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Matrimonio y familia surgieron antes que el Estado colombiano

Por: Contribuyente - Nov 11, 2015, 12:08 pm
La adopción homoparental, en realidad, no debería ser un asunto en el que se metiera el Estado colombiano. (ILGA-LAC.org)
La adopción homoparental no debería ser un asunto en el que se metiera el Estado colombiano. (ILGA-LAC.org)

EnglishPor René Sandoval

Esta semana, la Corte Constitucional colombiana dio vía libre para que las parejas conformadas por miembros del mismo sexo puedan adoptar en el país. Las reacciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, no se hicieron esperar. Algunos celebraron la decisión, catalogándola de histórica, como un gran paso hacia la anhelada igualdad de derechos. Otros, por su parte, criticaron la providencia basándose en sus creencias personales o religiosas. Lo que ambos grupos parecen no advertir es que el gran ganador —en la sombra— es el Estado.

Más allá del caso concreto evaluado por la Sala Plena de la Corte, lo que en verdad estamos presenciando es un choque de definiciones. Diversos grupos de interés quieren imponerle a toda la sociedad una determinada concepción de familia, quiénes la pueden integrar y de qué derechos goza. Todos los bandos involucrados intentan, de una forma u otra, influenciar la decisión final, ya que no son los individuos quienes deciden cómo actuar en el ejercicio pleno de su libertad. El Estado es el que toma la decisión por nosotros.

En una sociedad verdaderamente libre, las decisiones no las tomaría un grupo de ocho magistrados que, después de un acalorado debate, exclaman: “¡hemos creado un nuevo derecho!”. Al hacerlo, asumen que el Estado otorga derechos. Las conclusiones de la Alta Corte igualan a dos grupos en términos de derechos, pero nos mantienen a todos a distancia prudente de la libertad efectiva.

Personalmente, estoy en contra de los “permisos” que otorga el Estado a través de éstas sentencias, porque los permisos han sido usados como una herramienta de exclusión. El derecho al voto por parte de las mujeres, la prohibición de matrimonios “interraciales”, el matrimonio homosexual, entre otros, son ejemplos concretos de cómo, históricamente, ciertos grupos se han apropiado del monopolio sobre la definición de los derechos individuales para obligarnos a todos a actuar de determinadas maneras.

No olvidemos tampoco que ese poder tiene dos caras: así como otorga unos derechos, puede suprimir o limitar otros. Aún hoy, las parejas homosexuales en Colombia no pueden contraer matrimonio, porque la definición hegemónica de matrimonio solo cobija a un hombre y una mujer.

Pero establezcamos lo obvio: el matrimonio y la familia, así como los derechos de propiedad, preceden al Estado. Ambos encuentran su fundamento en la libertad de asociación y el derecho a suscribir contratos. En ninguno de los casos mencionados se necesita al Estado para existir. En anarquía, por ejemplo, el matrimonio, la familia y los derechos de propiedad aún existirían, si bien de otras maneras.

Dicho lo anterior, ¿se debería permitir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar? El Gobierno no debería entrometerse en estos asuntos. Esta respuesta está relacionada con el principio de libre asociación: una persona puede hacer lo que quiera siempre y cuando no viole los derechos de otros individuos. Tampoco se puede, por consiguiente, obligar a la Iglesia o a cualquier persona a reconocer ese acto como legitimado moralmente sólo porque ocho individuos así lo decidieron.

Si alguien tiene un problema con la idea de que una pareja homoparental pueda adoptar, como le podría ocurrir a cualquier persona, hay una solución sencilla: no lo reconozcan como un derecho.

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Y no hay por qué escandalizarse con esta propuesta, ya que es algo que hacemos de manera cotidiana. Me gusta la música y las series televisivas, y no considero que la salsa choke o las telenovelas de mediodía tengan valor alguno como expresiones artísticas. De hecho, pienso que cualquier individuo que por voluntad propia escuche o vea eso se está haciendo daño. Pero el escuchar salsa choke o ver novelas no daña a nadie más que a quién lo hace, y por consiguiente no tengo la autoridad para prevenir que suceda. Tampoco me gustaría tener el poder de moldear a mi antojo las expresiones culturales de acuerdo con lo que considero bueno o valioso.

Lo mismo pasa con la adopción gay. Si una persona considera que es una patraña, nadie en una sociedad libre podría impedir que se expresara libremente, así como tampoco podrían evitar que la unión de dos personas sea considerada por estas como un matrimonio y por ende puedan adoptar.

La sentencia de la Corte Constitucional ataca un claro déficit de derechos de una población marginada. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que estos contrapunteos hermenéuticos pueden ser resueltos de una mejor manera y con menos perjuicios a través de la asociación voluntaria entre individuos libres.

No debemos permitir que el Estado decida por nosotros; debemos reclamarle que se encargue de lo que en realidad le compete: la garantía efectiva de los derechos, mas no la definición de los mismos.

René Sandoval es antropólogo de la Universidad de los Andes, donde cursa actualmente una Maestría en Políticas Públicas. Cree que la libertad es el valor supremo que debe perseguir toda sociedad y confía en el orden espontaneo como la mejor forma de organización social posible. Síguelo en @renesandovalram.