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Lucha contra la pobreza del chavismo: solo propaganda

Por: Contribuyente - Oct 4, 2015, 4:39 pm
Durante los años del chavismo, la pobreza mejoró por ingresos, pero no por necesidades atendidas. (El Venezolano)
Durante los años del chavismo, la pobreza mejoró por ingresos, pero no por necesidades atendidas. (El Venezolano)

Por Alejandra M. Hernández F.

Entre 1999 y 2014, el Gobierno venezolano destinó USD $717 mil 903 millones a políticas sociales, según precisó el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2014 del Gabinete de ministros ante la Asamblea Nacional. Pese a esta inversión, la pobreza por ingresos alcanzaba en 2013 a 9 millones 683 mil 932 personas, es decir, a un tercio de la población (33,55%), de las cuales 3 millones 778 mil 909 se encontraban en pobreza extrema, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2014 el panorama no fue diferente. La situación  de pobreza por ingresos se extendía a 3 millones 538 mil 930 hogares, lo que equivale a 48,4% del total de hogares, de los cuales 1,7 millones estaba en pobreza extrema, de acuerdo a los resultados de la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela (Encovi 2014), realizada por tres importantes universidades del país: Católica Andrés Bello (UCAB), Central de Venezuela (UCV) y Simón Bolívar (USB). En este trabajo se revela además que en los dos últimos años la pobreza se ha incrementado en al menos 33,02%.

Las cifras anteriormente citadas dejan en evidencia que la gran inversión efectuada por el Gobierno central durante los últimos años en el sector social no ha logrado disminuir la pobreza por ingresos, pero además “no ha impactado directamente en los componentes estructurales de la pobreza”, es decir, no ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades básicas, según se desprende del estudio Pobreza y gasto social en la Venezuela de la Revolución Bolivariana, publicado recientemente por el Observatorio de Gasto Público de Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad).

Precisamente, una de las metas del milenio es disminuir la pobreza, y para lograr este fin los países destinan una parte de su gasto público en el sector social. En Venezuela esta porción del gasto público se invierte en educación; vivienda, desarrollo urbano y servicios conexos; salud; desarrollo social y participación; seguridad social; cultura y comunicación social; y, ciencia y tecnología, según la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

La investigación de Cedice, realizada por las sociólogas María Gabriela Ponce y Lissette González, revisa la relación existente entre el gasto público social y pobreza para el caso venezolano en lo que va del siglo XXI.

Las autoras, quienes forman parte del equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, explican que la reducción de la pobreza debe darse tanto desde el punto de vista de los ingresos de cada individuo como desde la perspectiva de las condiciones estructurales de vida de los ciudadanos. Y es que la pobreza, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Metas del Milenio, va más allá de la falta de recursos, pues abarca además “una carencia de capacidades que impiden la autonomía necesaria para actuar en libertad en sociedad”.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gasto social es aquella porción de los ingresos públicos “que agrupa determinados recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su población”. En el caso de Venezuela, en los últimos 15 años el Estado ha invertido 61% del ingreso nacional con este propósito, según informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU), el pasado 1 de junio.

Esta significativa erogación de recursos por parte del Estado ha sido tomada como bandera política por quienes dirigen el destino del país y desde el punto de vista del discurso, se le ha presentado a la población como uno de los más grandes logros del Gobierno “chavista”; sin embargo, los resultados del estudio de Ponce y González demuestran lo contrario.

Midiendo la pobreza

Para realizar la investigación y con el fin de “obtener un enfoque multidimensional del fenómeno”, las autoras tomaron como referencia tres tipos diferentes de mediciones de pobreza: Línea de Pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas y Método Integrado. Luego analizaron la evolución de cada una de estas mediciones durante el período comprendido entre 1997 y 2011, y posteriormente relacionaron estos resultados con el desempeño económico del país, en particular con el comportamiento del gasto social.

Las sociólogas aclaran que el estudio se inició en 1997 para tener como referencia dos años previos al inicio de la revolución y así poder comparar los resultados con la tendencia existente en materia de pobreza y gasto social antes de la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República. Explican, asimismo, que el período de análisis se efectuó hasta el 2011, porque en los años posteriores los organismos oficiales dejaron de publicar los datos respectivos.

Como indicador de las condiciones de vida de la población, Ponce y González partieron de las estimaciones de pobreza, según el método integrado, realizadas a partir de la Encuesta de Hogares por Muestreo, que es la encuesta oficial del INE. Las investigadoras trabajaron con el microdato de este instrumento de medición correspondiente al primer semestre de cada año “a fin de poder contar con la información de cada persona y hogar que formaron parte de la muestra”.

