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Ecuador y Tailandia: nuevo orden y oportunidades de negocio

By: Contribuyente - Sep 3, 2015, 12:33 pm
El fracking es una tecnología que ha llevado a EE.UU. al primer lugar de la producción petrolera. (Humberto Obed Montiel Herrera)
El fracking ha llevado a EE.UU. al primer lugar de la producción petrolera. (Humberto Obed Montiel Herrera)

Por José Javier Villamarín

El acuerdo alcanzado entre los miembros del P5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) e Irán tiene implicaciones que superan el programa nuclear. El acuerdo abre las puertas a la reconciliación entre Estados Unidos y la república de los ayatollahs, enemigos desde 1979 tras la revolución iraní, y, a la par, a un riesgoso reequilibrio de fuerzas en Oriente Próximo.

Ya, en lo económico, este acuerdo permite el regreso de Irán a los mercados y el repunte de su economía, del 3% por ciento anunciado este año, al 5,1%, en 2016. En el informe Economic Implications of Lifting Sanctions on Iran, el Banco Mundial no solo dice esto, sino también que la novedad más significativa será el regreso de Irán al mercado del petróleo.

El Banco Mundial estima que ante el eventual aumento de 1 millón de barriles diarios (mb/d), suponiendo que no exista una respuesta estratégica de otros países exportadores de petróleo, los precios bajarían en un 14%, o $10 por barril en 2016. Los ganadores indiscutibles, en este contexto, serían los países importadores de petróleo, incluyendo a la Unión Europea y a los Estados Unidos (EEUU), mientras que, en el ala de los perdedores, estarían, naturalmente, los países exportadores de este commodity —los del Golfo Pérsico y Ecuador, por ejemplo—.

Del otro lado del tablero, está el fracking, que ya le está mostrando sus resultados a los EE.UU. En 2014 se rompió una tendencia histórica. Fue la primera vez que este país subió a la cima de los productores de petróleo. Se dio el lujo de desplazar a Arabia Saudita y superar a Rusia en la clasificación internacional de países extractores de hidrocarburos —crudos y gas en conjunto.

La fracturación hidráulica de rocas le permitió a Washington satisfacer 90% de sus necesidades de energía a nivel interno. Este “nuevo orden mundial” —petrolero— se registró en el anuario estadístico de junio de 2015 elaborado por British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy. En éste se confirmó el avance de los EE.UU. hasta lo más alto del ranking global; un escenario impensable hace diez años, pero pronosticado hace al menos dos, por la AIE (Agencia Internacional de Energía).

Oportunidades de negocio

Lo sabemos. EP Petroecuador y PTT International Trading, subsidiaria de la compañía estatal PTT Public Company Limited de Tailandia, suscribieron un contrato que consiste en la compraventa de petróleo a precio del mercado internacional para un período de cinco años y medio.

La forma de pago determina un anticipo total de US$2.500 millones, que representa una parte de la totalidad del valor de la venta. Las condiciones de este contrato también las conocemos. Lo que no sabemos, es si este ensayo funcionará y si esta hipótesis de éxito planteada por el presidente Rafael Correa, alcanzará para justificar su publicidad, que no ha sido poca, por lo demás.

[adrotate group=”8″]En esta hipótesis de éxito —venta anticipada de crudo—, Ecuador se embarcó desde hace seis años. Cerca de 90% de sus exportaciones petroleras son con la estatal Petrochina, como resultado de unos contratos entre ambos gobiernos, sea por la venta anticipada de crudo, o los créditos atados a la venta de petróleo.

Hoy, el desplome de los precios del crudo se ha agudizado como efecto de la desaceleración en el crecimiento económico de China, lo que ha generado fuertes pérdidas en los mercados bursátiles mundiales. El miércoles pasado, el WTI —de referencia para el crudo ecuatoriano—, perdió un 4,27% y cerró la semana en un valor de $40,45 dólares.

