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)Hace unos días atrás, la senadora Lily Pérez (Partido Amplitud), y el senador Alfonso Urresti (Partido Socialista), pidieron apurar la aprobación del “Acuerdo de Vida en Pareja” (APV) en Chile, el cual le permite a parejas homosexuales obtener la unión civil, apelando a la no discriminación.
El matrimonio civil fue creado en 1884 para permitirle contraer matrimonio a todos aquellos que no profesaban la religión católica. Estamos hablando de tiempos en que la Iglesia Católica tenía una gran influencia en el comportamiento de las personas.
Si bien, esto significó un gran avance para reducir el control de la Iglesia, después de tantos años, ¿no será tiempo de dar el siguiente paso? Ya habiéndole quitado una parte importante de poder a la iglesia, ¿no creen que ahora es momento de quitarle a los políticos su capacidad de decidir sobre cómo nos comprometemos? ¿No sería mejor la implementación de instrumentos más flexibles que se adapten a las necesidades de cada pareja?
A pesar de que se pueda creer que la aprobación del APV es un progreso, en realidad es un espejismo más que un avance. Hoy en día, cuando un hombre y una mujer desean unirse en matrimonio, para que este sea válido, debe hacerse ante el Registro Civil, mediante un contrato (matrimonial) ya establecido con cláusulas y condiciones de divorcio.
Además, este contrato no sólo es firmado por quienes contraen matrimonio y sus respectivos testigos de confianza, sino que además, por un juez que el Registro Civil (Estado) establece como representante. Y en el caso de APV, también será el Estado quien haría de intermediario.
La cuestión aquí es simple, ¿quién debe decidir las condiciones de un matrimonio? ¿Quién debe determinar cómo una pareja debe vivir su amor?
¿Quién debe decidir el rol que cumplirá el marido y la esposa en ese matrimonio? ¿Acaso no son todas las parejas distintas? ¿Acaso cada pareja no se habla, acaricia, mira, cuida y hace el amor de forma distinta?
Cuántos escritores, novelistas y filósofos han tratado de definir lo que es el amor, llegando a una gran variedad de respuestas diversas. Pero aún así, ¿dejamos que el Estado nos defina a todos cómo debemos comprometernos con nuestra pareja?
No hay que olvidar que el matrimonio —como toda institución—, no es algo constante a lo largo de la historia. En la antigua Roma, por ejemplo, el hombre se casaba siempre y cuando deseara que sus hijos recibieran su herencia. El amor no era una justificación en aquel entonces.
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En la Edad Media, los matrimonios entre nobles se utilizaban como tratados y alianzas entre reinos. Sólo a comienzos del siglo XIX el matrimonio comenzó a parecerse a lo que tenemos hoy en día. Con el pasar de los años, las circunstancias van cambiando; y con las instituciones, no es diferente.
En las últimas décadas, la cantidad de hombres y mujeres que se han declarado homosexuales ha aumentado. Pero además, la razones y el momento para unirse también ha cambiado.
La gente hace 30 años se casaba al salir de la universidad o incluso antes. Hoy en día, este se puede postergar hasta después de haber logrado un éxito profesional. Hace 30 años atrás, el tener hijos era un objetivo indiscutible en el matrimonio. Ahora, la cantidad de hijos por parejas ha disminuido, y en muchos casos se decide no tenerlos. Y los cambios seguirán viniendo con el pasar de los años, por lo que el matrimonio civil está obsoleto.
El matrimonio, un contrato para unir a personas de distintos tipos, necesidades y con distintos objetivos, debería ser establecido por las mismas que lo firmarán. Esto le permitiría a una pareja casarse con las reglas de la Iglesia Católica, Judía o Budista; o si lo prefieren, establecer otras completamente distintas. Esto también permitiría la unión entre más de dos personas. La posibilidades son infinitas, y algunas nos pueden parecer extrañas o incluso extremas.
Pero es aquí donde la pregunta se repite: ¿Quién debe definir el matrimonio? ¿Los políticos, o las personas que deciden contraerlo?
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