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EnglishEn la tragicomedia de la política mexicana, nada es lo que parece. O mejor dicho, nada es lo que se promete. Así sucedió con la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como «el Chapo», de la prisión de máxima seguridad de Altiplano, la noche del sábado 11 de julio.
El reo más vigilado de México escapó por un agujero en la regadera de su celda, hacia un túnel de 1,5 kilometros que tenía como destino una construcción en obra negra dentro de la colonia Santa Juanita, en el municipio de Almoloya de Juárez, del estado de México.
Según un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad, «Chapo» había sido visto por última vez en el área de la regadera de su celda. Al notar su ausencia, se emitió una alerta por su probable evasión.
¿De su rastro? Ni las luces.
Era la segunda vez que el líder del Cártel de Sinaloa —la organización criminal más grande y poderosa de América, con presencia en hasta 50 países del mundo— lograba escaparse de una prisión de máxima seguridad. Ya en 2001, el Chapo había escapado de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande con la colaboración 71 personas, entre ellas reos, custodios e incluso servidores públicos.
Al otro lado del mundo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajaba rumbo a Francia para una visita de Estado acompañado de 141 personas. Enterado de la noticia ya en suelo francés, y desde la Casa del Embajador de México en aquel país, Peña Nieto calificó a la segunda fuga del «Chapo» como una “afrenta para el Estado”, cuyos efectos tienen indignado al país.
En lugar de dejar a su séquito, es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el encargado de volver a México para atender la fuga del «Chapo». O mejor dicho, para apaciguar daños incendiarios y de paso, dar la cara por el presidente.
La fuga esperada y las promesas vacías del presidente
“Promete mucho, cumple poco” es una de las frases que resumen el mandato de Peña Nieto. Al presidente de México, es bien sabido, le encanta prometer. También es bien sabido, por otra lado, que cumplir no forma parte de su repertorio.
Basta con hacer un análisis de los 266 promesas que hizo durante su campaña presidencial. En casi tres años y medio de mandato, según una investigación del diario El Financiero, el político mexiquense había cumplido sólo el 10.56%, lo que son 28 de ellas. Como caso ejemplar, destaca la segunda fuga del Chapo, que bate profundamente en la credibilidad del Estado mexicano.
Tan sólo hace un año, el 22 de Febrero de 2014, Peña Nieto celebraba la captura del capo más buscado del mundo, con la ayuda de Estados Unidos, por elementos de la Marina en Mazatlán, Sinaloa. En una entrevista con el periodista León Krauze, al ser preguntado si se comprometía a que el Chapo no volviera a escapar, Peña Nieto afirmó que era una obligación del Estado mexicano garantizar que el narcotraficante permaneciera tras las rejas.
«Frente lo que ya ocurrió en el pasado, sería verdaderamente algo más que lamentable, es imperdonable… es una responsabilidad que hoy tiene a cuestas el Gobierno de la República el asegurar que la fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelva a repetir», dijo en ése entonces Peña Nieto.
Más allá de una sorpresa, la fuga representa la incapacidad del presidente de tomar responsabilidad por sus palabras. ¿Incredulidad? El 70% de los mexicanos creía en ese entonces que el «Chapo» volvería a evadir la justicia.
Saldo negativo: golpe a la credibilidad interna y externa de México
Además de la fragilidad de las instituciones en México, que padecen de males irresolutos como la corrupción, el tráfico de influencias y la nula rendición de cuentas, la fuga del «Chapo» cala en la parte más oscura de la psique mexicana.
Ya sean los 100 mil muertos de la guerra contra el narcotráfico, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, o la ola de crimenes y asesinatos que sufren los periodistas en el país, los episodios violentos que día a día experimenta la ciudadanía sirven como evidencia de una estrategia de seguridad fallida. El escepticismo no se hace esperar.
Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, dijo en una entrevista con Seminario ZETA que la nueva fuga del «Chapo» simboliza los síntomas de corrupción e impunidad en México, ya que posiblemente ningún alto funcionario de Gobierno vaya a dar la cara y renunciar.
Peña Nieto debería regresar, por supuesto, es una crisis de seguridad nacional, es una crisis de seguridad histórica que Guzmán Loera esté intentando generar una alianza entre las redes criminales más importante del continente porque se da cuenta que los grupos criminales han venido sufriendo grandes pérdidas debido a la competencia pública que han venido teniendo en México y Centroamérica».
A su voz se suman las de muchos otros, como Felipe Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, quien argumenta que el costo de la fuga, en caso de que no hubiera renuncia alguna, «lo estaría absorbiendo directamente Peña Nieto».
En estas instancias, el daño no puede ser resarcido con capturar al «Chapo». Visto desde el exterior, no bastará para acallar la crítica internacional, que ya demanda al Gobierno de Estados Unidos que detenga la asistencia monetaria y de seguridad prometida en la Iniciativa Mérida para no exacerbar las violaciones a los derechos humanos en México.
Visto desde el interior, otra captura del «Chapo» no compensará el costo humano de la guerra contra las drogas. Ciertamente, no hará que aparezcan los cuerpos, ni tampoco logrará la estabilidad política en un país donde el estado de Derecho ha pasado a un segundo término.
“Dejemos de suponer que la inseguridad y el crimen organizado son culpa del Gobierno, son problemas de todos y sólo juntos podemos vencerlos, son problemas de Estado y no de Gobierno” dijo Peña Nieto alguna vez durante una entrega de ascensos y condecoraciones a elementos de las Fuerzas Armadas.
Sí, juntos podemos, presidente. Empecemos por usted y sus allegados.
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