Ponce explica que el método integrado permite una aproximación más completa del tema de la pobreza, porque combina “las caracterizaciones producidas a través de los métodos Línea de Pobreza (LP) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para generar una clasificación de los hogares en cuatro categorías a partir de las coincidencias o diferencias con los criterios de cada uno de estos métodos”. Estas categorías son: Pobreza crónica, pobreza coyuntural, pobreza estructural y no pobre. Las personas que se encuentran en situación de indigencia no figuran dentro de ninguna de estas clasificaciones.

La línea de pobreza se apoya en dos variables: los ingresos de los hogares e individuos y el valor de la canasta de consumo alimentario. Este método permite medir la “pobreza coyuntural”.

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, en cambio, busca identificar las carencias de la población partiendo de cinco necesidades mínimas que deben ser satisfechas en un hogar para lograr condiciones adecuadas de vida: “Condición estructural de la vivienda que satisfaga estándares mínimos de habitabilidad, hacinamiento por cuarto para dormir, acceso a servicios básicos que aseguren niveles sanitarios adecuados, acceso a la educación básica y capacidad económica para asegurar niveles de consumo mínimos”.

Las investigadoras destacan que hay pobreza cuando una de estas necesidades no se cubre, y hay pobreza extrema cuando dos o más están insatisfechas. Este tipo de metodología mide la “pobreza estructural” y su variabilidad va a depender del gasto social, afirma González. Agrega que cuando por ambos métodos un hogar tiene niveles de pobreza, es clasificado en la categoría de “pobreza crónica”. Asimismo, para que un hogar sea considerado como “no pobre”, debe estar catalogado como tal por los dos métodos.

Evolución de la pobreza

Tras aplicar el método integrado, las sociólogas notaron que los porcentajes de pobreza total por este método suelen ser mucho más elevados que las cifras manejadas por el INE, ya que se incluyen los resultados agregados de las otras dos mediciones: Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas.

Al examinar la evolución de la pobreza en el tiempo, descubrieron que los años con mayor porcentaje de pobreza total en hogares (alrededor de 64%) son 1997, 2003 y 2004, porcentaje que asciende entre 70% y 71% cuando se observa en términos poblacionales.

Asimismo, la investigación arrojó como resultado que la pobreza coyuntural, es decir, la de ingresos, es la categoría con el mayor registro porcentual en prácticamente todos los años analizados, lo cual hace que “su tendencia marque los ciclos de la evolución de la pobreza por el método integrado, siendo el año inicial y los intermedios (2003-2005) los momentos que reflejan mayor incidencia de este tipo de pobreza”.

En 1997, poco más del 58% de los hogares y 64% de los habitantes “no lograban los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades”, mientras que el 30% de los hogares del país “tenía al menos una necesidad básica insatisfecha, alcanzando este registro a poco más del tercio de la población (35%)”, según revela el documento.

En el trabajo se puntualiza que entre 1997 y 2001 se produjo “una caída gradual pero sostenida de la pobreza de ingresos” producto de una mejoría relativa en el desempeño económico del país, pero en 2002 hubo un repunte en este tipo de pobreza y este crecimiento se mantuvo hasta el año siguiente como consecuencia del ajuste económico de febrero de 2002 y de una serie de eventos políticos que tuvieron un fuerte impacto en la economía, entre ellos el golpe de Estado en abril de 2002, la huelga petrolera y el paro general entre finales de 2002 y principios de 2003. “Esto va a ubicar la incidencia de pobreza en valores semejantes a los de 1997”.

Vale señalar que por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas también se observa en el estudio un “ligero aumento porcentual de los hogares y la población pobres entre 2001 y 2003, producto del crecimiento de viviendas inadecuadas (de acuerdo con sus materiales de construcción), y de la carencia de servicios de saneamiento básico (agua y eliminación de excretas); ambos factores asociados al fenómeno de las invasiones”.

De la investigación se desprende, además, que aún en los años con menor porcentaje (2007, 2009 y 2011), la pobreza coyuntural sigue siendo la categoría con mayor incidencia en el conjunto, lo cual devela –a juicio de las expertas– que pese al considerable descenso de la pobreza de ingresos que se registró en el país para el período 2004-2007 (alrededor de 28%), “los bajos niveles de ingreso siguen siendo un importante componente del fenómeno en el país”. Entre 2004 y 2007 hubo un crecimiento económico a consecuencia de una coyuntura favorable de los precios del petróleo.

El segundo tipo de pobreza en orden de importancia, según el estudio, es la categoría de pobreza crónica. Su porcentaje oscila entre 25% y 12% en hogares y 31% y 16% en personas. Tanto la pobreza coyuntural como la crónica “están marcadas por los ciclos económicos del país, aumentando considerablemente en los años más comprometidos y descendiendo en las fases de recuperación o bonanza económica”.

