Hace unos días, la presidenta Michelle Bachelet decidió seguir avanzando con las reformas prometidas en su campaña presidencial. Copiando las iniciativas de algunos países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela y Ecuador, la mandataria comenzó el proceso para crear una nueva constitución para Chile, dando a conocer los miembros del Consejo de observadores del proceso constituyente.
Muchas son las razones que se escuchan en las calles e incluso en boca de políticos sobre por qué es necesario redactar una nueva constitución: como que es ilegítima, pues fue hecha en dictadura; que no representa, que no recoge los problemas actuales de los chilenos, que no incluye derechos sociales; y un largo etcétera.
Quisiera destacar un error gravísimo que se ha cometido. Un problema que tuerce toda discusión sobre la constitución. El problema está en no entender que el único rol y objetivo que tiene una constitución es limitar el poder de quienes nos gobiernan. ¿Cuál es entonces el límite para nuestros políticos? ¿Hasta dónde pueden decidir cómo vivimos nuestras vidas?
Como nuestros gobernantes pueden decretar y decidir una serie de cosas que luego son impuestas a través de la fuerza (coacción), una constitución es una carta que les raya la cancha a quienes escogemos para ejercer el poder. ¿Con qué propósito? Resguardar nuestras libertades, como la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, derecho a poseer lo que es mío, derecho a escoger mi proyecto de vida, entre otros.
El objetivo primordial de una constitución no es garantizar derechos sociales ni regular la conducta de las personas en una sociedad. Su único objetivo es controlar a quienes gobiernan, evitando que nos pasen por encima.
Uno de los primeros ejemplos de una constitución escrita fue la creada en la Asamblea Nacional Constituyente en Francia en 1789, como una manera de limitar la forma en que se había ejercido el poder político durante la monarquía absolutista fundada en el derecho divino. Era tal el poder de los monarcas, que Luis XVI dijo: “El Estado soy yo”.
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Hoy en día muchos creen que con una nueva constitución todos los problemas sociales van a terminar; que habrá menos corrupción, más oportunidades y más progreso. Pero la verdad es que la corrupción se acabará cuando los políticos tengan menos poder, volviéndose poco rentable para los grandes empresarios comprarlos. Las oportunidades aumentarán cuando se eliminen las regulaciones, y el progreso aumentará cuando vuelva a ser rentable innovar —reduciendo impuestos es una buena opción—.
Lo que hace falta no es una nueva carta magna para Chile, sino (como bien dice el título de este artículo), una constitución para los chilenos. Cada uno de nosotros necesita una constitución que nos limite.
Que nos limite a pedirle todo al Estado —que es el resto de la población—. Una que nos prohíba exigir soluciones cuando nuestros planes fracasen o cuando la suerte no haya estado de nuestro lado. Una que nos auto exija hacernos cargo de los problemas que atormenten nuestra sociedad.
Una carta magna que nos prohíba obligar al resto a hacerse cargo de nuestros problemas. Una que nos prohíba pedir regulaciones que, al final de cuentas, terminan favoreciendo a unos pocos solamente.