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Cómo la regulación de armas de fuego lastima a las minorías

Por: Contribuyente - Oct 16, 2015, 11:43 am
In 1967, the Black Panthers staged a demonstration at the California state capitol to defend their right to bear arms. (Digital Archives)
En 1967 las Panteras Negras se manifestaron frente al capitolio estatal de California para reclamar por el derecho a portar armas. (Digital Archives)

Por Meg Arnold y Nathan Goodman

EnglishTras el trágico tiroteo en el Umpqua Community College de Oregon, muchos comentaristas y políticos están instando a un mayor control sobre las armas de fuego.

La precandidata Demócrata a presidenta de Estados Unidos Hillary Clinton prometió tomar la vía ejecutiva si el Congreso se rehúsa a ampliar el proceso de revisión de antecedentes en las ventas de armas. En el mismo sentido, otro de los contendientes Demócratas a la presidencia, Bernie Sanders, probablemente ofenda a algunos de sus representados cuando revele su nueva política sobre armas en respuesta a esta tragedia.

Restringir las libertades tras una crisis solo causará más daño. La legislación que se aprueba en reacción a una crisis frecuentemente incluye cláusulas para expandir el alcance del poder estatal. De vez en cuando el Estado retrocede, pero siempre termina más grande y poderoso que antes.

Luego de los ataques del 11 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra la privacidad, el habeas corpus, y otras libertades básicas. De la misma manera, la Gran Depresión en la década de 1930 erosionó la libertad económica, y sus consecuencias aún las sentimos, por ejemplo, con el despilfarro que implican el Export-Import Bank y los subsidios a los granjeros.

No deberíamos permitir que trágicos tiroteos sirvan como excusa para expandir el poder gubernamental y restringir las libertades individuales.

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La defensa del derecho a portar armas suele ser vista como una cuestión conservadora, pero no debería ser así. Muchos progresistas reconocen que el sistema penal lastima injusta y arbitrariamente a los más pobres y marginales de nuestra sociedad. Es el mismo sistema penal responsable de aplicar el control sobre la armas, y los resultados son trágicamente predecibles.

Quienes proponen el control de armas de fuego quieren resolver los problemas de la violencia con armas, pero se olvidan de que el Estado utiliza la misma violencia para aplicar las leyes que ellos proponen.

Dean Spade, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Seattle y fundador de la ONG de asistencia legal Sylvia Rivera Law Project, señala: “cuando tenemos una conversación sobre la violencia con armas que ignora las realidades de la violencia estatal, se suelen producir iniciativas que terminan por marginalizar y criminalizar aún más a la gente de color, los pobres, los discapacitados, y a la juventud”.

El racismo no es únicamente un producto derivado del control de armas cuando la persona que lo aplica es racista; el racismo es inherente al control de armas de forma sistémica.

Estados Unidos promulgó la primera política sobre el control de armas para desarmar a los pueblos indígenas y a los recientemente liberados esclavos. Otras leyes posteriores buscaban evitar que las Panteras Negras portaran abiertamente armas de fuego.

Iniciativas recientes sobre este tema podrán no tener la intención racista, pero sin embargo sus resultados producirán consecuencias diferentes según la raza. Nueva York implementó el programa de detención y registro que le permite a la policía de ese estado acosar a la gente y seleccionar arbitrariamente a gente de color, en el nombre de sacar las armas de la calle.

Las desigualdades también ocurren a nivel nacional. Anthony Gregory, del Independent Institute, remarca que en 2011 “un 49,6% de los sentenciados a una prisión federal por violaciones a regulaciones sobre armas eran negros, 20,6% hispanos, y solo un 27,5% eran blancos”.

Muchas leyes sobre control de armas incluyen plazos mínimos de sentencias. Esto impide a los jueces considerar circunstancias específicas a la hora de sentenciar, y por lo tanto lleva a condenas desproporcionadas e injustas.

Los plazos mínimos de sentencia le permiten a los fiscales acumular cargos. Los acusados, de esa manera, pueden enfrenar décadas en prisión si son encontrados culpables, y así son intimidados a aceptar sentencias de conformidad en un acuerdo con el fiscal, en vez de ejercer su derecho a un juicio con jurado.

El derecho a portar armas suele ser utilizado para defensa del poder gubernamental y como un medio para mantener a raya cualquier intento de Gobierno opresivo. Las leyes de control de armas tienden a desarmar a aquellos más oprimidos. Para peor, le dan al Estado mayores pretextos para acosar, vigilar y encarcelar a los marginales.

Todo el que esté preocupado por la libertad, la justicia o la igualdad, debería mantenerse escéptico cuando una vez más emergen los pedidos para regular el derecho a portar armas.

Nathan Goodman es integrante de Young Voices Advocate e Investigador Aacdémico en estudios abolicionistas del Center for a Stateless Society. Meg Arnold reside en Washington D.C. es integrante de Young Voices Advocate y escritora.

Traducido por Adam Dubove.