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Por José Marulanda
Las Fuerzas Militares colombianas gozan de una merecida reputación después de medio siglo de guerra irregular y de haber derrotado estructuras terroristas financiadas por el narcotráfico. Al interior del país, la última encuesta Gallup ubica a las Fuerzas Militares con un 76% de aprobación en la opinión pública, promedio que mantienen desde hace 15 años, a pesar del permanente esfuerzo de la izquierda por desacreditarlas.
El general en retiro Jorge Mora, “representante” del estamento militar en la negociación tutelada por los hermanos Castro, ha repetido categóricamente que las FF.AA. no están en discusión, pero un documento titulado Diez propuestas mínimas para la Participación política de las FARC, dado a conocer los primeros días de noviembre, en su “numeral 1, Reestructuración Democrática del Estado y Reforma Política”, dice que se requiere “la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional” y coincidencialmente, el Comandante del Ejército anunció una reestructuración de la fuerza, lo que para los perspicaces, forma parte de los acuerdos secretos con el grupo terrorista.
Nuevas jefaturas en el Estado Mayor; más divisiones, más batallones de Inteligencia y de desminado, batallones divisionarios contra el narcotráfico y una Fuerza de Despliegue Internacional con cinco espacios en el Peacekeeping Operations Headquarter de la ONU, forman parte de un ambicioso plan en tres etapas con un horizonte al 2030. El mismo documento en el numeral 2 aclara que “se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de ‘seguridad nacional’ en las Fuerzas Militares”. Y, también coincidencialmente, el mando militar anunció una reformulación de la doctrina militar colombiana, sin mayores explicaciones.
Bien por exigencia de las FARC, bien por un requerimiento exógeno, o porque es una necesidad sentida, la transformación de las fuerzas militares de Colombia, deberá lidiar con varios retos serios:
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1. El asunto presupuestario. El Gobierno ha recortado en 93% los gastos de funcionamiento del presupuesto para la vigencia del 2015. Con la monumental erogación que se prevé para el llamado posconflicto, está en duda que haya dinero para tan ambiciosa reestructuración castrense. De hecho, el presupuesto de Inversión de las fuerzas militares ha descendido a los niveles de 2006-2007 y el anunciado incremento del 6% para los militares, del cual la mayoría está destinado a gastos de funcionamiento, está en riesgo.
2. El perfil de la «Nueva Amenaza». Los militares están lidiando con el narcotráfico y la minería ilegal, nuevos-viejos actores fuertemente enraizados en las comunidades locales. Las llamadas Bandas Criminales (Bacrim) de las cuales forman parte los principales frentes de las FARC en las fronteras con Venezuela y Ecuador, son un asunto de Crimen Organizado, un asunto policial. Sin embargo, un reciente bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana a la Bacrim de «los Urabeños«, planteó la necesidad de reajustar el combate contra estas amenazas a la seguridad nacional, al tenor de los parámetros internacionales. Será muy complicado lidiar con una amenaza criminal trasnacional que mezcla todas las formas de lucha, especialmente la corrupción, que se vale de un desbarajustado aparato de justicia y que sabe de la desprotección legal de los militares.
3. La revisión de la doctrina militar, buscando una mas “plural” y anunciada por el comandante del Ejército a principios de noviembre, trajo a la memoria las palabras de unos de los negociadores de las FARC en octubre: “(…) Estamos exigiendo que se cambie la doctrina militar que tienen en la cabeza, por una doctrina más bolivariana”. Preocupa a amplios sectores de la opinión pública, cualquier ideologización a la que puedan ser sometidas las fuerzas militares colombianas, que las convertiría en inconstitucionales guardias pretorianas de élites políticas absolutistas como en Cuba y las llevarían al deshonor y al descrédito, como en Venezuela. Además, la posible desmilitarización de las zonas de concentracion de los terroristas y una viciada observacion de los agentes de la Unasur, plantearia un serio problema de legitmidad que las Fuerzas Armadas no pueden evadir.
4. Los riesgos externos están latentes y obligarán a calcular muy bien el empeño de tropas y recursos en misiones internacionales, mientras el Gobierno de Maduro negocia 24 aviones de ataque ligero Hongdu L-15 Falcon y repotencia sus Sukhoi rusos; el presidente Ortega gestiona con Rusia la adquisición de medios aeronavales y el Parlamento nicaragüense acaba de autorizar operaciones de una fuerza multinacional de Rusia, Cuba, Venezuela y otros países en el Caribe. Una alianza bélica entre Venezuela, Nicaragua y Cuba, acicateada por Rusia, apoyada en silencio por China y envalentonada por la dubitativa posición colombiana sobre los 70.000 kms. de mar cercenados y entregados a Nicaragua es una eventualidad, ni irreal, ni lejana.
5. Finalmente, las Reservas Activas son un nuevo actor que ha tomado fuerza como analista, opinador y referente. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, reúne a 17 organizaciones de militares y policías retirados; y, como nunca antes, ha venido criticando decisiones gubernamentales que consideran inconvenientes o inoportunas para la seguridad del país. Los retirados, más allá de Acore, que fácilmente son unos 200 mil hombres y mujeres, están surgiendo con fuerza política y podrían convertirse en un elemento clave a la hora de reestructurar la institución a la que pertenecieron y a la que todavía profesan admiración y respeto.
La recientes variaciones al servicio militar obligatorio que se discuten en el Congreso también forman parte de la transformación militar de las fuerzas militares de Colombia, que muchos analistas consideran un resultado directo de las negociaciones con los terroristas de las FARC, aunque el general Mora insista en negarlo enfáticamente.
José Marulanda es columnista, abogado, coronel de la Reserva Activa del Ejercito de Colombia y asesor de Seguridad.
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