiencia masiva o tener un buen número de seguidores en las redes sociales son algunas formas de tener graves problemas con las autoridades del Gobierno, ¿hasta cuando estos Gobiernos prehistóricos?
Esta es la ingeniería social soviética que Rusia parece no haber podido abandonar. Resulta evidente que el legado comunista dejó su vacuna en la sociedad civil rusa.