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EnglishPor: José Marulanda
William Brownsfield, subsecretario para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, ex embajador en Venezuela y Colombia, afirmó que en su país el consumo de cocaína está creciendo. Dijo que Colombia aumentó sus cultivos de coca, donde el presidente Juan Manuel Santos suspendió la fumigación de cultivos ilegales, a pedido de las Farc, que es uno de los principales narco-carteles del mundo; y además que por Venezuela sale la mayoría del producto ilícito colombiano, estimado en unas 400 y pico toneladas anuales.
El narcotráfico es la espina dorsal de los principales problemas de seguridad en cualquier ciudad de América Latina, y con los anuncios de Brownsfield el panorama es desalentador: si el narcotráfico crece, los consumos internos suben, el micro tráfico se incrementa y la inseguridad se dispara.
Las intervenciones policiales al narcomenudeo en las diferentes ciudades de la región, son acciones sin proyección, descoordinadas, que generan otros problemas de seguridad y se convierte en un baldón a la capacidad de los gobernantes de turno.
En el fondo del problema, sin embargo, late un aparato de justicia ineficaz. Según el Índice Global de Impunidad 2015 de la Universidad de las Américas en Puebla, México, los tres países que encabezan la lista son Filipinas, México y Colombia. Para el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, la impunidad en el país es cercana a 95%. El aumento de los linchamientos callejeros y de los ataques a la policía son síntomas de la pérdida de confianza en el aparato de justicia, y del irrespeto a la autoridad. Este averiado panorama se agrava con la falta de gerencia de la seguridad ciudadana.
En Bogotá, durante el Gobierno del exguerrillero Gustavo Petro, desmejoró notoriamente los niveles de seguridad de la urbe, con seis gerentes del Fondo de Vigilancia y Seguridad en un año, y una ejecución presupuestal de solamente 30%, llena de improvisaciones y errores.
Confrontacional, polarizante, más ideológica que gerencial, a contrapelo de lo que las ciudades modernas requieren, la alcaldía de Bogotá no ha sido una administración inteligente en asuntos de seguridad ciudadana. El alcalde ha mostrado su interés en seguir el ejemplo chavista y la realidad es que el modelo socialista del Siglo XXI ha posicionado a Caracas como la segunda ciudad con el mayor número de homicidios en el mundo, después de San Pedro Sula, en Honduras, y a Venezuela como el segundo país en secuestros, después de México. Se han anunciado 21 planes de seguridad y ninguno ha sido efectivo para garantizarle a la ciudadanía caraqueña y venezolana un mínimo de tranquilidad.
Al radicalismo ideológico que ha patrocinado grupos de civiles armados para defender la revolución a punta de intimidación, se agregan una justicia totalmente ideologizada y cooptada, cuerpos policiales incapaces pero adeptos, carencias logísticas graves, prisiones en manos de “pranes” o capos carcelarios y una larga lista de fallas.
Por otro lado, la izquierda armada, representada por las Farc y el ELN en Colombia, Sendero Luminoso en Perú y el Ejercito Paraguayo del Pueblo, se ha convertido en una estructura más de la cadena del narcotráfico. Y cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de inseguridad pero también de economía.
Con la crisis que está afectando a Argentina y Venezuela, y que se está asomando en Colombia, es lo que dice el escritor Roberto Saviano en Cero Cero Cero Cómo: la cocaína gobierna el mundo (Anagrama, 2014) adquiere sentido: “La cocaína es la respuesta universal a la necesidad de liquidez. La economía de la coca crece desmesuradamente y llega a todas partes”. Y el fiscal general de Paraguay, Javier Díaz Verónlo concreta: “(…) el narcotráfico no sólo corrompe a los hombres, sino a la misma estructura del Estado”.
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En Argentina, además de acusaciones contra el jefe de Gabinete kirchnerista sobre su posible vinculación con redes de trasiego de drogas, el narcotráfico se ha convertido en el dolor de cabeza de la seguridad nacional; en Venezuela, la justicia norteamericana ha indiciado a altos funcionarios, como el presidente de la Asamblea Nacional, de estar vinculados con el negocio y hace pocos días capturo en Haití a familiares cercanos al presidente Maduro transportando cocaína; Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína del mundo y en Perú, segundo productor mundial, Alan García, candidato a una tercera reelección, soporta la acusación de haber otorgados más de 1.000 narco indultos, hechos, según él, después de “pedir consejo a Dios”. Esto sin mencionar a Bolivia, Ecuador y Brasil. México y Centroamérica con sus maras, y el Caribe, merecen capítulo aparte.
Todo lo anterior explicaría en gran medida porque las Naciones Unidas catalogan a América Latina como el continente más peligroso del mundo, mientras el narcotráfico, causante mayor de esta inseguridad, sigue creciendo inexorablemente, debido a las condiciones económicas de la región y a la connivencia de sus políticos.
En este escenario, la pregunta ahora es cómo se va a presentar la participación de miembros del cartel de las Farc en el Congreso de Colombia, en el Gobierno y en los medios de comunicación, mientras mantienen dominio territorial en amplias zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, precisamente en donde más han aumentado los cultivos ilícitos de coca. Algo que da para pensar que la negociación de La Habana terminará por generar fácilmente un para narco-estado, con todas las fatales consecuencias de tal diseño político-económico.
José Marulanda es columnista, abogado, coronel de la Reserva Activa del Ejercito de Colombia y asesor de Seguridad para multinacionales energéticas en América Latina.
