Si le preguntáramos a una cantidad considerable de personas si creen que los políticos son en su mayoría corruptos en forma inmediata y, con seguridad, todos o casi todos responderán de manera afirmativa.
Ahora bien, a pesar de ello, es probable que muchas de estas personas estén a favor de la intervención del Estado en cualquier situación, y en todos los ámbitos de la vida, es decir, la intervención de esos mismos políticos que tan mala imagen tienen dentro de la sociedad.
¿A qué se debe tamaña contradicción? ¿Cómo pensamos que la mayor parte de los políticos son corruptos, mentirosos, etc., pero al mismo tiempo queremos que nos manejen todas nuestras vidas?
Con esto no digo que absolutamente todos los políticos sean deshonestos, por suerte no es así, hay valiosas personas trabajando en política que ojalá lleguen a posiciones importantes. Ahora bien, no podemos desconocer una realidad en la cual estamos inmersos: la mayoría de los políticos son corruptos o se consideran “iluminados” y tienen como principal objetivo manejar la vida de las personas según su parecer.
Hoy en día las funciones del Estado son cada vez mayores, abarcando todos los ámbitos de la vida; incluso aquellos donde, en forma evidente, este resulta completamente ineficaz y para los cuales no fue creado. En lugar de cumplir con su función esencial, es decir, proteger los derechos individuales de los ciudadanos, el Estado en estos tiempos se ha encargado de violentar los mismos.
Basta de un Estado que tome decisiones por nosotros, que nos diga qué estudiar, qué comprar, qué vender, en qué ahorrar, qué mirar, qué escuchar
Cada vez que un político promete que otorgará algo “gratis”, convirtiendo ello en un derecho (en Argentina hasta el fútbol lo convertimos en un “derecho”), debemos preguntarnos a qué ciudadanos le quitará sus recursos, a quiénes violará sus derechos individuales, pues, como sabemos, los políticos no destinan sus propios recursos a ningún proyecto, incluso en muchos casos hacen todo lo contrario.
Si el Estado se ocupa de infinidad de funciones, desde ya se sabe que no podrá ocuparse de su función esencial: defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas, no solo por la falta de recursos y por los esfuerzos destinados a otras cosas, sino también porque termina resultando incompatible, ya que para garantizar las nuevas funciones del Estado, se hace inevitable violentar aquellos derechos que debería defender.
Cuántas veces escuchamos mencionar que hay un Estado ausente (por ejemplo ante un caso de inseguridad), lo cual resulta paradójico, ya que como percibimos todos los días, estamos ante un Estado que abarca todos los ámbitos. Esta ausencia se debe justamente a que se han abandonado aquellas funciones esenciales (en el ejemplo: proteger la vida del ciudadano brindando seguridad y justicia) para ocuparse de temas que no corresponden al Estado y para los cuales incluso es inepto.
En este sentido, Juan Bautista Alberdi manifestaba:
El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del Gobierno, obra como un ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor”.
Es decir, no solo derivamos infinidad de funciones a un Estado que es manejado en su mayoría por políticos corruptos, sino que también le delegamos facultades para las que sabemos que, sin perjuicio de tener las mejores intenciones, el Estado resultará un absoluto ignorante en la materia.
Por todo ello, resulta primordial limitar el poder del Estado, siendo indispensable para ello una autentica división de poderes, un respeto al estado de Derecho, alternancia en el poder, libertad de expresión, igualdad ante la ley y una educación que promueva los valores de la libertad y el respeto reciproco. Para lo cual también resulta fundamental que el estado financie una educación que permita a todos los padres elegir aquella que consideren la mejor y más adecuada para sus hijos.
Basta de un Estado que tome decisiones por nosotros, que nos diga qué estudiar, qué comprar, qué vender, en qué ahorrar, qué mirar, qué escuchar. Necesitamos un Estado limitado, que proteja nuestros derechos y no que se convierta en su principal agresor.
Debemos creer más en nosotros mismos, asumiendo nuestras responsabilidades y confiando en las capacidades que tenemos, sin delegar todo en políticos que tan poco confiamos pero que todo solicitamos. Debemos limitar el poder estatal y otorgar nuevamente el poder a cada uno de los ciudadanos.
Jorge Sturzenegger es estudiante de Abogacía en la Universidad Católica Argentina. Nacido en Intendente Alvear provincia de La Pampa, radicado actualmente en Buenos Aires. Miembro del Grupo Joven de la Fundación Libertad y Progreso. Sígalo en @Jorsturzenegger.