Avanza el mes de agosto y arrecia la escasez en Venezuela. La ausencia de productos en los anaqueles de los comercios se ha convertido en algo frecuente, casi tanto como las largas colas para adquirir bienes de primera necesidad.
La economía venezolana pasa por tiempos difíciles y eso no es misterio para nadie. Múltiples factores se han combinado para crear este escenario: la baja de los precios del petróleo se ha sumado a una irresponsable gestión económica (y quizás hasta la ausencia de esta) para dar como resultado esta difícil situación.
Ha pasado años desde que el entonces presidente, Hugo Chávez, hizo de la expropiación un acto frecuente. Con la instalación de un control de cambio en 2003 y cada vez más regulaciones, el empresariado venezolano se encontró imposibilitado de generar productos e invertir. Muchas empresas acabaron sucumbiendo ante esta “ofensiva” con motivaciones eminentemente políticas. Pero una había permanecido intacta con el paso del tiempo, superando cada traba y manteniendo en curso sus operaciones. Esta, no era otra que el Grupo de Empresas Polar.
Propiedad de la familia Mendoza, Empresas Polar es el más grande conglomerado de empresas en el ramo alimentario que tiene Venezuela. Concentra la producción de muchos de los productos predilectos de los venezolanos, tales como refrescos, cervezas, la Harina Pan (utilizada para hacer arepas) y jugos, entre muchos otros.
Casi la mitad de la producción de alimentos en el país viene de la mano de Empresas Polar y miles de personas trabajan en ella. Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender que se trata de una entidad clave para la realidad económica de Venezuela. De hecho, era esta posición privilegiada la que hacía que muchos pensaran que Empresas Polar jamás podría sufrir un ataque severo por parte del Gobierno. El simple hecho de que Polar baje sus niveles de producción es algo que podría repercutir severamente sobre la economía nacional.
A pesar de su importancia, ya para finales del mes de julio, el moderador del programa televisivo prooficialista, La Hojilla, Mario Silva, le exigió este sábado al dueño de empresas Polar entregar sus fábricas de alimentos al Estado venezolano “porque usted es un hombre que no está preparado para el alto consumo energético del venezolano”.
La pregunta que debemos hacernos es si la ciudadanía venezolana estará de acuerdo cuando la escasez se agudice
La petición de Silva fue escuchada. En los últimos siete días Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha tomado medidas que parecieran orientadas a liquidar a la empresa. Primero ordenó la ocupación de los galpones de Polar, ubicados en La Yaguara (una zona industrial en Caracas), donde funciona el Centro de Distribución que surte a la capital venezolana y las poblaciones aledañas.
El titular del poder Ejecutivo también ocasionó la paralización, por falta de materia prima, de tres plantas que se encargaban de la producción de bebidas y envases plásticos. En todo esto, también ha pesado la liquidación de divisas para pagar a los proveedores extranjeros.
Los primeros perjudicados con todo esto son los consumidores. El venezolano común notará aún más escasez. Las bebidas que produce Polar son de las más consumidas en el país y todas experimentarán caídas drásticas. La Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza ya anunció que prevén una caída del 25% en la producción de cerveza y hay más de 12 mil toneladas y 6 millones de litros de bebidas cuya distribución está en riesgo.
Sin los mecanismos para continuar operando en Venezuela, naturalmente, los siguientes en la lista de afectados son los empleados de la empresa. Más de 1.600 empleos directos y 1.400 indirectos podrían perderse si Polar se ve forzado a cesar sus operaciones. Nada más la paralización de las tres plantas perjudica a más de 1.000 trabajadores.
Polar tiene una opción para salvar sus líneas de distribución en la capital venezolana, que sería reubicar sus galpones, pero las opciones conllevarían a un aumento del 40% en el costo del transporte y ello, normalmente, implicaría un aumento en el precio de los productos que oferta la empresa. Pero como lo mayoría de sus productos tienen precios regulados por ley, ese aumento no llegará al consumidor. La empresa tendría que asumirlo como pérdida. Por si todo esto fuera poco, otras dos plantas de la empresa, ubicadas en el interior del país, también están quedándose sin materia prima.
El Gobierno ha sabido jugar con la percepción pública. Usando su influencia sobre grupos sindicales dentro de la Polar, ha presentado la situación como un conflicto entre los propios trabajadores de la empresa y su director, Lorenzo Mendoza. Ante los medios de comunicación que son controlados por el Gobierno o que le son afines, los actos de intervención son justificados como una lucha de clases. La pregunta que debemos hacernos es si la ciudadanía venezolana estará de acuerdo cuando la escasez se agudice y la situación económica se deteriore aún más en un país que llegará a las tres cifras de inflación a finales del año.