EnglishPor Carlos Alberto Salguero
Según parece, se trata del mayor interrogante que mantiene en vilo a los argentinos y que contribuiría a mitigar la incertidumbre de cara al balotaje presidencial del próximo domingo 22 de noviembre. El descenso del stock de reservas por parte del Banco Central hace prever una fuerte devaluación y sitúa al Gobierno de frente a una nueva encrucijada: reconocer de derecho lo que en los hechos ya está ocurriendo, un inevitable sinceramiento del tipo de cambio.
Los tipos de cambio fluctúan continuamente, pues las circunstancias que los originan también están en perpetua mutación. Cada instante puede generar distintas consideraciones, pero no son esos simples cambios los que debieran llamar la atención, sino los que lo hagan en mayor medida.
La experiencia cotidiana muestra la continua fluctuación de los precios, y podría esperarse que las personas tuvieran en cuenta este hecho. Sin embargo, ideas populares sobre la producción, el consumo y las operaciones comerciales se hallan más o menos envilecidas por una errante y contradictoria noción de rigidez de precios.
En la actualidad, es fácil comprender por qué quienes se ven perjudicados en sus intereses, por un cambio de precios, presenten objeciones y proclamen que los anteriores eran más justos y animados en sus propios reclamos, aseguren la conveniencia de una rigidez natural.
Un claro ejemplo es el control de precios, llamado con el eufemismo “precios cuidados”, que ha dejado a muchas empresas con graves problemas de liquidez e incluso de solvencia. Como dijo Mises, refutar este error es algo que no sólo interesa a la economía, sino especialmente a la política económica. Las desastrosas medidas de política económica que hoy prevalecen se deben en gran parte a la lamentable confusión que se explica.
Por un lado, una primera aproximación consiste en abordar la cuestión desde el margen inferior, el tipo de cambio oficial. Luego de otras medidas restrictivas de relativa laxitud, se puso fin al mercado libre de cambios. En noviembre de 2011, el denominado cepo cambiario fue instaurado por la presidente Cristina Kirchner bajo el argumento de que había que evitar una devaluación que empobreciera a los argentinos.
Literalmente, se estableció un precio máximo en el mercado de divisas que opera bajo el resguardo del poder y prohíbe cualquier transacción que no concuerde con el precio oficial. Si el Gobierno hubiese establecido un precio máximo concordante o superior al tipo de equilibrio del mercado, los efectos económicos se hubiesen limitado a los gastos administrativos correspondientes.
Ahora, tan pronto como la autoridad del Estado pretende dar a la divisa nacional un valor superior al que el mercado le reconoce, se producen las consecuencias previstas por ley de Gresham. Ocurre necesariamente lo que suele denominarse escasez de divisas, porque al precio oficial, arbitrariamente fijado, la demanda de dólares excede a su oferta.
En consecuencia, el tipo de cambio oficial vigente al día viernes 13 de noviembre de 9,59 pesos por dólar, 2% por debajo del tipo de cambio real de 2001, no es un punto de equilibrio, ni siquiera en el corto plazo. En el otro extremo, las reservas internacionales del Banco Central descendieron desde 52.654 millones de dólares en 2011, cifra récord de la administración kirchnerista, a la suma de 26.326 millones al presente, una reducción de 50%.
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Ahora, si las reservas actuales se comparan con la base monetaria o dinero de alto poder, de 543.201 millones de pesos al 30 de octubre (según informe semanal del BCRA), se obtiene un índice de cobertura que establece un tipo de cambio de 20,63 pesos por dólar. Sin ánimo de ser exhaustivo ni de hurgar sobre la legitimidad de los activos que se registran en el balance de la autoridad monetaria, se debe señalar que se encuentran considerados US$11.800 millones en swaps (yuanes, de China), importaciones impagas con atrasos de deuda comercial, estimados en US$8.000 millones, y pagos no autorizados de dividendos al exterior durante los últimos cuatro años; lo que agrega problemas al Banco Central y su índice de cobertura.
Entre ambos márgenes, aparece el dólar blue, paralelo, negro, marginal o ilegal, el cual no es más que la respuesta a los controles oficiales, y cuyas denominaciones, no exentas de calificativos peyorativos, simplemente dan cuenta de la necesidad de operar en términos de mercado libre más un plus –asociado a la prima de riesgo−, por realizar transacciones informales. A la fecha, cotiza a 15,27 pesos por cada dólar.
Los hechos dan cuenta de que una parte importante de los US$1.200 millones para ahorro, vendidos a los particulares, desde octubre (a 9,59 pesos más 20%, 11,508 pesos por unidad de dólar), inmediatamente se vuelven a convertir a pesos, al colocarse a la punta compradora del mercado informal, a 14,9 pesos por unidad, jugarreta que otorga un rendimiento de 29,47% disponibles en el mismo acto en que se transan.
Una maniobra muy onerosa para el Gobierno si se trata de perseguir el objetivo de contener la paridad marginal por debajo del índice de cobertura antes mencionado. Al mismo tiempo, no se puede prescindir de eventuales efectos penales de sobre la venta de 12 millones de contratos de futuros, a 1000 dólares cada uno, presumiblemente con el mismo fin.
Por otra parte, el dólar contado con liquidación, que cotiza a 14,46 pesos por dólar, es una operación para poder conseguir dólares en el exterior de manera legal, si se cuenta con pesos en argentina, y viceversa. Se compran acciones o títulos públicos en el mercado argentino que tengan cotización en el exterior. Luego, el título comprado, nominado en pesos, se vende en el exterior y el comprador deposita dólares en una cuenta fuera del país.
Al mismo tiempo, también sirve para que entren dólares. Cuando hay más personas que quieren salir de las que quieren entrar, el precio del dólar contado con liquidación, naturalmente sube, pero si las entradas exceden a las salidas el precio de la divisa baja. En este caso, por tratarse de operaciones entre particulares, no se influye sobre las reservas del Banco Central, pero se observan, a pesar de los costos de intermediación, márgenes más ajustados.
Finalmente, lo que queda por develar al Gobierno, tras rebajar a través de la inflación el poder adquisitivo de los pesos con relación con el dólar, y los bienes y servicios en general, es la decisión de abstenerse y de no interferir en los cambios exteriores, con el fin de terminar con la escasez de dólares. Así, todo aquel que quisiera comprar divisas hallaría las que deseara bajo una única condición: el precio que determine el mercado.
Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Licenciado en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.