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Gran golpe contra Uber y la iniciativa privada en Colombia

Por: Contribuyente - Nov 17, 2015, 11:47 am

EnglishPor Andrés Londoño Botero

Los medios de comunicación colombianos han filtrado detalles sobre la reglamentación del servicio de transporte de lujo. Las minutas conocidas son poco alentadoras ya que van en contravía de los usuarios y benefician a los actores dominantes del mercado.

Uber
Los monopolios de servicios de taxi que operan en Colombia han pujado por la eliminación de Uber y podrían estar cerca de conseguirlo. (El País)

En primer lugar, quienes quieran conducir un vehículo de transporte de lujo deben ser ex operadores registrados. Ellos deberán chatarrizar los carros viejos y transferir el cupo que tenían al mercado de lujo. Esto quiere decir que la cantidad de vehículos no va a variar.

En segundo lugar, sólo las empresas registradas podrán usar aplicaciones, esto implica que la plataforma de Uber no podrá seguir operando. Además, el decreto prohíbe que vehículos particulares presten servicio de transporte, ergo se sentencia la muerte de Uber X. Pero la parte más oscura del asunto es que los pocos operadores existentes tendrán la libertad de elegir la tarifa que les plazca. Esta medida legaliza lo equivalente a alterar el taxímetro.

Esto es un grave golpe a las iniciativas privadas que pretenden mejorar problemas de gran envergadura. Los reguladores se hacen los de la vista gorda ante los principales inconvenientes que aquejan al transporte en las grandes ciudades.

En primera instancia, el éxito de Uber es aumentar la oferta de vehículos, pues quien haya intentado tomar un taxi en Bogotá, durante la hora pico, se ha dado cuenta de que el número de vehículos es deficitario. El sistema de cupos ha fracasado por una simple ley de la economía: cuando el Estado pretende regular la cantidad y precios de los bienes, lo que realmente hace es generar escasez.
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El nuevo decreto legaliza el abuso de posición dominante de los monopolios. Como la cantidad de vehículos es constante, y menor que la demanda, la potestad de fijar precios inflará el costo del servicio, multiplicando los ingresos de los pocos prestadores, en especial las arcas de Uldarico Peña y de los demás grandes propietarios de taxis de Bogotá. Los trayectos de $200mil pesos al aeropuerto van a ser más comunes de lo que usted se imagina. Distinto sería si la entrada de competidores al mercado fuera libre.

Como la cantidad de taxis es insuficiente, la disposición a pagar por una carrera es mayor. Se puede esperar una gran migración de taxistas a esta nueva modalidad de servicio, y por ende una menor cantidad de vehículos que ofrezcan trayectos a menor costo. Los principales perdedores son aquellos con menos recursos.

Es hora de que el Estado deje de creer que lo puede controlar todo. Por más capacitaciones que los burócratas les exijan a los conductores, la mejor regulación es la que ejercen los usuarios. Al bajarse de un vehículo tras usar el servicio de Uber, el usuario debe calificar el servicio, tal como lo exige la aplicación. Los malos conductores son expulsados del sistema. Este decreto le quitará el poder a los usuarios de participar en la creación de lo que quieren consumir.

Para una ciudad como Bogotá, donde el transporte público es deficiente y las calles están rotas, es una mala noticia que se formalice el abuso contra los usuarios. Este decreto da pie a la muerte de la economía colaborativa en el país. Seguramente no se demorarán en prohibir servicios como los de Netflix, Youtube y WhatsApp.

Andrés Londoño Botero es economista de la Universidad de los Andes (Bogotá), y está completando su maestría en Políticas Públicas en el Hertie School of Governance de Berlín, Alemania. Sígalo en @andreslondonob.