El trabajo publicada por Cedice devela que la categoría de menor importancia relativa es la pobreza estructural que muestra porcentajes menores al 12% en todos los años analizados, “con un comportamiento inverso al de la pobreza coyuntural y crónica”.

Tendencia del gasto social

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gasto social consiste en la provisión de beneficios y contribuciones financieras a hogares e individuos por parte de instituciones públicas, con el fin de proveer soporte durante circunstancias que afecten de manera adversa al bienestar de éstos.

Según el vicepresidente Jorge Arreaza, la cifra correspondiente al gasto social o “inversión social”, como lo denomina el Ejecutivo nacional, ha sido destinada a “las Misiones Sociales, la salud, la vivienda, la educación, las canaimitas, las aldeas universitarias, los Mercal, Pdval”.

Para evaluar el impacto que esta inversión social ha tenido en la pobreza, Ponce y González utilizaron como fuente el gasto social publicado en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov) para el período 1997-2013, el cual incluye tanto el gasto presupuestado por el gobierno central como el gasto extra-presupuestario realizado por otros organismos públicos como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (Fonden). En estas cifras no se incluye el gasto social realizado por los gobiernos regionales y locales.

Tras observar la evolución de la inversión social, las especialistas encontraron que existía una tendencia creciente del gasto social per cápita durante el período analizado, y que los componentes de este gasto que capitalizaban la mayor cantidad de los recursos eran, en orden de importancia, los de educación, salud y seguridad social.

Asimismo notaron que los aumentos del gasto ocurrían en paralelo a los del producto interno bruto per cápita, es decir, estaban causados por el incremento del ingreso nacional en épocas de bonanza. Sin embargo, su crecimiento no era estable, ya que presentaba picos en momentos concretos, especialmente en los períodos de elecciones presidenciales (2006 y 2012). Las sociólogas también observaron períodos de caída del gasto social per cápita como entre los años 2006 al 2009, y una tendencia descendente a partir de 2011.

Estas fluctuaciones del gasto estuvieron asociadas –según el estudio– a los ciclos de la economía venezolana, en otras palabras, el gasto crecía cuando había bonanza y caía en épocas de crisis. Pero estos períodos de alto crecimiento económico, a diferencia de otros países, no fueron generados por incrementos en la producción y productividad nacional, sino por variables externas, específicamente, por los aumentos en el precio del petróleo, que hasta el día de hoy han impactado de manera relevante el ingreso de los hogares venezolanos.

De la investigación se desprende, además, que entre los años 2004 y 2007 hubo un incremento significativo en los ingresos, es decir, en solo cuatro de los 15 años analizados. Pero ese proceso de aumento en los ingresos no estuvo “acompañado de una mejora sustancial de las condiciones estructurales de vida de la población”, ni tampoco se produjo “en conjunto con políticas públicas de más largo aliento que se traduzcan en la estabilización en la tendencia ascendente del gasto social real”.

Estas variaciones en el gasto generaron —en criterio de las sociólogas—, “una alta volatilidad tanto de las orientaciones de la política social como de su ejecución y sostenibilidad en el tiempo”. Es por esta razón que las expertas consideran que las políticas del sector pierden su capacidad de brindar protección a la población vulnerable en períodos de recesión.

Relación Pobreza-Gasto social

Los hallazgos de esta investigación revelan que si bien es cierto que diversos indicadores sociales mostraron mejorías significativas durante parte del período analizado, “al contrario de lo que podría esperarse a la luz de la teoría, en Venezuela la inversión pública, y específicamente el gasto social, no muestra un efecto directo sobre los componentes estructurales de la pobreza”, sino que se asocia más con los ingresos de los hogares. En otras palabras, la inversión pública debería haber impactado no solo el ingreso sino también la infraestructura, las redes de atención y, por tanto, la satisfacción directa de las necesidades por parte de la población.

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El estudio pone de manifiesto que la variable de ingresos sufrió cambios muy significativos en los últimos años; “cambios que en modo alguno han seguido una tendencia lineal hacia la mejoría de las condiciones de vida de la población”. Por el contrario, este período se ha caracterizado por avances y retrocesos muy pronunciados en consonancia con el desempeño económico del país.

Las autoras concluyen, además, que la volatilidad del gasto social “es evidencia de la débil integración de las políticas públicas con un modelo de desarrollo armónico y sustentable”.

Finalmente, la investigación destaca que este panorama, ya desalentador, “se agrava ante la severa crisis económica por la que actualmente transita el país: coyuntura que incluye recesión, alta inflación y escasez, factores que repercuten directamente sobre las condiciones de la población en general y especialmente la más vulnerable, sin que existan programas de protección social que eviten los posibles efectos sociales y económicos irreversibles”.

Alejandra M. Hernández F. es una periodista venezolana y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Síguela en @alejandramhf.