Al declararse Ecuador en moratoria en 2009, perdió la opción de crédito internacional a tasas bajas. El “acuerdo” con Tailandia, aparece, entonces, como una oportunidad de negocio que le permitirá a Correa rellenar los vacíos fiscales.

Y entrecomillo la palabra “acuerdo” porque tal cosa, aunque el oficialismo no lo admita, no existe. Es —con sus cinco letras–, una deuda que el país deberá pagar a futuro, y que por bien del Gobierno, esperemos que esta escalada de endeudamiento no supere el límite de prudencia fiscal establecido en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece: “El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB”.

Esta aventura económica, ciertamente y por ahora, beneficia al Gobierno, pero el conjunto de la economía ecuatoriana, a corto plazo, pierde, porque se limitan los ingresos provenientes del petróleo, debido a que parte de ellos ya están previamente comprometidos; y, porque guste o no, al ser el Estado el principal, si no el único interlocutor en la mayoría de los sectores estratégicos, es motivo suficiente para desalentar a muchos otros inversores extranjeros que se verán confrontados además de la corrupción, con el clientelismo.

Preguntas: ¿Correa advirtió las consecuencias del nuevo orden mundial?, ¿podrá mover sus fichas con precisión para ganarle la partida al déficit fiscal?

Situar la dama frente a dos peones enemigos es de audaces, pero también de imprudentes.

José Javier Villamarín es abogado y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). Villamarín es socio de Aspen Consultores Empresariales. Síguelo en @josejavierfree.

Diputado propone derogar impuesto a las ventas brutas en Honduras

By: Staff de PanAm Post - Sep 3, 2015, 11:48 am
Congresista presenta proyecto de ley para derogar medida confiscatoria. (El Tiempo)

Este miércoles se presentó un proyecto de ley que busca reformar el artículo 9 del decreto 278-2013 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas por el congresista liberal Walter Romero. La medida actual cobra el 1.5% de las ventas brutas para los empresarios que tienen ingresos iguales o superiores a los 10 millones de lempiras anuales (US$ 460 mil). “Es una medida que está causando bastante daño, que está permitiendo el cierre de muchas empresas y por tanto, se está perdiendo una gran cantidad de empleos”, señaló Romero. Añadió que los más perjudicados son las familias pobres que dependen de las empresas para conseguir trabajo. Ante el argumento de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que señala a este impuesto como una medida antievasión, el Congreso explicó que se trata de una medida confiscatoria, dado que en el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta, se define a sus componentes como todo ingreso estatal que venga a modificar el ingreso de los contribuyentes. Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó que si bien la medida tenía como objetivo evitar la evasión fiscal de las empresas, ya perdió su razón de ser con el nuevo sistema de facturación. “Esto indica que ya no hay una forma de subvaluar, sobrevalorar y mucho menos de doble facturar, porque existe una medida efectiva para controlar a aquellas empresas que no declaren de forma correcta los impuestos”, dijo Emín Abufele, vicepresidente del Cohep. Esta resolución entró en vigencia en enero de 2014, los empresarios reclamaron y presentaron un recurso de inconstitucionalidad por verse afectados, pues el impuesto debe pagarse a partir de las ventas brutas, independientemente de presentar utilidad o pérdidas al finalizar el año.  Afirman que la medida ha generado pérdidas en las empresas y el aumento del desempleo. "Debemos enfocarnos en la sostenibilidad del sector privado y las inversiones", declaró Luis Larach, ex presidente del Cohep en una entrevista. [adrotate group="7"]En junio pasado, la Corte Suprema falló a favor del decreto 278-2013 con respecto al recurso de inconstitucionalidad emitido por el sector empresarial. Fue un fallo unánime en el cual reiteraron la vigencia de la medida y sugirieron que si algún empresario se siente afectado, se acerquen para analizar el caso conforme a derecho. Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comentó a cerca del fallo que es necesario "evaluar el criterio jurídico, yo confío que a través del diálogo eso se puede derogar". Fuente: El Tiempo, La Prensa.

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