“En tiempos oscuros, leer es un acto de vigilia”. Yolanda Pantin.
Como abogada, profesora universitaria, hija, hermana, amiga; en fin, como ciudadana venezolana, trato de aferrarme a este pensamiento en días como hoy. Escribo esta columna hoy 23 de junio de 2015, Día del Abogado en Venezuela. Sin embargo, los abogados de este país poco tenemos que celebrar.
Por ejemplo, los venezolanos recordamos con horror el llamado “Dakazo” de diciembre de 2013; en esa oportunidad, el presidente de la República, sin acto formal previo, ordenó a diferentes organismos del Ejecutivo nacional, en especial al extinto Instituto para la Defensa de las Personas a Bienes y Servicios (Indepabis) y a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a inspeccionar, ocupar y fijar los precios máximos de venta al público de los bienes ofrecidos por los establecimientos comerciales. Esta política se llamó el “Dakazo” debido al nombre del primer local comercial intervenido.
El resultado fue dantesco, si cabe alguna palabra, para lo cual remitimos al informe elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad, programa desarrollado por Cedice y Liderazgo y Visión, y en cuyos boletines e informes participamos como coordinadores e investigadores profesores universitarios y jóvenes recién graduados de diversas carreras, comprometidos con esta idea, sin propiedad no hay libertad.
A través del Observatorio de Derechos de Propiedad y de nuestros reportes al Property Rights Alliance, hemos seguido documentando las políticas aplicadas por este Gobierno.
Esa política se replicó a comienzos de este año con empresas emblemáticas como Farmatodo y Día a Día. A esta última deseamos dedicar nuestra atención porque a raíz de ese caso, Tadeo Arrieche, abogado de la compañía, que sólo ejercía su profesión, está detenido hasta el día de hoy desde el mes febrero de este año.
En febrero de este año, el presidente de la República ordenó la ocupación de la cadena de empresas Día a Día, que comprende 36 tiendas en seis estados del país.
Recordemos que gracias a las leyes actuales esto es posible, por ejemplo, el artículo 147 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria dispone lo siguiente:
“Durante la inspección o fiscalización el funcionario actuante, a fin de evitar la continuidad de los incumplimientos que pudieran derivarse del procedimiento, podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto las siguientes medidas preventivas:
1. Suspensión del intercambio, distribución o venta de los productos, o de la prestación de los servicios.
2. Comiso.
3. Destrucción de mercancías.
4. Requisición u ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agroalimentaria o, para el transporte o almacenamiento de los bienes comisados.
5. Cierre temporal del establecimiento.
6. Suspensión temporal de las licencias, permisos o autorizaciones.
7. Todas aquellas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento de los alimentos o productos regulados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Cuando se dicten preventivamente la requisición o la ocupación temporal, tal medida se materializará mediante la posesión inmediata, la puesta en operatividad y el aprovechamiento del establecimiento, local, vehículo, nave o aeronave, por parte del órgano o ente competente o, el uso inmediato de los bienes necesarios para la continuidad de las actividades de la cadena agroalimentaria a objeto de garantizar la seguridad agroalimentaria…”.
Gracias a disposiciones de este tipo, los dueños de una compañía no pueden disfrutar de los atributos del derecho de propiedad, porque estas medidas impiden que dispongan, usen y gocen de los bienes de su empresa.
Pero miren además lo que sucede en el caso de Día a Día. Tadeo Arrieche es abogado de la empresa y fue detenido el pasado 8 de febrero luego de haber sido llamado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para declarar sobre su relación con los propietarios de la cadena comercial.
Si hubiese independencia del Poder Judicial en Venezuela, si los abogados de este podemos ejercer libremente nuestra profesión, cómo queda el caso de Tadeo Arrieche. Las autoridades venezolanas recuerdan los Principios Básicos sobre la Función del Abogado de Naciones Unidas, el cual en su artículo 18 contempla: “los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de estos últimos, como consecuencia del desempeño de sus funciones”.
Para nosotros los venezolanos, el caso de Día a Día constituye un duro golpe para el ejercicio del Derecho por los atropellos contra el colega Tadeo Arrieche y contra los derechos de propiedad por los abusos en el proceso contra Día a Día, y por no permitírseles defender a través de su representante legal legítimamente designado.
Por casos como este, me repito cada vez que puedo frases que permiten seguir, no sólo en mi cotidianidad, sino también hacer algo más que sobrevivir. “En tiempos oscuros, leer es un acto de vigilia”. Agrego, en tiempos oscuros, leer, escribir, denunciar, no quebrarse espiritualmente, es un acto de vigilia.
Andrea Rondón García es doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del Comité Académico de Cedice Libertad, y se desempeña como profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Metropolitana. Síguela en @arondon75.