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Privatización de la energía en Puerto Rico, el fin de la locura

Por: Contribuyente - Sep 2, 2015, 1:16 pm
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La infraestructura energética en Puerto Rico deja mucho que desear; sin embargo los boricuas pagan el doble que en el resto de EE.UU. (Joaquín Fuentes)

Por Joshua Sharp

EnglishEl Estado Libre Asociado de Puerto Rico está oficialmente en default. El mes pasado, la isla pagó sólo US$628.000 de una colosal deuda de $58 millones con los acreedores de su Corporación para el Financiamiento Público. Con más de $70.000 millones de deuda pública pendiente, Puerto Rico enfrenta un importante desafío fiscal en los próximos meses.

Uno de los factores más importantes de los problemas financieros y económicos de la mancomunidad es la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es la empresa estatal que provee de electricidad a los ciudadanos de Puerto Rico. Un combustible caro, una mala gestión, y un inflado presupuesto han contribuido a la asombrosa deuda de $9.000 millones que tiene la empresa pública en la actualidad.

Aproximadamente cuatro quintas partes de la energía de Puerto Rico provienen del petróleo —un combustible de mayor costo que el carbón o el gas natural— que es drásticamente diferente al utilizado en el continente. Puerto Rico no produce ni refina el combustible que utiliza, por lo que los funcionarios del Estado Asociado deben importar combustible para suministrar electricidad a los residentes.

Esta dependencia ha dado lugar a un problema significativo para el transporte. La Ley de la Marina Mercante de 1920, mejor conocida como la Ley Jones, requiere que todos los productos transportados entre dos puertos estadounidenses sean realizados por un buque construido en EE.UU., con bandera de este país, y por lo menos que tres cuartas partes de los tripulantes sean estadounidenses. Esto deja el transporte de recursos valiosos a sólo un puñado de embarcaciones y con un número limitado de puertos disponibles. 

Otras complicaciones surgen de la infraestructura obsoleta de la AEE. La mayoría de las plantas de energía de la AEE se concentran en la parte sur de la isla principal, y su edad media ronda los 44 años. La red eléctrica no se moderniza, y procesa inadecuadamente el combustible de petróleo. Como resultado, los cortes de energía son un problema frecuente en todo el territorio.

Por otra parte, la AEE sufre debilidades en la gestión, en parte derivada del cambio cíclico de su liderazgo después de las elecciones. A lo largo de su historia, las instalaciones de la AEE no han cumplido con los requisitos reglamentarios. En 1993, violaron las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental sobre el aire, el agua y el almacenamiento en tanques. En 1997, tras el fracaso para hacer frente a los problemas que habían sido detectados cuatro años antes, la AEE fue multada con $1,5 millones en multas civiles y obligada a llevar a cabo proyectos medioambientales adicionales que costaron otros $4,5 millones.

Luego, en 1999, falló una válvula en la instalación Palo Seco, dando lugar a la fuga de 10.000 galones de ácido sulfúrico. La planta intentó concentrar y neutralizar el ácido; sin embargo, el plan fracasó, lo que llevó a que se filtraran más de 270.000 galones de ácido sulfúrico a las áreas húmedas cercanas. El Gobierno federal puso por este incidente a la AEE en observación durante dos años.

La mala administración no sólo se produce en la operación de las instalaciones, sino también en las finanzas. Una facturación complicada y los altos costos han llevado a una gran parte de la población a evitar el pago de los servicios. En el informe mensual de septiembre de 2014, la AEE había cerrado más del 29% de las cuentas por ser incobrables. Este porcentaje es abrumadoramente mayor que la de los proveedores privados en el territorio continental.

[adrotate group=”8″]Una combinación de malas decisiones de combustible, infraestructura débil, y una gestión incompetente han hecho subir el presupuesto de la AEE hasta llegar a costarle a Puerto Rico el 18% de su recaudación fiscal. El servicio, entonces, termina cada año excediendo el presupuesto en casi $200 millones, según las estimaciones de 2012.

La AEE ha acumulado aproximadamente $9.000 millones en deudas y ahora está luchando para evitar el default. El costo de la energía para los consumidores es también casi el doble que el del resto de Estados Unidos. Al comparar el costo de la renta promedio de las islas con el del continente, la diferencia se hace más substancial.

Con más de $10.000 millones en activos, la industria energética de la mancomunidad debe ser devuelta al sector privado. Inversiones privadas y competencia darán lugar a una mayor innovación en energías alternativas, a la modernización de la red eléctrica, y a una mejor gestión de las finanzas. También liberará recursos para que el Gobierno de Puerto Rico atienda otros asuntos fiscales urgentes para su situación actual.

Es simple, es tiempo de cerrar la AEE.

Joshua Sharp es miembro de Young Voices Advocates y estudiante de la Universidad de West Virginia, especializado en la investigación de la política y la regulación de la energía. Síguelo en @jzsharp.

Traducido por Belén Marty.